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En primera instancia la determinación de este riesgo consiste en la evaluación del marco legal y constitucional del país, con el propósito de determinar las fuentes de ingresos, su solvencia económica, la capacidad de contratación y los mecanismos de control e información para las emisiones en estudio. Una vez establecido el contexto donde opera el país, se analizan los aspectos financieros y cualquier otro elemento de juicio vinculado con el comportamiento previsible del deudor. La medición de dicho riesgo se realiza mediante la construcción de indicadores de tipo cualitativo y cuantitativo, los cuales involucran diferentes áreas socio-económicas de una nación. En el caso de los indicadores cuantitativos se utiliza la información disponible en las cuentas públicas, datos estadísticos de las principales variables macroeconómicas y el presupuesto nacional. En el caso de los indicadores cualitativos se utilizan informes realizados por las autoridades respecto a la gestión pública y la opinión de analistas sobre aspectos más subjetivos como las fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades que se observen en el país analizado.