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La mencionada información sobre las pérdidas eléctricas proporcionada al presidente –y a la ciudadanía– fue errónea, o incompleta, debido a que la ANDE hizo y sigue haciendo la valoración económica de las mismas en base al costo de generación de la electricidad que vende. Esto es pretender convencer al despensero del barrio a quien se le robó un envase de dulce de leche o de yogur, que solo perdió el equivalente al costo de la leche utilizada para su producción.
Sabemos que la mayoría de los productos comerciales tienen costos de producción, de transporte al centro de consumo, de distribución y comercialización ocasionados por las infraestructuras y servicios requeridos para hacer que dicho producto llegue al consumidor final.
Del mismo modo, el kilowatt-h que roba un vecino cualquiera o que se disipa en forma de calor por el cableado o en el transformador debe atravesar y ocupar capacidad en varias redes, equipos e infraestructuras eléctricas que requieren abundantes recursos monetarios, que paga el usuario a través de la factura mensual. Desde el torrentoso Paraná hasta convertirse en energía eléctrica puesto en los cables de los barrios listos para su consumo significaron millones de dólares de inversión y servicios profesionales, que agregaron valor al agua del río Paraná.
En la mayoría de los países con su sector eléctrico institucionalizado y ordenado, los agentes participantes están obligados a actuar en las actividades de generación, transporte, distribución y comercialización con separación contable, jurídica y funcional, lo cual permite conocer mejor los costos reales y evitar los subsidios cruzados en aras de propiciar una vigorosa competencia para beneficio del usuario final.
En el Paraguay de hoy, todos estos agentes del área eléctrica actúan monopólicamente bajo la misma marca o empresa, camuflándose aquellas unidades ineficientes y deficitarias. Aunque parezcan una sola empresa, son unidades de negocios diferentes.
El agente comercializador, para satisfacer los requerimientos de los usuarios finales, compra la energía al agente productor o generador, luego utiliza la red de transporte pagando un peaje al agente dueño de dicha infraestructura. Finalmente, por usar la red de distribución también paga un peaje determinado para poner el kilowatt-h frente a la casa del cliente. Cabe aclarar que actualmente los clientes de la estatal tenemos todos estos costos descritos consolidados en el monto final que pagamos mensualmente en nuestras facturas. Que la ANDE no los discrimine detalladamente no significa que no están incluidos, sencillamente significa que debido a la ausencia de una ley eléctrica la ANDE no está obligada a informarnos y no hay posibilidades de quejarse institucionalmente porque la misma ANDE simula ser un regulador de sí mismo.
Analicemos las siguientes situaciones: si un vecino tramposo roba energía al colgarse fraudulentamente de la red eléctrica, el que debiera cargar con la pérdida de dinero es el distribuidor; si el vecino altera el medidor o la lectura del medidor fue errónea, quien debiera cargar con la pérdida de dinero es el comercializador. Debido a la falta de una ley eléctrica en nuestro país, el que siempre pierde dinero, con certeza absoluta, es el usuario final, a quien se obliga a cargar en su factura la totalidad de las ineficiencias de los mencionados agentes aglutinados en la estatal.
Actualmente, nada ni nadie obliga a la ANDE para hacerse cargo de una parte del costo de las pérdidas o que establezcan incentivos reales que pongan freno a las pérdidas eléctricas, dado que saben a quién tirarle el pesado fardo: el usuario final.
Disminución artificial del porcentaje de las pérdidas de energía en los informes de ANDE
Actualmente la ANDE, en sus Memoria y Balance, determina sus porcentajes de pérdidas eléctricas en distribución utilizando la Energía Neta Entregada al Mercado Nacional, que da una cifra menor que si considerase la Energía Entregada al sistema de distribución, tal como lo estipula el “Manual Latinoamericano y del Caribe para el Control de Pérdidas Eléctricas” de la OLADE (Organización Latinoamericana De Energía). Si ANDE calculase su porcentaje de pérdidas eléctricas en distribución de acuerdo al mencionado manual, el valor sería aproximadamente 1,3 % mayor al actual.
Por otro lado, la cuenta de Alumbrado Público llamativamente no está considerada como Energía Facturada y, para peor, se está abultando desmesuradamente desde el año 2013, con lo cual contribuye a disminuir el valor de las pérdidas eléctricas artificialmente. Asimismo, la cuenta de Consumo Propio tampoco está considerada como Energía Facturada y también se está inflando aceleradamente, aumentando 278% en forma abrupta desde el año 2011, el cual también es un factor de disminución artificial de las pérdidas eléctricas.
Así, teniendo en cuenta que la diferencia monetaria del Alumbrado Público que no sea facturada al usuario debe ser considerada como una pérdida eléctrica comercial, el recálculo para las pérdidas eléctricas en distribución muestra que para el año 2014 llegamos a un 22,4% en lugar del 19,2% actual, o sea 3,2% mayor respecto al valor indicado en la memoria anual de la ANDE.
Sin estos finos ajustes descritos de las cuentas del balance no se podría haber cumplido con algunas metas de pérdidas eléctricas del contrato de gestión por resultados entre las autoridades de la estatal y el Ejecutivo nacional, lo cual eventualmente podría ser una posible explicación que los responsables de la estatal deben aclararlo mejor a los órganos de control y a la ciudadanía.
Pérdidas permitidas o reconocidas
Las pérdidas técnicas reconocidas son aquellas que naturalmente ocurren y son inevitables por lo que las regulaciones eléctricas estipulan una cuantía esperable por los fenómenos físicos intrínsecos al transporte de energía eléctrica y permiten cargarse a la factura del cliente. La literatura técnica recomienda que el porcentaje de pérdidas deba ser inferior al 10% pero, de acuerdo con el manual de la Olade previamente citado, manifiesta que sea aún inferior, del orden de un 6% a un 8%. Las pérdidas no técnicas reconocidas (robos, defectos del medidor, errores en la toma de datos y facturación, etc.) están incluidos en el porcentaje mencionado.
Histórico de las valoraciones de las pérdidas eléctricas totales de la ANDE
Recalculando las perdidas eléctricas de la ANDE con los demás costos que convenientemente fueron obviados en el reporte presidencial, la valoración económica de las pérdidas eléctricas totales de la ANDE en el período 1993-2014 resulta en US$ 2.787.146.184, que incluye pérdidas en las redes de transmisión y distribución, tal como se aprecia en el cuadro 1. A este monto bruto debemos descontar las pérdidas reconocidas, quedando el monto neto final de las pérdidas eléctricas no reconocidas en US$ 1.526.904.942, representando un promedio anual de US$ 69.400.000 en estos 22 años considerados.
Las mayores pérdidas ocurrieron en la red de distribución, siendo el promedio anual de pérdidas de los últimos cinco años equivalentes a US$ 103.200.000. El cuadro 2 presenta algunos promedios de las valoraciones económicas de pérdidas eléctricas, que varían según el período considerado.
Impacto en la rentabilidad pasada
En un escenario donde la ANDE haya podido gestionar responsablemente la energía eléctrica que comercializaba, no hubiera atravesado los graves problemas financieros que sufrió en la década del 90. Desde 1997 hasta el 2002 tuvo rentabilidad negativa, con un promedio anual de -2.26%. Para salvar los números rojos de esa época –en lugar de exigir el cumplimiento de los planes de gestión a la ANDE– se optó por lo usual, cargar la ineficiencia a la billetera del usuario, un aumento promedio del 154% en su tarifa de electricidad durante 6 años.
En el cuadro 3 observamos que si ANDE hubiera implementado seriamente los mencionados planes de gestión empresarial, hubiera llegado cómodamente a sus metas de rentabilidad del 8% y le hubiera generado ingresos adicionales para renovación y expansión de sus redes en un promedio de US$ 100.000.000 anuales netos, considerando ya el famoso descuento por aporte gubernamental anual de US$ 20 millones y el subsidio que recibe anualmente de la Itaipú de aproximadamente US$ 35.000.000.
El presidente de la República y los parlamentarios deberían renovar sus compromisos con el desarrollo del país y con el cuidado de los derechos y el bolsillo del indefenso ciudadano común, impulsando, promoviendo y favoreciendo las leyes que desmonopolicen y liberen de sus cadenas a este estancado y crítico sector carcomido por la ineficiencia y corrupción.
Renovar
El presidente y los parlamentarios deberían renovar su compromiso con el desarrollo del país y con el cuidado de los derechos y el bolsillo del indefenso ciudadano.
Referencias: Memoria y Balance ANDE. Compilación estadística de ANDE. Manual Latinoamericano y del Caribe para el control de las pérdidas eléctricas (Olade).