Senado tiene la obligación de aprobar ley de seguridad eléctrica

Los recientes incendios en los mercados de Asunción y San Lorenzo, afortunadamente sin víctimas que lamentar, son otras pruebas incontrovertibles de la grave indefensión en que se encuentra el pueblo paraguayo que, por extraño que parezca, sigue careciendo de una ley de seguridad en instalaciones eléctricas, moderna y eficiente, que le proteja de accidentes e incluso de frecuentes trabajos chapuceros en las instalaciones eléctricas.

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Apuntemos también, con mucho énfasis, que el hecho de que ese incendio no haya dejado a la sociedad paraguaya otro terrible saldo luctuoso fue una simple coincidencia de casos fortuitos. En efecto, el cortocircuito que lo provocó ocurrió en horas de la madrugada, cuando ese improvisado centro de compras se encontraba vacío de vendedores y compradores.

El costoso siniestro sanlorenzano no es el único hecho que apuntala nuestra justa exigencia de una ley de seguridad en las instalaciones eléctricas; las muertes de personas por electrocución que a diario leemos, escuchamos o vemos en las crónicas policiales de los medios de comunicación deberían ser suficientes, pero ciertos sectores insensibles, que priorizan su comodidad o el lucro personal o empresarial a la vida de nuestros conciudadanos, siguen retardando la sanción de esta indispensable legislación.

El proyecto de “ley de seguridad en instalaciones eléctricas”, que fue aprobado con una abrumadora mayoría en la Cámara de Diputados, prevé, por ejemplo, que las instalaciones eléctricas queden a cargo de profesionales competentes, debidamente registrados y autorizados y en concordancia con las rigurosas normas técnicas recientemente aprobadas por el INTN.

Además, el proyecto, inexplicablemente aún con media sanción, exige que las instalaciones sean fiscalizadas en todo el país antes de conectarlas al sistema de la ANDE.

Otro requisito de fundamental importancia que no debemos soslayar en esta suerte de inventario de beneficios del proyecto es la obligatoriedad de utilizar materiales eléctricos de calidad certificada.

La suma de estos requerimientos, y que la ciudadanía no tardará en comprobarlo, no solo el especialista, garantizará la seguridad de la población, así como también de su patrimonio.

Por consiguiente, la sanción, promulgación y puesta en vigencia de esta ley es vital para el país. Los protagonistas del sector eléctrico nacional -gremios de ingenieros y técnicos, industriales, comerciantes, profesionales y empresas independientes, profesores y estudiantes- deben exigir a los senadores la sanción de una buena vez de esta ley, y lo remita al Poder Ejecutivo para que la promulgue y ponga en vigencia sin pérdidas de tiempo.

(*) Director de Mundo de la Electricidad.

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