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Este aparente logro de las organizaciones campesinas resultó ser pernicioso para el futuro del sector. Como ejemplo se recuerda que el proyecto de cooperación internacional conocido por las siglas de PGP-14, que buscaba el fortalecimiento del sector productivo campesino apoyado por el Gobierno japonés y diseñado luego de la condonación, establecía taxativamente que los agricultores condonados no podrían participar como beneficiarios de dicho proyecto. De esta forma, una buena parte de los agricultores que necesitaban de apoyo para tecnificar sus fincas, no pudieron acceder a los servicios ni insumos de este proyecto. Otros ejemplos ilustran el efecto directamente negativo en el corto y mediano plazo luego de la condonación, aunque el efecto instantáneo parece haber sido muy seductor para lar organizaciones campesinas.
Con estos antecedentes no resulta difícil comprender las intenciones de la dirigencia campesina, que en el pasado mes de abril y luego de varias semanas de protestas, una parte de los agricultores, que se dedican a la agricultura familiar, lograron acordar con el Gobierno una serie de medidas financieras tendientes a recuperar el estatus de prestatarios, que posibiliten la consecución de las actividades productivas rurales mediante el acceso al crédito. La refinanciación y restructuración de la deuda campesina alcanzaba a los créditos obtenidos para destinarlos a algún sistema productivo agrícola, e inclusive aquella que no estaba directamente vinculada a la producción, como las deudas con los comercios y compañías telefónicas. Aunque las organizaciones campesinas pedían la condonación total de las deudas, el Gobierno realizó la oferta de la restructuración y refinanciación, con plazos y condiciones muy ventajosas para los agricultores campesinos.
En un trabajo conjunto entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Crédito Agrícola de Habilitación y el Banco Nacional de Fomento, se procedió a analizar las condiciones de los 24.000 agricultores dedicados a la agricultura familiar que presentaban deudas con instituciones financieras, tanto públicas como privadas.
El Banco Nacional de Fomento analizó caso por caso los más de 24.000 deudores, entre los cuales se encontraban funcionarios públicos, personas que no se dedican a la agricultura y deudores no agrícolas. El Ministerio de Agricultura y Ganadería indicó que, en total, unos 20.500 productores estaban con deudas, con un monto global de 179.000 millones de guaraníes, esto es, 8,7 millones de guaraníes en promedio por cada productor. Del total de deudores, un poco más de la mitad son clientes del Banco Nacional de Fomento, alrededor de 11.000, y el resto, aproximadamente 9.700 agricultores, clientes de bancos y financieras privadas.
Los criterios del BNF fueron los siguientes: deuda de hasta 30 millones de guaraníes, que el pasivo sea por operaciones vigentes o vencidos a partir del 1 de enero de 2015 al 27 de abril de 2016, y poseer una calificación crediticia no mayor a 2, según la norma del Banco Central del Paraguay, es decir, con mora de hasta 90 días.