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“El mundo no será destruido por aquellos que hacen el mal, sino por aquellos que lo ven y no hacen nada” (Albert Einstein).
Esta semana, haciendo lectura comprensiva del muy buen paper del compatriota Guillermo Cabral (1), titulado “Subsidios para los que más tienen, en nombre de los que menos tienen”, se me ocurrió vincularlo con el tema eléctrico/ANDE, camino a Itaipú 2023, en un contexto de falta de Políticas Públicas y actas fantá$ticas, EBY 2048 inclusive.
Como bien señala el compatriota mencionado: “Los datos revelan que en el 2016 una persona que vivía sola y que ganaba G. 3.642.515 estaba entre el 5% que más ganaba en el país. Si en un hogar de dos adultos y dos niños el ingreso total de sus miembros era de G. 14.570.060, ese hogar estaba en el 5% más alto del país. También puede verse que el siguiente 5% de la población ganaba entre 3.642.515 y 2.565.001 guaraníes. Es decir, con menos de dos salarios mínimos una persona ya ingresaba al top 10% más rico de la población. La desigualdad es tan grande en nuestro país, que dentro de ese top 10 se encontraban probablemente un taxista y un empresario como Horacio Cartes”.
Leemos también por la prensa escrita (2) cuanto sigue: “La DGEEC estima que en el Paraguay están en la pobreza total 1.679.810 personas (datos correspondientes al cierre del 2018), que representan 129.000 personas menos que en el 2017, según los datos oficiales que el organismo de referencia divulgó ayer por medio de la prensa. Esto significa que sobreviven con menos de 686.075 guaraníes al mes. En tanto, la pobreza extrema afecta a 335.165 ciudadanos, ya que no logran cubrir el costo de la canasta básica de alimentos y subsisten con menos de 239.969 guaraníes al mes”.
También “… según los últimos datos de pobreza monetaria y distribución de ingreso difundidos por la DGEEC, la incidencia de la pobreza extrema aumentó entre 2017 y 2018, de 4,4% a 4,8%, así como la brecha de la pobreza total, de 32% a 32,8%. Este último indicador significa que el ingreso promedio de los pobres no alcanza a cubrir el 32,8% del costo de la canasta básica de consumo” (13).
El economista Ricardo Rodríguez Silvero, se refirió a los porcentajes de pobreza en el país, diciendo que “unos 335 mil paraguayos se acuestan con hambre” (12). Pensar que solo dos años atrás nos decían (sin sonrojarse) que estábamos “nadando en dólares” (3), pero la realidad-país era muy diferente para los denominados pilas y/o comunes (4). “Según datos de departamento de Estadística y Archivo de la Dirección de Policía de Central, en el registro de invasores se tiene contabilizados a unos 141.000 ocupantes informales en todo el departamento. El censo del 2017 reveló que Central cuenta con 2.070.000 habitantes, por lo que la cantidad de personas que están asentadas irregularmente en propiedades públicas o privadas representa el 6,8% de la población ... Son más de 30.000 familias en 312 asentamientos informales y el promedio es de 4,7 integrantes por familia, según información recopilada por la Policía Nacional. Hay ocupaciones en 16 de los 19 municipios del departamento Central y las únicas localidades donde no se registran asentamientos informales son Fernando de la Mora, Nueva Italia y Villeta”.
Resumiendo, la conclusión es muy clara, somos un pueblo con bajos ingresos per cápita, aunque viviendo en un país inmensamente rico (leñazoico), quizás fruto de nuestra paupérrima educación pasada y presente, ya que hoy contamos con más del 50% de analfabetos funcionales, muy bien representados en toda la sociedad, incluyendo a las autoridades. En el ambiente energético, los técnicos ya presagiábamos algo por varios indicadores conexos.
“En tiempo de crisis, la imaginación es más importante que la educación” (Albert Einstein).
Según la propia ANDE (5) al terminar el 2016, la estatal eléctrica llegó a los 1.512.725 clientes del servicio y, según la tasa tarifaria, el 87% de esta clientela corresponde al sector residencial, el 8,4% comercial y lo restante pertenece al uso gubernamental.
No mencionaba allí que unos 771.137 (51%) de sus clientes registrados están dentro de la categoría social (< 300 kWh mes); demostrando que cuasi toda la población paraguaya es literalmente pobre (cifra que se incrementa significativamente al sumársele las conexiones directas). No obstante “la reducción de la pobreza es prioridad del Gobierno” (Decreto PE Nº 291/2013), por lo que regularizar las conexiones precarias y directas en asentamientos debería ser siempre prioritario.
Al respecto podemos leer de la última Memoria ANDE 2017, publicada (Págs. 75 y 76), que “en el marco de la Tarifa Social y dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 3480/2008, fueron subsidiados un total de 273.023 clientes en el 2017, cifra inferior en 7,5% al total de subsidiados en el 2016. Esta cantidad representa en términos monetarios 56.456 millones de guaraníes en el 2017, importe levemente inferior en 4,7% al total subsidiado en el año 2016”.
Primera conclusión: La cifra real subsidiada en 2017, según la ANDE, fue del orden de los US$ 10 millones (no 100 millones), apenas superior al 1% de la facturación anual de ANDE y, como mínimo, 10 veces menor al monto asumido por las pérdidas totales estimadas (25% del SIN PY), o sea puede ser ampliamente cubierto, incluso duplicado y/o triplicado en el corto plazo a cuenta de los dudosos gastos sociales binacionales (que totalizan mucho más de US$ 100 millones) y/o mayor eficiencia de la ANDE. Solo como ejemplo, podemos citar que el subsidio nacional/ANDE (menor a 300 kWh mes) en términos anuales de MWh 2017, equivale a menos del 2% de la energía paraguaya cedida en la EBY y/o a menos del 4% de las pérdidas totales estimadas y asumidas.
Por ello, veo con satisfacción que nuestras Autoridades se reúnan para analizar el tema social, quizás se dieron cuenta de que el problema no es solo de tarifas (que pueden ser las menores de la región o quizás del mundo) y, en reunión conjunta, las comisiones de Energía y Minería, presidida por el diputado Éver Noguera (ANR-Guairá) y la de Entes Binacionales, presidida por el diputado Fernando Oreggioni (PLRA-Itapúa), se reunieron con el presidente de la ANDE, Pedro Ferreira, y el ministro de Desarrollo Social, Mario Varela, con quienes se abordó el proyecto de ley “Que modifica varios artículos de la Ley N° 3480/08, que amplía la tarifa social de energía eléctrica”. (9 y 19). Escuchamos, como siempre ocurre, que la primera negación proviene del propio entorno, la ANDE. cuyos responsables esgrimen que es de cumplimiento IMPOSIBLE (24), seguramente como siempre lo fue también el cumplimiento a cabalidad de los tratados binacionales vigentes de su responsabilidad, ante la ausencia de un ente superior jerárquico (un soldado no juega a ser general, Sun Tzu 500 a.C.).
El problema, según lo explicado precedentemente, son los bajos ingresos per cápita y/o por hogar. Se entiende que el 60% de los compatriotas ganan menos de un salario mínimo y, por ende, pagar los servicios básicos (agua, luz, teléfono, entre otros) de un hogar familiar tipo, representan mensualmente una importante carga económica sobre sus ingresos, por ello quizás el consumo eléctrico no se dispara a las pretendidas tasas del 8,9% aa, según el escenario optimista asumido por ANDE en su propio Plan Maestro, aprobado (decreto PE 7741/2017), a pesar de que algunas de sus autoridades nos repiten periódicamente que “aumentó la clase media y el consumo energético nacional, porque ahora se venden más electrodomésticos”.(8). Ergo: “Lo que no se mide, no se Controla”.
Por ende como se puede deducir, el sector Residencial (urbano y rural), prácticamente cuasi el 90% de todos los hogares deberían estar subsidiados, no tiene sentido país diferenciarlo entre “Vulnerable y Muy Vulnerable” (21) si la gran mayoría de los hogares ya son vulnerables de hecho y tratar de limitarlo con mayores tarifas, sino todo lo contrario, deberíamos comenzar a fomentar el consumo de la energía (mayor bienestar) que disponemos hoy (EE), en reemplazo de la que no disponemos y por ende debemos importar (exportando dólares). Se puede demostrar fácilmente que una familia tipo (5 personas), con un mínimo de comodidades, consumiría en promedio más de 600 kWh mes ± 20%, según la estacionalidad (o sea el doble de la máxima categoría social actual). Hasta la Senavitat lo sabía, por eso prometía tarifa social ajustada (22) en el barrio San Francisco, no así para las MYPYMES/Oleros nacionales de Tobatí (22).
Como sociedad (upgrade sapiens), deberíamos tratar de buscar las condiciones mínimas para generar más oportunidades. El gran desafío es que “el capital humano” o bono social termine educándose y haciendo algo productivo para el país. Sabemos por la DGEEC 2018 que la mitad de la población tiene menos de 26 años y donde el 58% no estudia (19). En el 2014 había un millón de desempleados, la mayoría mujeres y las cifras parece no han cambiado a la fecha (22).
Las pymes nacionales
Pregunto entonces, ¿nos conformaremos como país, solo con mayores subsidios sociales per saecula saeculorum o intentamos hacer algo más con nuestra energía eléctrica de una buena vez, ya que parece que nuestras autoridades (pasadas y presentes) no lo pueden o quieren hacer. Porque no pensar en darles mayor valor agregado (desarrollo y oportunidad), por ejemplo en algún incentivo extra a las pymes nacionales (como ocurre en el resto de la región y del mundo), donde el beneficio no sea solo poseer un hermoso carnet plastificado otorgado por el MIC. La propia página web del MIC (http://mipymes.mic.gov.py/), completa pero desactualizada, nos muestra su estructura organizacional ineficiente, sus RR.HH., sus leyes, entre otros, vs. número de inscriptos (menor a 1.000), parecería mirando desde afuera, que hay más cachiques que indios y 0 (cero) rendición de cuentas.
Llama la atención que el MIC establece tres categorías para las pymes, según el número de funcionarios inscriptos en el IPS y su facturación anual, cuando hay muchos otros indicadores útiles, por ejemplo “energía consumida Vs. número empleados”, para tratar de diferenciar aquellas pymes de empleo intensivo y/o energía intensiva. Hago esa distinción porque en el 2017, mientras los industriales nacionales (empleo intensivo) pagaron un promedio de 306 G/kWh, ambas (mini) electrointensivas (extranjeras), pagaron un promedio 60% menor, de solo 195 G/kWh (Decreto PE 7551/2017 (electrointensivas), cuasi al costo medio ANDE (¿qué pasó de la rentabilidad exigida por Ley 966/64?).
En el 2017, los clientes industriales de la ANDE eran ligeramente superior a 1.500 usuarios, pero las minielectrointensivas no llegan a completar los dedos de una mano (¿con las tarifas más bajas de la región?); entonces, evidentemente algo falla en la Política Energética pasada y actual y/o en sus autoridades ineptas.
Estas no saben o no quieren darse cuenta de que los clientes industriales nacionales, (mayoritariamente mypymes) solo representan poco más del 7% del consumo-ANDE 2017 (menos del 10% de su facturación), pero las pymes son el motor de la economía nacional (18), ya que representan el 93% de las unidades productivas del país, captando más del 61% de la mano de obra nacional y su aporte a los bienes o ingresos del país es del 9%, según registros del Viceministerio de Mipymes y según el exministro Sosa (Guillermo): “de cada 10 paraguayos, solamente dos cuentan con seguridad social” (14). Entonces parecería que las pymes podrían ser una buena opción para nuestros jóvenes NiNi [(ni estudian, ni trabajan).
Entonces, racionalmente hablando no se entiende por qué en el pliego ANDE no figura la palabra PYMES (existente), aunque si hace mención a la categoría industrial (cuasi inexistente), solo como ejemplo podemos citar que en el Pliego 21 (vigente), la categoría 410 (Baja Tensión) está limitada a 30 kW de potencia contratada y paga una tarifa monómica única de 406 G/kWh, pero si pertenecen a este grupo de consumo los clientes que se encuentren inscriptos en el Registro Industrial del MIC, presentando su certificado emitido por el mencionado ministerio y haciendo referencia que el establecimiento industrial en cuestión puede pasar a la categoría 343 (BT) promocional, de modo a pagar una tarifa monómica única de solo 404,97 G/kWh …”Brillante”, heí Arturo.
O sea las MYPYMES pueden beneficiarse con una rebaja promocional de solo 1 G/kWh (0,25% por Black Friday), nadie se dio cuenta de este bluf (blef), ni el MIC, ni la UIP, ni la Senavitat y quizás ni la propia ANDE. Vemos la paja en el ojo ajeno, y no vemos la viga en el nuestro”, por ello se le vacunó al país con el decreto PE 6094/17 (Pliego 21 – ANDE)
En Media Tensión sucede casi lo mismo, en el expliego Tarifario 20 existía una categoría 373, con una tarifa monómica única de 209 G/kWh y limitada a una potencia contratada máxima de 150 KW, pero con el actual Pliego 21, la tarifa monómica única subió a 308,37 G/kWh (+47,5%), pero se les rebajó (65%) la potencia contratada a solo 52,8 KW. Ello obliga a casi todas las mypymes a migrar a otras categorías superiores con potencia contratada y, por ende, pagar mayores tarifas monómicas resultantes (mayor a 400 G/kWh), o sea tendrán un aumento solapado de, por lo menos, un 30%, quizás por ello se estableció un límite de caducidad – Abril 2019 - para la migración forzada. Seguramente, esta es la industrialización-país con la energía eléctrica abundante, renovable y barata, que vieron los proponentes de la Política Energética Paraguay 2040 (decreto PE 6092/16), por ello resulta más barato seguir usando leña en algunos procesos.
Segunda conclusión: Evidentemente estos simples ejemplos muestran que directa y/o indirectamente nuestras propias autoridades (pasadas y presentes) coartaron el consumo nacional mediante mayores tarifas, infraestructura insuficiente en tiempo y forma, entre otras, golpeándole no solo al sector residencial mayoritario, sino también al pequeño e incipiente sector productivo-país (secundario y/o terciario), quizás para ceder más energía eléctrica en las binacionales, manteniendo el statu quo actual (país productor primario).
La cesión de energía a nuestros vecinos nos da como beneficio-país solo unos 8,7 US$/MWh (EBY) cuando pagan (históricamente siempre mantuvieron una deuda flotante superior a 100 millones de US$), de Itaipú hay unas monedas más, en tiempo y forma: En concreto no más de unos 60 G/kWh cedido, que nuestros vecinos condóminos sí aprovechan, para agregarle valor y desarrollo.
Entonces una alternativa adicional válida en el corto plazo, si no hay nuevas ideas, como decía CADEP 2014 “Un exportador de energía con poca luz” sería retrotraer todas las categorías mencionadas (PYMES) al Pliego 20-ANDE, anterior, tanto en Baja Tensión como en Media Tensión.
Conclusión. ¿Por qué no incentivar o usar cada kWh en territorio nacional para que genere mayor valor agregado y empleo, en lugar de cederlo en las binacionales para beneficio de nuestros vecinos por solo 60 G/kWh? o la respuesta es como siempre escuchamos “el sistema no lo permite”, ¿tan difícil es romper estos paradigmas mentales para nuestras autoridades pasadas y/o presentes? La rueda ya fue inventada, pongo solo un ejemplo, pero hay tantas como ideas se tenga, ya que la ANDE atiende mucho la demanda (picos, obras, etc), pero se ocupa poco de la oferta (costos, factor de carga, etc). Propongo, además de lo social citado precedentemente, cualquiera sea la franja y la tasa de descuento, sin copiar, ni repetir lo ya actuado por nuestros legisladores, adicionar algún incentivo extra para las MYPYMES nacionales.
Por ejemplo, se puede bajar la tarifa nocturna-valle (00:00 hasta 08:00) en por lo menos 50%, de modo a mejorar el Factor de Carga y/o Capacidad (Indicador de Eficiencia de la Infraestructura = Pmed/Pmáx), dicho factor siempre fue bajo (60%) y marcadamente residencial, mejorarlo implica mejorar costos medios-ANDE (aún desconocemos costo medio Itaipú- ANDE 2018, ¿será que falta actualización tecnológica?). Esta medida sería de fácil implementación con los nuevos medidores digitales inteligentes multitarifas, más una pizca de voluntad, aunque sabemos que el primer no vendrá del propio entorno (ANDE). Todas estas medidas serían de gran impacto económico-país, a modelo y semejanza de lo ya realizado en Ecuador, Uruguay entre tanto otros países (16 y 17).
La ANDE ha comprado medidores digitales (hardware) con bajos costos, pero quienes hemos tenido Notebook, PCs, Smartphone, etc, sabemos que el hardware es inútil sin el software y conectividad correspondiente, entonces la ANDE posee millones de datos (medidores), pero muy escasa información (sistema), al contrario, por ejemplo, de las telefónicas, cuyo hardware (teléfonos) superan con creces hoy el número de habitantes, por ende el problema del servicio nunca su camino crítico debería pasar por los medidores (elemental). En este caso, podríamos decir que en las privadas primero estuvo el sistema integrado, luego el hardware correspondiente, en la estatal pretenden hacerlo al revés, primero las acciones, luego vemos que pasa. Por eso se dice “¿para qué sirven medidores digitales inteligentes en manos de personas que no lo son?”. Lo mismo parece sucederá con Itaipú 2023, primero las acciones (por ejemplo, más LTs 500 KV-2000 MVA, c/u por más de US$ 100 millones), luego veremos qué pasa (quizás enchufarlas).
Esta ausencia de Políticas de Estado nos llevó a desperdiciar, por ejemplo, solo en Itaipú durante los 35 años de operación comercial el equivalente a un 20% del PIB nacional, que en manos de un líder patriótico hubiese permitido duplicar, como mínimo, los presupuestos actuales de Educación y Salud, tal como bien lo demuestra objetivamente en su tesis de post PHD Miguel Carter (10 y 11), pero para ello quizás hay que tener una pizca de patriotismo.
No tengo miedo de un ejército de leones dirigidos por una oveja; tengo miedo de un ejército de ovejas dirigidos por un león (Alejandro Magno 330 a.C.)
(*) Ingeniero electricista y electrónico por la UNC, Argentina (1984). MADE (2000) UA, Paraguay y magíster en Economía de la Energía (2010). Gesel – UFRJ- República Federativa del Brasil. axelbenitezayala@gmail.com – marzo 2019 – auto homenaje por 35 años de egresado.
Referencias
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