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Estos recursos adicionales de aproximadamente US$ 240 millones (venía recibiendo unos US$ 120 millones) fueron obtenidos tras el acuerdo del 25 de julio de 2009 entre el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y de Paraguay, Fernando Lugo. En ese documento se reconocía el derecho de nuestro país de percibir un precio mayor por la energía, aumentando de US$ 3 MWh a US$ 9 MWh. Solo dos años después, el 29 de agosto de 2011, el gobierno de Dilma Rousseff autorizó y reglamentó el pago de los fondos adicionales a favor de Paraguay.
Meses después, en el país se planteaba el proyecto de Ley por el que se constituiría la Ley del Fonacide y el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación. Aunque la propuesta inicial sufrió algunos cambios, finalmente, el Congreso Nacional aprobó que el 28% de los recursos sean canalizados al Tesoro Nacional para programas y proyectos de infraestructura, el 30% al fondo para la excelencia de la educación e investigación. Además, 25% de los recursos a los gobiernos departamentales y municipales, el 7% para la capitalización de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) y el 10% para el Fondo Nacional para la Salud.
En este mismo sentido, la Ley N° 3984/2010, de Royalties y Compensaciones a los gobiernos departamentales y municipales, contemplaba que el Tesoro Nacional debía recibir el 50% de los recursos y los gobiernos departamentales, así como municipales el mismo porcentaje. Con la creación del Fonacide, se dio mayor apoyo a políticas de promoción de educación, salud y crédito público, de alto impacto económico y social, además a lo respaldado por el Tesoro Público y los gobiernos departamentales y municipales.
Conforme a la normativa vigente, la distribución y la transferencia de estos recursos adicionales están a cargo del Ministerio de Hacienda, que para el caso de las gobernaciones y municipalidades exige el cumplimiento de varias documentaciones para los depósitos en las respectivas cuentas de las administraciones subnacionales. Por su parte, la Contraloría General de la República es la institución encargada de la auditoría del buen uso de estos fondos.
A cinco años de la implementación de la Ley N° 4758/2012 que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación, se vuelve necesario analizar la evolución de su ejecución y la efectividad de las normativas surgidas para reducir inequidades en la distribución de los recursos.