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Este emblemático momento de la historia moderna nos revela claramente cómo las personas reaccionamos ante la imposición injusta de tributos. ¿Es moralmente aceptable pagar impuestos injustos? En el 73 del siglo XVIII las colonias británicas en América del Norte no consideraban justo tener que pagar iguales o más impuestos que sus pares de la isla europea, sin tener la más mínima representatividad ante el Parlamento inglés, pero que, sin embargo, debían acatar las decisiones de la Corona y rendir los tributos en tiempo y forma. En otras palabras, los colonos protestaron para que (1) todo impuesto deba ser creado por una Ley emanada de un cuerpo legislativo representativo de los intereses del pueblo, y (2) exista correlación entre lo pagado al administrador y lo recibido por los administrados.
Transitar el camino axiológico sobre la moralidad o inmoralidad de impuestos “buenos” en coyunturas negativas, o impuestos “malos” en coyunturas positivas, nos conduce indefectiblemente a un estrado filosófico que deseamos evitar para que esta reflexión se mantenga breve, pero no obstante nos impulsa a formularnos otras preguntas: ¿Es jurídicamente correcto pagar impuestos justos en coyunturas injustas? O yendo más lejos aún: ¿Qué motiva a una persona a no pagar sus impuestos?
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó en los años 2013 y 2019 los resultados de un estudio científico sobre las causas que motivan a las personas a evadir impuestos y cuál es la percepción que tenemos los ciudadanos, especialmente en países en vías de desarrollo, sobre el pago de tributos y sobre nuestra visión de la carga deóntica-social inherente a los impuestos.
El estudio de la OCDE demostró que la satisfacción con la calidad de la democracia y de los servicios públicos, como también la confianza en el gobierno, se encuentran directamente ligados a una mayor moral fiscal de los individuos. La resistencia a una carga tributaria “injusta” –ya sea por elementos intrínsecos del impuesto (ej.: impuestos altamente regresivos) o por causas exógenas (ej.: corrupción estatal)– es intuitiva si no recibimos las contraprestaciones básicas del Estado.
La imposición justa de impuestos es considerada por algunos juristas (Christians, 2009) como un derecho humano fundamental, al igual que el derecho a la libertad, a la salud, a la educación, etcétera. ¿Y por qué tamaña asimilación? Simple: porque los impuestos son el precio de la libertad. Basta con observar la prensa y redes sociales para confirmar el amplio repertorio de atrocidades inéditas directamente causadas por la mala administración de nuestros impuestos.
Nuestra Constitución dice claramente que las personas seremos protegidas por el Estado en nuestra integridad física. ¿Y de qué nos sirve cerrar los ojos y resguardarnos en esta afirmación cristalizada en un papel llamado Constitución, si no hay ambulancias del Estado, quirófanos del Estado, medicamentos del Estado y médicos bien remunerados por el Estado? Mientras tanto, continuará la organización de polladas, conciertos y otros eventos benéficos por no contar con un sistema de seguridad social a la altura de nuestra dignidad humana.
En idéntico sentido, los impuestos son el precio de vivir en un ambiente saludable, a estar protegidos por un cuerpo de policía confiable y fiscales determinados, a gozar de salud de nivel (sin tener que recurrir a eventos gastronómicos privados para saldar cuentas hospitalarias) y a ser juzgados por jueces imparciales, honestos e íntegros.
Un individuo enfermo sin recursos o en situación de pobreza extrema no es un individuo libre, en la amplia acepción de la palabra. ¿Qué libertades goza uno realmente si al inicio de su vida no obtuvo salud y educación? El alcance de la libertad pierde profundidad, y nosotros perdemos humanidad. Entonces, si vivimos en un Paraguay en donde los derechos fundamentales son de papel – no solamente por existir únicamente en la Constitución de la República, sino por su endeble fragilidad–, donde vemos las criminales consecuencias de una administración abusivamente opaca, dispendiosa y corrupta (salvo honradas excepciones); ¿cómo se nos puede exigir el pago de mayor cantidad de impuestos? Ya los colonos americanos nos enseñaron a protestar cuando la obligación jurídico-tributaria no es dos vías, y se convierte en solamente una: de dar, pero sin recibir. Damos dinero pero no recibimos servicios públicos que satisfagan y protejan nuestros derechos fundamentales.
No se deje engañar: que las alícuotas o tasas impositivas se vean numéricamente disminuidas como el Proyecto de Ley de Reforma Tributaria propone, no es sinónimo de que el monto del impuesto a pagar efectivamente disminuya. El proyecto amplía la base tributaria de ciertos impuestos mediante la limitación de deducciones, eliminación de exoneraciones y la introducción de precios de transferencias, entre otras medidas recaudatorias. Por lo tanto, la reducción de las tasas representa, ciertamente, una verdad, pero que debe ser analizada de forma sistémica y no aislada. Debo aclarar que considero al proyecto intrínsecamente más equitativo y justo que el sistema actual, pero categóricamente no debería implementarse bajo la coyuntura social, económica y política actual. Esto podría devenir únicamente en mayor informalidad, evasión y desplome de la (quebradiza) moral tributaria de los ciudadanos.
La verdadera equidad y justicia tributaria residen en la disposición que el administrador hace con el dinero de los contribuyentes, es decir, de todos nosotros.
Mientras nuestros guaraníes se dispensen arbitrariamente sin una revolución en el control del expendio público y la abolición de la corrupción, no estaremos en condiciones de implementar reformas que representen más dinero para el Fisco. No queremos ver cajas de té flotando en la Bahía de Asunción.
Tributos
Los ciudadanos damos dinero pero no recibimos servicios públicos que satisfagan y protejan nuestros derechos fundamentales.
Control
Mientras el dinero se use en forma arbitraria, sin revolución en el control y la abolición de la corrupción, no se podrán implementar reformas.
Evasión
La aplicación del “impuestazo” podría devenir únicamente en mayor informalidad, evasión y desplome de la (quebradiza) moral tributaria de la gente.