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Si uno va a algunas de las principales ciudades argentinas y se entremezcla por unos días en la vida cotidiana de los pobladores locales, se puede ver que la vida continúa casi normalmente, la gente trabaja en su mayoría, la gente viaja, vacaciona en las playas del Atlántico y en otro sitios, va al cine y llena los teatros, en este último caso y por esta época, principalmente, los de la tercera edad, es decir, los jubilados, uno de los sectores más afectados por la situación económica y financiera del país.
Mirando, pareciera que la situación es normal, pero hablando las cosas empiezan a cambiar. La gente dice, por ejemplo, que los lácteos cuestan hoy tres veces más que a comienzos de año, que no hay proyecto comercial o de otro tipo que se pueda sacar adelante con tasas de interés bancaria del 60% y más, que las tarifas de los servicios son impagables (es que antes prácticamente se regalaban, alegan otros en defensa del actual proceso de “sinceramiento” de costos), que los empleos han perdido calidad y, sobre todo, la preocupación por el futuro ha aumentado, pues la población (ni los analistas) avizoran un fin para todo esto a corto e, inclusive, a mediano plazo. Y el gobierno lo admite, a medias, pero lo admite, y trata de lograr que el país pueda tener esperanzas, pueda creer, un objetivo bastante difícil dadas las circunstancias actuales.
Estudios recientes muestran lo que no se puede ver a simple vista. El jueves pasado, la administración de Mauricio Macri salió a anunciar lo que ya se presagiaba: subió el desempleo, situándose a finales del 2018 en 9,1%, lo que sobre una población económicamente activa de 12.978.501, equivale a casi 1.185.000 personas sin trabajo.
El registro de la inflación habla de que en febrero pasado los precios subieron en general un 3,8%, completando en el primer bimestre un índice del 6,8%. En lo que va de marzo, y según algunas mediciones publicadas en diarios como Clarín y La Nación, la “canasta de alimentos” lleva creciendo 3,62%, lo que indica que la tendencia sigue, tanto que pese a que el Banco Central argentino pronostica un 29% de inflación para todo el 2019 (en Paraguay no pasa del 4% anual), las consultoras ya elevaron la tasa esperada del 30% al 35%, mientras que el Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Di Tella midió recientemente la “expectativa de inflación” que tiene la población para 12 meses y encontró que subió 10 puntos porcentuales, ubicándose en un 40% (41,4% para el Gran Buenos Aires).
A partir de estos y otros indicadores, analistas y economistas usan títulos como “Cóctel de la incertidumbre”, “Dinero caliente” (por el comportamiento del dólar), “La pelea contra la inflación” y “Estabilizar para crecer”, entre otros, tratando de hallar las causas del desbarajuste económico.
¿Qué hace el gobierno ante esto? Los reportes hablan de medidas monetarias, apoyadas en los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que esta última semana autorizó al gobierno a inyectar (vender) este año al mercado un total de US$ 9.600 millones de un préstamo ya concedido (unos US$ 60 millones por mes, a partir de abril), con lo que espera una subida equilibrada de la divisa norteamericana y un menor crecimiento de los precios. Con los fondos del FMI, el Banco Central retira pesos de circulación, restringe el consumo y, consecuentemente, hay un menor desarrollo de la actividad económica y más desempleo. Todo por controlar la inflación, que se considera el principal mal. Para otros, es solo un síntoma. El peso se debilita cada vez más y socava el poder adquisitivo.
En contrapartida, como una luz de esperanza, la producción del agro se recupera, con buenas cosechas de maíz, trigo y soja, lo que augura más ingresos de dólares.
Todo esto en medio de un año político. Habrá elecciones presidenciales en octubre, las críticas suben de tono y la credibilidad en los planes oficiales es poca. Argentina se va a recuperar en algún momento, pero todo indica que hoy le faltan músculos, fuerza, y la fe en sí misma que necesita para ello.
jobenitez@abc.com.py