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“Las disposiciones del Anexo “C” serán revisadas, después de transcurrido un plazo de cincuenta años a partir de la entrada en vigor del Tratado, teniendo en cuenta, entre otros conceptos, el grado de amortización de las deudas contraídas por la Itaipú para la construcción del aprovechamiento y la relación entre las potencias contratadas por las entidades de ambos países”.
Entre las disposiciones a ser revisadas están las condiciones de abastecimiento, el costo del servicio de electricidad, los ingresos y el grado de amortización de las deudas contraídas para la construcción del aprovechamiento y su relación con las potencias contratadas por la Eletrobras y por la ANDE.
Según los datos disponibles, entre los años 2005 y 2015, el 91% de la producción energética fue aprovechada por Brasil y solo el 9 % por Paraguay. La proporción también refleja la distribución de potencia disponible para la contratación entre las empresas compradoras.
No obstante, los últimos datos provenientes de Itaipú dan cuenta de que la producción total, entre 1984 hasta el 30 de diciembre de 2016, suman 2.281.239.240 MWh. Para Brasil, 2.117.553.706 MWh (92,8%) y para Paraguay, 163.685.534 MWh (7,2%).
Durante la revisión es imperiosa la necesidad de actualizar el alcance de:
- La no utilización de “… parte de la potencia contratada o parte de la energía correspondiente a la misma …” (II.5, Anexo “C”);
- El “derecho de adquisición” de cada uno de los países sobre la energía no utilizada (Artículo XIII, Tratado).
Es preciso señalar que el Tratado de Itaipú, en el Artículo III, parágrafo 2º, admite modificaciones de los Anexos por los Gobiernos. También advierte, en el Artículo XXV, que el Tratado estará en vigencia “hasta que las Altas Partes Contratantes, mediante nuevo acuerdo adopten la decisión que estimen conveniente”.
El próximo escenario, coincidente con el año 2023, implica la necesidad de conformar de inmediato un equipo negociador que no repita la impropia conducta de los que negociaron en contra de su país el Tratado de Itaipú de 1973.
En los discursos oficiales, Itaipú, en el 2023, dejaría de pagar unos US$ 2.000 millones al cancelarse la deuda contraída por la construcción de la obra y su puesta en funcionamiento. Ante este presupuesto, se abren varios cursos de acción: 1) Congelar la tarifa, en perjuicio de los consumidores que deben seguir pagando una tarifa desmesurada para que las Partes puedan disponer del monto de la cuota. 2) Reducir la tarifa, en beneficio de los consumidores. 3) Incrementar el monto de los royaltíes, resarcimientos, etc.
En la idea del titular del Banco Central del Paraguay, Carlos Fernández, las opciones serían el “repago adelantado de deudas contraídas (por el Estado)” o bien la creación de un “Fondo soberano de contingencia” (ABC Color, 13 octubre 2016).
El director general paraguayo de la entidad binacional, James Spalding, fue más específico. Sugería que los “que bonos se paguen con la plata de Itaipú” (UH 24 marzo 2017). Se refería a los millonarios bonos soberanos que hipotecan el futuro del país.
La opinión pública no desconoce que la cuota anual para pagar la deuda está suficientemente honrada y que aumenta artificialmente en más del 60% el Costo Anual del Servicio de Electricidad.
La estafa, cargada a los consumidores para beneficiar a los gobiernos de turno, frena el desarrollo del país y el daño colateral también impacta severamente al consumidor brasileño que costea una tarifa cara. En verdad, una artera maniobra conspiraticia entre gobiernos para impedir “…el aprovechamiento hidroeléctrico de los recursos hidráulicos del río Paraná…”.
juanantoniopozzo@gmail.com