Por una mayor renta energética en Itaipú

Documento elaborado para el concurso interno de Itaipú, Eureka, versión 2018.

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En todo proceso de construcción de una central hidroeléctrica existen tres etapas: 1. Construcción, en la que los gastos son maximizados tratando de cumplir los plazos de las obras civiles. 2. Montaje electro-mecánico; aquí los gastos son más moderados, notándose una baja significativa en la velocidad de las inversiones. Por último está la 3.- Etapa de operación y mantenimiento en la cual estamos desde 1984, llegándose al 2007 a la producción plena con 20 máquinas. Esta propuesta tiende a minimizar costos y maximizar los ingresos.

La utilidad de un negocio es también conocida en el mundo económico como “renta”. Ella deriva de una operación sencilla de suma y resta aritmética. Proviene de la venta de un bien o servicio al cual se le extrae el costo incurrido en dicha producción. Aunque sabemos que el Tratado de Itaipú, desde 1973 no admite la renta en la acepción y sentido tradicional de la economía, también sabemos que no puede “perder”. El objetivo de esta ponencia consiste en sugerir acciones concretas que tiendan a minimizar los costos de producción y maximizar la “renta” energética que finalmente iría a nutrir la hacienda de los Estados partes.

Esta idea trata de disminuir los costos operativos, especialmente en la estructura administrativa de los componentes del costo de la energía. Véase muy bien que, en ningún momento se habla de disminuir los intereses de la deuda, la cual tomamos por inamovible para facilitar los cálculos de este trabajo y respetar la cronología del pago hasta el 2023. Sin embargo, si disminuimos los costos suntuarios y derivamos estos ingresos adicionales a la hacienda de los Estados partes, no habrá modificación de la agenda binacional, ni se infringirá ningún acuerdo previo.

La finalidad consiste, en resumen, en minimizar los costos operativos y re-direccionar las diferencias hacia la hacienda de los Estados partes, según los siguientes detalles: 

1. Disminuir el directorio ejecutivo a 6 miembros; tres por cada margen. El directorio estaría conformado por: un director general paraguayo, un director técnico y un director administrativo y financiero. De la misma manera, el Consejo de Administración a tres miembros por margen.

2. La Dirección Jurídica debe pasar a ser una Asesoría Jurídica. La Dirección de Coordinación y la Dirección Técnica deben estar fusionadas bajo el nombre de Dirección Técnica. Las direcciones administrativas y financieras deben fusionarse, pasando a denominarse: Dirección Administrativa y Financiera.

3. El factor de producción trabajo debe disminuirse: de 1850 empleados en la Margen Derecha a 1.200. Asimismo, de 1.450 empleados brasileños, reducirlos a 1.000. Esto, automáticamente reducirá los costos sociales derivados de los beneficios laborales y el sistema de salud.

4. Los llamados “gastos sociales” se derivará directamente a la administración central, es decir, conformará el Presupuesto de Gastos de la Nación, PGN. La Itaipú es una central hidroeléctrica; por más poderosa que sea y adornada de récord tras récord, ella no puede adjudicarse funciones que corresponden a los ministerios y sus políticas del Estado, llámese salud, educación, infraestructura, etc.

5. Los directores y consejeros, ¡en ningún caso! debería ganar más que los presidentes de la República de los Estados partes.

6. Disminuir considerablemente la flota de vehículos. Actualmente existen más de 300 automotores a combustión interna (petróleo) en la MD, que debe reducirse considerablemente a favor de los vehículos eléctricos.

7. En el 2022 se cancelarán las cuentas del servicio de la deuda. Nada impide que se inicien los trabajos focalizando un ahorro considerable que redundará en una tarifa mínima, lo cual se transferirá al consumidor final. Los gastos sociales, hoy incurridos bajo el concepto de “responsabilidad social y ambiental” no corresponden ejecutarlos a una institución hidroenergética, sino a la estructura formal del Estado conformada por los tres poderes. El gobierno central, por lógica política y administrativa es el mejor ejecutor de los gastos de un Estado. Si existe corrupción en el gobierno central, también lo habrá en las binacionales, de manera que la corrupción no es excusa para no transferir a la hacienda pública.

El Tratado de IB no es vitalicio, como lo reza claramente en el Art. III, parágrafo 2°: “El Estatuto y los demás anexos podrán ser modificados de común acuerdo por los dos gobiernos”. Esa posibilidad se da con las notas reversales (NR), como ya se hizo en varias oportunidades. Una NR de Itaipú es un instrumento jurídico que traduce la voluntad de las “Altas Partes”, es decir, los gobiernos del Paraguay y el Brasil, en lo concerniente al Tratado. Estas notas están firmadas por los ministros de relaciones exteriores de ambos países y tienen el peso equivalente a un artículo del propio Tratado.

Cuando la tarifa de la energía baje de US$ 44 a US$ 15 el MWh, luego de cancelar la deuda en el año 2022. ¿Qué podrá ocurrir? Sencillo, la ANDE y la Eletrobrás adquirirán energía más barata de la binacional. La ANDE ya no requerirá del subsidio tarifario para calzar sus pérdidas. También deberá contratar energía garantizada al precio real. La mendicidad ya no será su modo de administrar una empresa con 30 % de pérdidas.

El costo de implementación sería apenas de la iniciación administrativa; a partir de su instalación solo se espera aumentar la “renta energética” de los Estados partes. No olvidemos que, por Tratado y por la nueva visión y misión de IB, no puede haber renta en el sentido tradicional.

Alineamiento estratégico dentro de la IB: Cumple los siguientes objetivos estratégicos: OE3: “Sostenibilidad empresarial”. Desarrollamos el proceso de gestión de la Entidad con eficiencia y eficacia, cumpliendo los preceptos de la sostenibilidad empresarial, asegurando la adecuada gestión de los recursos renovables, a fin de maximizar la vida útil de la Central Hidroeléctrica, manteniendo los índices de productividad.

OE4: “Desarrollo sostenible en las áreas de interés, considerando las particularidades de cada país”.

Garantizamos que las acciones directas de la ITAIPÚ en ambos países estén alineadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), orientados a la mejora de la calidad de vida y un desarrollo social y económico justo, respetando el medio ambiente.

OE5: “Perfeccionar las prácticas de gestión y gobernanza empresarial”.

OE6: “Perfeccionar la eficiencia en los procesos de producción de energía manteniendo actualizada la infraestructura tecnológica”.

La innovación de este proyecto está en que, luego de 45 años, la Itaipú reduciría considerablemente sus costos operativos actuales. Podríamos hablar en un 30% de reducción estimada. El tiempo de implementación es indefinido, hasta una mejor idea.

Viabilidad económica: El costo/beneficio mejorará considerablemente los ingresos para los Estados partes y, viendo que el ahorro será re-destinado a la población en general, solo podemos esperar beneficios.

El costo actual de la unidad energética es de 44 US$/Mwh. Esto podrá bajar considerablemente, tal vez a guarismos menores a 15 US$/Mwh, a partir del 2023. En la mayoría de los complejos hidro-energéticos del Brasil se ha cumplido esta premisa, siendo que existen usinas manejadas con alta tecnología, pero con pocos gastos de mano de obra. La automatización lleva a eso. Es la tendencia mundial de la tecnología. 

Riesgos u oposición al cambio: Inicialmente habrá una alta resistencia al cambio; pero estas vendrán solo de adentro. De afuera, considerando que la IB es una especie de burbuja social y salarial, no habrá resistencia alguna.

Mi idea fue desclasificada con este argumento: “Consideramos que la idea no es viable, teniendo en cuenta que las modificaciones relacionadas al Tratado no se realizan en el ámbito de la Itaipú, corresponde a los Gobiernos, es decir la Itaipú no tiene gobernabilidad sobre el tema”. Me di por satisfecho, pues estas modificaciones deben hacerse vía Notas Reversales, como la 001/2005, que introdujo en la misión y visión de IB, el concepto de la responsabilidad social, es decir los famosos “gastos sociales”.

(*) Exsuperintendente de Energías Renovables de IB; Vicepdte. de la Sociedad de Ingenieros Liberales del Paraguay (SILP).

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