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Esa exigencia se lee y se escucha en los medios nacionales de comunicación y se discute en todos los foros.
La grave denuncia que hizo recientemente el representante del Ministerio de Relaciones Exteriores ante el Consejo de Administración de la EBY, Diógenes Martínez, confirma este imperativo paraguayo del momento: la revisión exhaustiva de las cuentas de la EBY.
De acuerdo con las publicaciones, el director argentino, Arq. Óscar Thomas, no solo violó el Tratado y sus anexos al proceder unilateralmente en las gestiones atinentes a la formalización de un contrato, cuyo costo inicial rondaba los US$ 100 millones y que hoy pretende ampliarlo a más de US$ 200 millones. Para colmo de males, rindió cuentas de sus gastos solo parcialmente.
La acusación de Martínez, además de acertada es plausible, y confirma en forma irrefutable las denuncias que salpican a toda su administración: arbitrariedad, desprolijidad, irregularidad, nula transparencia del manejo de recursos de la EBY, etc. A pesar de que el Tratado establece que el Consejo de Administración del ente es su máxima autoridad y los directores están obligados a rendir sobre la utilización del dinero, cuyo uso autoriza el Consejo. Además, el administrador que se niega a rendir cuentas a los demás directivos y consejeros es porque no está en condiciones de justificar sus gastos.
En su defensa, Thomas esgrimía que en el ya extenso recorrido del proyecto, sus administraciones de turno violaron los anexos B y C del Tratado; pero, con un cinismo digno de la mejor causa, se olvidó de que también el anexo A es transgredido con inusual frecuencia, incluso por su administración, porque los casos de alteración de las decisiones del Consejo de Administración por parte de la “Dirección Ejecutiva” se volvió moneda corriente.
Insistimos e insistiremos: nuestro país –sus gobernantes de turno– antes de cualquier arreglo debe exigir el más cuidadoso análisis de las cuentas de la EBY.
Estamos seguros de que el Dr. Martínez se convertirá en un blanco móvil de las andanadas de reproches que le dispararán el director argentino y sus compatriotas consejeros, sencillamente porque no admiten cuestionamiento alguno a su ya prolongada hegemonía en la administración de la EBY. La experiencia permite anticipar su conducta: pedirán la “cabeza” de Martínez, incluso blandiendo la amenaza de que dejarán de enviar dinero al Paraguay y que suspenderán reuniones del Consejo.
Entonces, el representante de la Cancillería debe contar con el respaldo del presidente Horacio Cartes, de la prensa y de todo el pueblo paraguayo que anhela que Yacyretá por fin se convierta en una empresa viable, en pilar de desarrollo nacional, transparente y eficiente en su administración.
El episodio denunciado, así como el pronosticado desde esta columna, nos obliga también a reiterar que la solución definitiva alcanzará el país cuando termine la hegemonía administrativa argentina en la EBY, porque la administración paritaria de este complejo binacional, desde la perspectiva de la más estricta justicia, resulta ya impostergable.
El “carnaval” en Yacyretá debe terminar. El presidente Horacio Cartes y los consejeros paraguayos no deben ser cómplices ni encubridores de los atentados que cotidianamente se perpetran en Yacyretá contra los intereses nacionales y de la propia binacional.
El Gobierno, como primera medida, debe ordenar una inmediata y profunda investigación de la denuncia del Dr. Diógenes Martínez con el fin de aclararla convincentemente y, si hubo corrupción, someter al culpable a la justicia.
Exigir
Insistimos: nuestro país –sus gobernantes de turno– antes de cualquier arreglo debe exigir el más cuidadoso análisis de las cuentas de la EBY.
(*) Exconsejero de la Entidad Binacional Yacyretá