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El gobierno que culmina malgastó el último “colchón” de tiempo del que disponía el sector energético para trabajar calmadamente y evitar crisis futuras, lastimosamente sucumbió en banalidades y nada se hizo. El novel gobierno ya no puede errar, caso contrario “el fantasma que hoy se observa en el horizonte ya lo tendremos a la vuelta de la esquina”.
Causas principales de los problemas
En nuestra primera entrega mencionamos sobre “el estado actual” del sector energético y principalmente los motivos por los cuales así estamos. En esta entrega pretendemos profundizarlos. Nuevamente insistimos en que los problemas principales del sector eléctrico resultan de, por lo menos, las siguientes causas:
a) La carencia de una política energética temporal, razón por la cual los grandes problemas no son, ni explicitadas, y mucho menos discutidas seriamente.
b) La omisión de los gobiernos de turno respecto a propuestas sobre política energética. Para ser más objetivo, si existieron algunas, pero fueron ambiguas, parciales o incompletas.
c) La inexistencia de un amplio debate sobre temas atinentes a: la propiedad de las empresas del sector eléctrico, la apertura de sus rígidas estructura, el rol de la (s) empresa pública y el manejo eficiente de las binacionales.
d) Posturas contradictorias del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo que, por algunos voceros, enfatizan sobre la necesidad de tarifas sociales. Por ejemplo, imponen criterios políticos a la tarifa de la ANDE, que se reflejan en valores insuficientes para atender sus necesidades operacionales y mucho menos disponer de recursos para futuras inversiones.
La primera y segunda afirmación de arriba se debe a que el país carece de un Plan Energético Nacional que exponga, de forma sistemática y explícita, la política energética del Estado paraguayo. Además, y haciendo un paréntesis, este plan es importante, ya que su existencia debe transmitir confianza, credibilidad y coherencia a los potenciales inversores que decidan asumir riesgos en el sector.
El plan deberá establecer las líneas básicas de la política energética paraguaya para lapsos diferentes. Por ejemplo, veinte, diez y cinco años, como mínimo. Ello involucrará una visión estratégica de largo y mediano plazo, que vaya más allá, en caso que ocurra la alternancia democrática de los partidos políticos en el Gobierno y, además, permitirá acciones correctivas que eviten la crisis del sector.
Elaborado, discutido y consolidado este documento, las decisiones empresariales privadas y públicas contarán, por primera vez, con una referencia concreta dentro de la cual deberán enmarcar su actuación.
Empresas públicas del sector energético
Referente a la primera parte del punto “c” de arriba; en nuestro país las principales empresas públicas relacionadas con el sector energético son la ANDE y Petropar. La primera mantiene su sistema de gestión basado en el monopolio total de todas las áreas relacionadas con la energía eléctrica, es decir monopoliza la generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía.
Por su parte, Petropar es una empresa del rubro combustible y su gestión es más abierta, es decir hay una importante participación del sector privado en su gestión, especialmente en la comercialización de combustible y rubros afines.
Tomando como base al concepto que se tiene en nuestro país sobre estas dos empresas, podemos afirmar que existe una clara tendencia en considerar a las empresas públicas menos idóneas que la privadas. No decimos que estamos de acuerdo con esta afirmación, pero para opinar con propiedad sobre el asunto es importante conocer algunos aspectos comunes de ambas empresas.
Sobre este tema, primero, ambas tienen muy limitadas sus atribuciones y responsabilidades; segundo, ambas están regidas por reglamentos que no pueden ser cambiados a voluntad ni siquiera para buscar la gestión óptima; tercero, ambas no pueden ajustar sus tarifas a valores de mercados. No hacen falta más constataciones para adherirnos al concepto generalizado de que en el Paraguay las empresas públicas son menos eficientes que las privadas.
La adhesión se fortalece si se considera que, además, ambas empresas públicas están sujetas a cambios imprevistos o premeditados de política, lo cual se traduce en cambios en la administración, que son implementados sin analizar la capacidad de los administradores y en cuyos extremos se priorizan el amiguismo, compadrismo o reminiscencias de pasados alegres como requisito para asumir su gestión.
Ya en forma generalizada, sin temor a una equivocación, se puede afirmar que los problemas se acentúan en las administraciones públicas, hecho que se debe, por lo menos, a las siguientes condiciones; falta de políticas gubernamentales claras, restricciones legales, influencia de políticos, humor del Presidente, etc., que de hecho se traducen en una falta de autonomía administrativa o libertad de acción o gestión.
También hay que tener en cuenta la distinción tajante que existe entre las dos administraciones – pública y privada– desde el punto de vista de los fines y objetivos. En cuanto al primero, tiene como propósito principal asegurar la continuidad del servicio al ciudadano; el segundo busca principalmente la obtención del lucro.
Por otro lado, también se debe puntualizar que en nuestro país existe una inquietud y total falta de confianza sobre el funcionamiento de las empresas públicas, a las que se acusan de graves anomalías, como inmoralidad, incapacidad e improductividad, con lo cual se constituyen en pesadas cargas para la economía nacional, cuando deberían ser factores indispensables para el desarrollo nacional y para superar la grave crisis que aqueja al sector energético actual y futuro.
En otras palabras, en nuestro país, además de una total impunidad, sospechosa, de los administradores públicos, existe una omisión total de los órganos de control y fiscalización del Estado sobre la gestión empresarial, lo cual se traduce en una total falta de confianza a las empresas pública.
¿Cuál es el remedio a los males mencionados? Por lo menos proponemos tres: primero, la formación de servidores públicos profesionales permanente con carrera en la función, que estos ocupen los puestos de más alta jerarquía y se les provea de una verdadera autonomía administrativa y se les proteja de las nefastas influencias exógenas, representadas por las influencias políticas o de políticos.
La segunda, la cobranza de la gestión gerencial, la cual debe, obligatoriamente, proporcionar resultados positivos a su fin, ser transparente y evitar pérdidas económicas sustanciales. Autoridades incapaces deben inmediatamente ser irradiadas de la gestión antes de que produzcan mayores perjuicios a las arcas del Estado y los contribuyentes del país.
La tercera, la participación del Estado en las actividades productivas debe limitarse a las áreas en las que la iniciativa privada no sea suficiente, o donde la actividad no sea rentable y, en consecuencia, la inversión privada se haya abstenido de participar. Sin ninguna duda, parte del sector energético debe ser responsabilidad del Estado.
Conclusión de esta segunda parte
Concluimos este resumen parcial de algunas de las causas del gran problema que se otea en el horizonte resaltando dos puntos. El primero, el país podrá estar inmerso en una grave crisis energética y debe prepararse para evitarlo, minimizarlo o, en el peor de los casos, enfrentarlo. Cuando más rápido tome conciencia de esta realidad, podrá ganar tiempo para las acciones a tomar. Lo que no puede hacer, es actuar como lo hizo este gobierno que se va, perder tiempo en banalidades y pensar que la crisis es del futuro.
Segundo, reafirmar la importancia de un Plan Energético Nacional, nuestro país sin esta “guía de ruta” no puede beneficiarse de todas las ventajas que su privilegiada ubicación en el contexto sudamericano –le permite, además, ratificar que es la hora de dejar de ser un país de improvisados y vivir de migajas– se necesita el cambio en el sector energético.
En la tercera entrega analizaremos más la ANDE y las binacionales, para concluir con las medidas sugeridas para minimizar la crisis que como horrible fantasma ya lo vemos a lo lejos.
(*) Exdirector de la Entidad Binacional Yacyretá