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Es así que no es pura coincidencia cualquier acción que trate de identificar los gastos sociales en Itaipú como una inversión en la gente.
La mayor transgresora de la ley
En efecto, la represa de mayor producción hidroeléctrica en el mundo –gobernada y administrada por el Brasil– es también la mayor entidad transgresora de la ley, de las normas y de las reglas. Todo ello, en función de los intereses de los gobernantes brasileños de turno a los que también, sin hesitar, los nuestros se esmeran en complacer. Al decir de un experto, es la representación ideal que abona sin desmayos “la política de la complacencia interesada”.
Los representantes nacionales de los más altos niveles de la conducción estratégica de la binacional, sean técnicos o políticos, se caracterizan por ignorar el contexto histórico que condujo a esta híbrida relación luso-guaraní. No saben nada. En todo caso, el que sabe se omite y los que saben poco improvisan.
Los contenidos de sus ocasionales declaraciones nos hacen pensar si son realmente improvisados, que por especiales circunstancias les toca defender los altos intereses nacionales.
O tal vez, consumados pícaros oportunistas que se aprovechan de la precaria educación del pueblo paraguayo.
Los discursos populistas
Hasta hoy día, se reconoce como hechos indiscutibles que:
- El emprendimiento fue una iniciativa proveniente del Gobierno nacional;
- Que el Paraguay solo aportó el agua y no el Salto del Guairá, su legítima propiedad;
- Que fue priorizada la seguridad nacional como moneda de cambio para la cesión gratuita de energía;
- Que, aunque inconstitucional, era permitido el control brasileño en los asuntos de seguridad de la margen paraguaya o que
- El Tratado de Itaipú “… es sumamente favorable al Paraguay y constituye un acto de comprensión entre los dos países que buscan un entendimiento amplio para el desarrollo de ambos” (RAMÍREZ, Luis María. Memorias, sesenta y seis años de vida internacional. 2006, Ed. Intercontinental, pág. 85).
Misión espuria
Estos pesados fardos, abonados por la demagogia del discurso oficial, confunden y obstaculizan los reclamos sobre las groseras asimetrías que hipotecan, hasta hoy, nuestra soberanía energética en Itaipú.
Lamentablemente no son rémoras del pasado. Se perpetúan sin solución de continuidad en el tiempo. Solo así se explica la misión espuria de Itaipú.
“Los gastos sociales de la Itaipú Binacional forman parte del presupuesto de responsabilidad social de la entidad” (ABC Color 23 de junio de 2016).
¿Responsabilidad social como componente de los costos del servicio de electricidad?
En realidad, es una versión más de “la caja china”. Un método distractivo para esconder la nula gestión paraguaya sobre la necesidad de la ANDE –en vez de la sospechada de corrupta Eletrobrás– de vender a un precio justo, en el mercado brasileño, su excedente energético. O la exigencia sobre la justa partición, mitad y mitad, de la energía adicional a la garantizada. O la exigencia para cancelar – como recomienda Jeffrey Sachs– la deuda con la Eletrobrás.
Los órganos de administración de Itaipú no pueden desconocer la nota VMRE/DT/L/Nº 126/2009 del Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay, en respuesta a la nota Nº 3366 de la Controlaría General de la República. El documento dice:
“Al respecto, cumplo en informar a Vuestra Excelencia que dicho instrumento internacional no fue remitido al Congreso Nacional para su tratamiento y aprobación parlamentaria, por lo tanto, no existen antecedentes sobre la realización de dicho procedimiento”.
La contundente respuesta se encarga de invalidar la supuesta nueva misión institucional de “generar energía eléctrica, con responsabilidad social y ambiental, impulsando el desarrollo económico, turístico y tecnológico, sustentable, en el Paraguay y en el Brasil” (Resolución Nº RCA-012/03 que aprueba en su Artículo Único el Plan Estratégico de la Itaipú Binacional correspondiente al periodo 2004-2008).
Nuevos tiempos
El apego a la ley no es impedimento para que las becas, las ambulancias para el pronto socorro, las viviendas para los damnificados, sean parte de los programas de asistencia social. Estas tareas son reconocidas como responsabilidades gubernamentales ineludibles solo que sin forzar, en nombre de la emergencia, el atajo legal.
Las últimas experiencias dramáticas que vive la región (Brasil, Argentina) para derrotar a la corrupción reclaman al unísono la necesidad de adecuación al marco legal. Entonces, es hasta lógico ver por la televisión a los corruptos en tropel, en la tarea de proteger sus amenazadas “caletas”. (En Colombia: lugares donde se enconde el dinero sucio).
No obstante, es inevitable la pregunta ¿Sigue siendo aceptable como estrategia, en una sociedad democrática, la demagogia por encima de la ley?
juanantoniopozzo@gmail.com