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En relación al controvertido ordenamiento económico y financiero de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), acordado en el memorándum de entendimiento, celebrado subrepticiamente por los presidentes Horacio Cartes y Mauricio Macri en mayo de 2017, para la construcción de una central hidroeléctrica en Aña Cua –obra no prevista en el Anexo B– y que en septiembre de 20l7 se transformara en nota reversal, el ingeniero Gustavo Segovia, exasesor del Consejo de Administración de la EBY, señaló que “el punto 5, referido a la compensación en razón del territorio inundado prevista en el Numeral IV del Anexo C, confirmó que para el pago por compensación de territorio inundado, la distribución es 80% para el Paraguay y 20% para la Argentina, y que en la nota reversal se estableció que la misma se comenzará a pagar mensualmente a partir de 2018, y la deuda acumulada desde 1994 hasta 2015, estimada en unos US$ 940.579.282 para Paraguay, será pagada en 10 cuotas anuales iguales y consecutivas a partir de 2023” (textual) y, llamativamente, no hace referencia a intereses que normalmente debería devengar una deuda.
También señaló el ingeniero Segovia que “el trabajo de verificación de cálculo de territorios inundados se realizó en los primeros meses del año 2009, y pese a la interferencia y reticencia de algunos profesionales paraguayos de la EBY que se negaban a proveer datos fundamentales, el resultado indicaba que el territorio inundado en la margen paraguaya era aproximadamente 13,5% mayor que los 815 km² que se venían utilizando para adoptar el 80/20 de lo indicado por la fórmula establecida en el Anexo C”. Vale decir que, de acuerdo a este porcentaje, lo realmente adeudado a nuestro país sería US$ 1.067.557.485.
Los dueños de la cancha y la pelota
En relación al área de territorio paraguayo inundado, el ingeniero Segovia agregó que “desde amplios sectores cuestionan que se hayan aceptado dichos valores sin realizar nuevas mediciones en forma conjunta por técnicos de las altas partes, y que tampoco se tuvo en cuenta la sobreelevación entre 0,50 m y 1,00 m del embalse indicado en el tratado (que desde febrero de 2011 se mantenía en cota 83 m sobre el nivel del mar), inundando así un área mayor de nuestro territorio, lo que causa un mayor daño a obras y al medio ambiente”.
Vale decir que como resultado de esta “negociación”, la deuda acumulada desde 1994 se cancelaría en 2033, siempre y cuando “otro mandatario” (con la complicidad de nuestras autoridades) incumpla lo acordado y borre con el codo lo “acordado”, con el agravante de que, si sumamos el “patriotismo” de algunos profesionales “nativos”, la violación del Anexo B del tratado, la renuncia a nuestros reclamos y la pérdida de soberanía en la binacional será un hecho.
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