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–Hasta parece una frase mágica, la que una vez mencionada por los señores Miguel López Perito, Miguel Fulgencio Rodríguez y Enrique Cáceres Rojas los ciudadanos paraguayos podemos cruzarnos de brazos, ya que nuestros intereses estarían bien administrados y resguardados por la Entidad Binacional Yacyretá. Lamentablemente la realidad es otra, porque detrás de esas palabras mágicas se está montando una de las mayores estafas contra el patrimonio del Estado y pueblo paraguayo.
–La advertencia es sumamente grave y en Paraguay últimamente hasta parece que hemos desarrollado anticuerpos contra este tipo de advertencias. ¿Por qué esa declaración que, a primera vista, parece coherente y correcta, oculta una de las mayores estafas?
–Comencemos por el principio, el Estado paraguayo y el argentino se obligaron a cumplir el Tratado de Yacyretá y sus anexos luego del canje de instrumentos de Ratificación estipulado en el Tratado. Es conveniente mencionar que tanto el Tratado como el Anexo “C” están vigentes y que el Tratado en su Art. III dispone cuanto sigue:
“A los efectos previstos en el Artículo III, las Altas Partes Contratantes constituyen, en igualdad de derechos y obligaciones, una Entidad Binacional denominada Yacyretá, con capacidad jurídica, financiera y administrativa, y también responsabilidad técnica para estudiar, proyectar, dirigir y ejecutar las obras que tiene por objeto ponerlas en funcionamiento y explotarlas como una unidad desde el punto de vista técnico económico”.
-Aún cuesta entender o vislumbrar la relación entre el plan enunciado y la eventual estafa.
–Déjeme continuar. Altas Partes Contratantes son el Estado paraguayo y el Estado argentino, los poderes ejecutivos de ambos Estados están obligados a cumplir el Tratado y sus anexos y ni el Poder Ejecutivo paraguayo ni el argentino tienen atribuciones para modificar el Tratado, tampoco el Anexo C.
–Luego, detrás del “proyecto de marras” hay intención de los Ejecutivos de modificar el Tratado o el Anexo C.
-Quiero recordar que el Anexo C tiene una norma de aplicación específica y que se expresa en el punto IX – REVISIÓN: “Las disposiciones del presente Anexo serán revisadas a los 40 años a partir de la entrada en vigor del Tratado, teniendo en cuenta, entre otros conceptos, el grado de amortización de las deudas contraídas por Yacyretá para la construcción del aprovechamiento y la relación entre las potencias contratadas por las entidades de ambos países.
–Pretendo concretar. Las declaraciones de los señores López, Rodríguez, Cáceres, etc., ocultan la intención de modificar el Tratado al margen del Legislativo.
–De las publicaciones periodísticas se desprende que los señores López Perito y Cáceres Rojas tienen intenciones de reconocer asientos contables en los que se registran deudas ilegales de la Entidad Binacional Yacyretá. El 99% de la potencia instalada y/o la energía producida por ella fue contratada desde el inicio de las operaciones de las unidades generadoras por empresas señaladas por el Estado argentino. El 50% de la potencia instalada y/o de la energía por ella producida es patrimonio del pueblo paraguayo.
Recordemos que el daño patrimonial generado por un decreto, también ilegal, otorgado a Gramont Berres, es de US$ 85 millones y, comparando, el daño patrimonial que puede generar el reconocimiento de los asientos ilegales de la deuda en Yacyretá generarán actos lesivos a los intereses de esta por US$ 17 mil millones.
Considerando que el pueblo paraguayo es dueño del 50% de Yacyretá y que esa deuda será pagada con energía del pueblo paraguayo, significará un daño patrimonial al pueblo paraguayo de US$ 8.500.000.000. El daño patrimonial a perpetrarse sería cien veces superior al ocasionado por Gramont Berres.
Acuerdo. Luego del canje de los instrumentos de ratificación, el Estado paraguayo y el argentino se obligaron a cumplir el Tratado de Yacyretá.
Ambos. Altas Partes son el Estado paraguayo y el Estado argentino, los Ejecutivos de ambos Estados están obligados a cumplir el Tratado y...
Cumplir. ... Ni el Poder Ejecutivo paraguayo ni el Poder Ejecutivo argentino tienen atribuciones para modificar el Tratado, tampoco el Anexo C.
Entrevista de Ramón Casco Carreras