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Con la FCE UNA
El acuerdo con la Facultad de Ciencias Económicas (FCE UNA) abarcará dos temas principales. Por un lado, se realizará un estudio de tarifas y costos de las empresas públicas que permita a la alta gerencia conocer la realidad en busca de la optimización y racionalización del uso de los recursos. Se espera contribuir en la toma de decisiones estratégicas y operacionales de las mismas así como establecer el margen de comercialización mayorista y minorista requerido para la fijación de los precios finales con el propósito de garantizar los recursos financieros que permitan a las empresas gozar del equilibrio económico a fin de financiar sus inversiones prioritarias para la ciudadanía.
Por otro lado, la FCE UNA realizará una encuesta de satisfacción a los usuarios de los servicios prestados por las distintas empresas públicas con el objetivo de buscar una mejora en la calidad de aquellos. La medición de la satisfacción del usuario constituye una herramienta esencial para conocer la eficacia y la eficiencia de las políticas públicas y acciones encaradas por el Gobierno.
Con este convenio se establecen las bases para que el CNEP, a través de la DGEP, y las facultades mencionadas, desarrollen vínculos para encarar dichos programas y proyectos dirigidos al fortalecimiento institucional y a la transparencia en la gestión de las empresas públicas y sociedades anónimas con participación accionaria mayoritaria del Estado. Se aportarán resultados de investigación académica de interés común para con los usuarios de las empresas públicas así como intercambio de materiales técnicos y de información entre los recursos humanos, creando oportunidades para realizar estudios técnicos y capacitación del personal a fin de brindar mejor servicio a la ciudadanía. Se buscará, además, una mayor apertura de canales de comunicación entre las instituciones involucradas.
Con la FP UNA
El acuerdo con la Facultad Politécnica (FP UNA) tiene como fin analizar, desarrollar e implementar un “Sistema Informático de Monitoreo de Empresas Públicas (SIMEP)”, que estará a cargo de la Dirección General de Empresas Públicas (DGEP) que es el organismo técnico del CNEP. También se relevarán los requerimientos para la automatización y transferencia de datos de todas las empresas públicas y se establecerá un plan que socializará las bases tecnológicas para un futuro “Sistema Integrado de Empresas Públicas”, el cual es exigencia de la Ley 5058/2013 que crea el Consejo.
Deuda histórica
Reconocer el acervo de conocimientos científicos de la academia paraguaya y, en participar, de la UNA, pareciera ser una deuda histórica de Hacienda que podría considerarse saldada con este par de convenios.
“Estamos haciendo un reconocimiento tardío, tenemos que hacer un mea culpa como funcionarios públicos porque no hemos mirado como debíamos, no hemos mirado ni utilizado un acervo de conocimiento y capital humano gigantesco que tenemos en la academia paraguaya”, dijo el ministro de Hacienda, Santiago Peña, durante la firma del acuerdo. Cabe recordar que en la mayoría de los trabajos de esta envergadura, la cartera fiscal habitualmente contrata empresas consultoras extranjeras que facturan sumas millonarias al Estado utilizando registros estadísticos elaborados por nuestras reparticiones oficiales cuyos técnicos se formaron en universidades nacionales, específicamente, en la UNA.
“Estamos dando un reconocimiento sobre un recurso, un conocimiento que no estábamos utilizando y que a partir de ahora vamos a utilizar con mayor frecuencia”, aseguró el secretario de Estado.
El acuerdo fue refrendado por el ministro Peña, como presidente del Consejo de Empresas Públicas; el decano de la FCE UNA, Antonio Rodríguez Rojas y el decano de la FP UNA, Abel Bernal Castillo.
Encuesta
FCE realizará encuesta de satisfacción a los usuarios de los servicios prestados por las distintas empresas para buscar una mejora en la calidad de aquellos.
Recurso
“Estamos dando un reconocimiento sobre un recurso, un conocimiento que no estábamos utilizando y que a partir de ahora vamos a utilizar”
Esencial
Medir la satisfacción del usuario constituye una herramienta esencial para conocer la eficacia de las políticas públicas y acciones del Gobierno.