Transparentarían costo financiero total

Uno de los principales reclamos radicados por la ciudadanía en las oficinas de la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco) se relaciona con el sector financiero, especialmente referente a la falta de información o datos poco claros, o incluso hasta inexistentes por parte de los proveedores, según fuentes de dicha entidad.

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La problemática actual de las operaciones a crédito se sustenta en que hay ofertas de préstamos en las que no informan sobre todos los ítems que se incluyen en la operación, o existen conceptos ocultos y en muchas ocasiones condicionados como ser comisiones, seguros, servicios, gastos administrativos, entre otros costos, que son ocultados al cliente.

Al respecto, la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), que aglomera a decenas de empresas públicas y privadas, con el propósito de lograr una mejor comprensión y alcance de los conceptos económicos y financieros, ha venido trabajando fuertemente en un proyecto de ley que permitirá transparentar el costo financiero de los préstamos que otorgan las entidades financieras supervisadas por el Banco Central del Paraguay (BCP) y también las no supervisadas.

Proyecto se trataría esta semana

ENIF trabajó en forma conjunta con Sedeco y con el BCP en materia de metodología de cálculo y alcances del instrumento. Así también, se han conformado varias mesas de trabajo interinstitucionales con representantes de varios gremios, entidades públicas y privadas y sociedad civil, en donde se ha presentado y debatido la importancia y urgencia de contar con este indicador para promover la transparencia y mayor educación financiera para todos los consumidores.

Actualmente, dicho proyecto se encuentra incluido como una de las propuestas que forman parte del proyecto de Ley “Que modifica la Ley N° 1334/98 de defensa del consumidor y el usuario y establece mayor claridad y trasparencia de la información sobre operaciones de crédito”, que se encuentra próximo a tratarse en el Senado. De acuerdo a los datos, el mismo se estaría abordando en el transcurso de esta semana.

En este sentido, señalan referentes de las instituciones involucradas en el estudio del mismo, que será Sedeco la responsable del control de su implementación y cada regulador dentro de su ámbito de la aplicación, la reglamentación y supervisión de la implementación y las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento del mismo. Por lo tanto, esto permitirá que todos los actores del mercado financiero y comercial, regulados y no regulados, se rijan por la misma normativa correspondiente.

¿Qué es el costo total financiero? 

El costo total financiero (CTF) es un indicador expresado en porcentaje, que representa cuánto debe pagar el consumidor en una operación a crédito, considerando la tasa de interés y los demás gastos que se suman a la operación. El CTF incluye la TAE (tasa anual equivalente), gastos, comisiones y otros.

Este objetivo destaca su importancia y contribución a la política de transparencia en la información, tanto para el mercado financiero como para los consumidores, quienes tendrán una herramienta que les permitirá comparar la información entre los diferentes proveedores de crédito.

Igualmente refieren sus propulsores que Paraguay es uno de los pocos países de la región que aún no cuentan con este instrumento, que pretende transparentar, en favor del consumidor, el costo total de lo que abona en el marco de una transacción crediticia.

De acuerdo a los datos remitidos por Sedeco entre los años 2014 a 2017, los reclamos vinculados con el sector financiero se han incrementado en 216%, según enfatiza la citada entidad receptora de los reclamos ciudadanos y agrega a la vez que del total de las denuncias recibidas en la institución, desde 2014 hasta agosto del corriente año, en un 12% corresponde a quejas vinculadas también con el sector financiero.

Transparencia para comprar un bien o servicio a crédito 

La existencia de un instrumento de transparencia y mejor información en el mercado, permitirá que los consumidores puedan realizar elecciones más racionales a la hora de comprar o adquirir un bien o servicio a crédito, tanto en bancos, financieras, cooperativas, casas de crédito y comercios en general, bajo las mismas condiciones en tiempo y tipo de producto o servicio.

En cuanto al alcance de la implementación de esta propuesta de normativa, se prevé que todos los proveedores de productos y/o servicios sujetos a una financiación deberán considerar el costo total financiero en sus operaciones a crédito.

Los proveedores que realizan transacciones con financiamientos para la adquisición de bienes o servicios, deberán incorporar también el costo total financiero en las publicaciones y publicidades realizadas en cualquier medio masivo o en la forma individual de comunicación.

Beneficios para el consumidor 

El principal beneficio que concederá al público esta propuesta se refiere a la transparencia en el acceso a la información, lo que le permitirá al consumidor adoptar decisiones más detalladas en el momento de contratar algún producto o servicio financiado.

También la consistencia y la posibilidad de comparar la información en el mercado, atendiendo a que con la incorporación de este indicador le permitirá a la ciudadanía realizar verificaciones certeras entre los diferentes proveedores de crédito.

Otro de los beneficios que concederá al público este nuevo instrumento se encuentra en la protección de sus legítimos derechos como consumidores, con toda la información referente al bien o servicio que está adquiriendo y las especificaciones especialmente vinculadas a todos los costos que integran la operación, asegurando así su derecho a la elección óptima.

Los propulsores de esta normativa insisten en que la principal ventaja radica en el sinceramiento de los cobros aplicados en la adquisición de un bien o servicio y también el de poder corregir la asimetría de información en el mercado.

Antecedentes 

La ENIF ha delimitado siete áreas temáticas (ahorro, crédito, seguros, pagos, educación financiera, protección al consumidor y población vulnerable) con metas claras para este año, para lo cual se han conformado grupos de trabajo con funciones y atribuciones específicas, que se encuentran integrados por representantes de entidades públicas, privadas, sociedad civil, agencias de cooperación internacional, empresas y otros. En concreto, cada grupo posee un indicador de desempeño asociado, y un “logro rápido” (que apoya a los indicadores de desempeño). En tal sentido el “logro rápido” del grupo de trabajo de protección al consumidor es “mejorar la regulación en la transparencia de las tasas de interés y comisiones a través de la divulgación del costo financiero total, inicialmente para créditos y para todos los prestamistas.

ENIF es impulsada por el Ministerio de Hacienda, el Banco Central, la Secretaría Técnica de Planificación (STP) y el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), implantándose en los ya citados siete grupos de trabajo, con 60 acciones que cumplir demandadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

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