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Sin embargo, en el Tratado de Itaipú de 1973, por la energía paraguaya cedida anualmente en forma obligatoria, el equivalente a dos producciones anuales de Yacyretá, se estableció una simbólica compensación en vez del precio justo acordado en 1966 en el Acta Final de Foz de Yguazú. Un contrato leonino que promovía a favor del Brasil el aprovechamiento hidroeléctrico exclusivo del condómino río Paraná, con el beneplácito del régimen imperante de la época y de todos los otros gobiernos que después le sucedieron.
Con propósito parecido, a mediados del año 2012, a instancias del Gobierno brasileño comprometido con su similar venezolano y la complacencia interesada argentina, presumiendo un golpe institucional, decretaron la suspensión de Paraguay del Mercosur hasta la asunción de un nuevo gobierno. Sin embargo, no tuvieron reparos en consentir la salida inconstitucional de Venezuela provocada por la obligada ausencia del presidente Hugo Chávez.
Todo ello, con la finalidad del aprovechamiento exclusivo del mercado potencial que significaba para los productores brasileños y argentinos la inclusión del país caribeño en el organismo regional, hasta entonces resistido -por insuficiente credencial democrática- por el Senado paraguayo que destituyó al presidente Lugo.
Desde entonces la representación paraguaya, excluida del Mercosur y de la Unasur, es vetada en cualquier reunión internacional de países alineados con los bolivarianos, la mayoría de ellos, en colisión con la Carta Democrática Interamericana que afirma la democracia como un compromiso colectivo para fortalecer el sistema democrático de la región.
La clase política actual, ante la histórica y repetitiva pretensión vecinal de seguir sometiendo a sus arbitrios al Paraguay, continúa sin atinar un rumbo en las relaciones internacionales del Estado paraguayo. Inmersa en un discurso proselitista con sesgo populista, que por su vaguedad genera serias confusiones a la opinión pública nacional, se extravía en ambigüedades.
Conviene recordar que los padres de la patria -hace más de dos siglos- establecieron con diáfana claridad la conducta que debe regir las relaciones internacionales del Paraguay. Solo se necesita consultar la nota del 20 de julio de 1811 enviada por la Junta Superior Gubernativa a la Junta de Buenos Aires.
La célebre nota, que afirmaba categóricamente la decisión paraguaya de ser libre, soberana e independiente de cualquier poder extraño, en parte expresaba:
…“Este ha sido el modo como ella por sí misma, y a esfuerzos de su propia resolución, se ha constituido en libertad y en el pleno goce de sus derechos; pero se engañaría cualquiera que llegase a imaginar que su intención había sido entregarse al arbitrio ajeno, y hacer dependiente su suerte de otra voluntad. En tal caso, nada más habría adelantado ni reportado otro fruto de su sacrificio que el cambiar unas cadenas por otras y mudar de amo”… Y para que no quepan dudas remarcaba que: “La Provincia del Paraguay, Excelentísimo señor, reconoce sus derechos, no pretende perjudicar aun levemente los de ningún otro pueblo, y tampoco se niega a todo lo que es regular y justo”.
Los próceres de la independencia advertían en este mensaje, a los gobiernos paraguayos que le habrían de suceder, sobre los lineamientos básicos de la política exterior del Paraguay.
Entonces, debe quedar en claro que la simple conveniencia económica, que no esté en sintonía con lo “regular y lo justo”, no es suficiente razón para contratar acuerdos con el Paraguay.
Sin el aditamento de estos valores comprometidos con la soberanía nacional, proclamados por los próceres de mayo, una integración que solo privilegie la razón política- económica a la razón jurídica, no debe tener cabida en la política exterior del Paraguay de hoy y de siempre.
(*) Autor de los libros Itaipú, la apropiación indebida e Itaipú, una victoria bien brasileña.
juanantoniopozzo@gmail.com