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En el Paraguay los programas de pensiones están conformados por cajas públicas y privadas como la Fiscal (empleados del sector público), la Municipal, la Bancaria, de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), la de Itaipú Binacional, la Parlamentaria y la Ferroviaria. Además, forma parte de este sistema el Instituto de Previsión Social (IPS), creado por el Gobierno, pero de funcionamiento autónomo.
Aparte, funcionan programas de pensiones privados integrados por la Caja Mutual de Cooperativistas, Médica y la Caja de Profesores de la Universidad Católica.
Se estima que de los US$ 16.000 millones de los fondos captados por el sistema financiero y que representan alrededor del 53% del Producto Interno Bruto (PIB), unos US$ 3.400 millones corresponderían a recursos del sistema previsional, es decir, 11% del PIB.
Las cajas previsionales captan de sus aportantes estos recursos y los invierten sin ninguna supervisión por parte de algún ente regulador estatal, como sí lo hace el Banco Central del Paraguay (BCP) con los fondos captados e invertidos por las entidades en el circuito financiero local.
Los datos recogidos por la Encuesta Permanente de Hogares 2017 (total país) revelan que de una población ocupada de 3.285.722, solo el 20,7% (680.144) aporta a un sistema de jubilación y las otras 2.605.578 personas que trabajan se encuentran fuera del esquema de un seguro social.
Aunque estos datos muestran aún la baja cobertura de trabajadores dentro del esquema de jubilación y la falta de políticas por revertir la situación, en los últimos años el aporte de estos se ha mantenido, por consiguiente también se mantuvo el flujo de dinero manejado por las cajas previsionales.
Y para buscar el resguardo de los ahorros de los trabajadores resurgió el proyecto de ley por el cual se creará el Consejo Asesor del Sistema Nacional de Jubilaciones y Pensiones, la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, y establece normas de inversión del Sistema de Jubilaciones y Pensiones.
¿Qué funciones tendrán estas instancias?
Antes de analizar la importancia de un ente regulador de los fondos jubilatorios en Paraguay, es necesario conocer los alcances de las principales instancias que contempla la ley. Conforme a la propuesta, entre las más importantes funciones del Consejo Asesor del Sistema Nacional de Jubilaciones y Pensiones se encuentra el análisis permanente del Sistema Nacional de Jubilaciones y Pensiones con el objetivo de promover el estudio y preparación de iniciativas legales y/o administrativas que apuntan a mejorar el funcionamiento, estabilidad y solvencia del Sistema Nacional de Jubilaciones y Pensiones, así como revisar la actuación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, entre otras funciones.
Por su parte, la Superintendencia de Pensiones, como el órgano técnico especializado, tendrá a su cargo una extensa lista de funciones como la fiscalización y supervisión de las entidades administradoras de jubilaciones y pensiones y, en particular, tendrá funciones de supervisión técnica, actuarial, operativa, jurídica y financiera de las mismas.
Además, podrá investigar, aplicar sanciones cuando corresponda, dictar los reglamentos necesarios para una correcta regulación del sistema y absorber consultas o reclamos de los beneficiarios relacionados con esta supervisión y las demás funciones que determine la ley. En este contexto, la supervisión actuarial es fundamental para resguardar la sostenibilidad de cualquier caja previsional, ya que este análisis proyecta los ingresos de aportes y gastos en concepto de beneficios para los jubilados a lo largo del tiempo.
Con respecto a las inversiones, se establece un régimen que apunte a incrementar su valor total, mejorar su rentabilidad, se rija bajo una adecuada seguridad y pueda afrontar con suficiencia y liquidez las obligaciones de pago de jubilaciones y pensiones, manteniendo su sustentabilidad actuarial dentro de las normas y límites establecidos en la presente ley y demás normas y reglamentaciones complementarias a ser emitidas por la Superintendencia.
La propuesta fue centro de varios cuestionamientos y desacuerdos, pero finalmente, luego de semanas de reuniones entre representantes del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Trabajo, de los trabajadores y gremios empresariales, se acordó adecuar el proyecto a los requerimientos de los sectores vinculados. Las críticas a la normativa por parte de los trabajadores era su casi nula participación en el proceso, sin embargo, la tendrán en el Comité Asesor sobre Límites de Inversión donde también podrán definir el destino de los recursos captados por los distintos aportantes.
Pese a esto, algunos sectores siguen sin dar su respaldo a las modificaciones introducidas, pero desde la cartera económica ya anunciaron que las presentarán ante el Congreso Nacional para que puedan ser consideradas.
Entre los principales puntos se encuentran la eliminación del límite en los préstamos de las cajas a sus afiliados, la creación de un consejo consultivo que será el vínculo con las Cajas para llevar adelante la regulación, parecido al modelo de la Superintendencia de Seguros.
Además, se determinó eliminar los límites de los instrumentos emitidos por los bancos, que según el sector bancario no eran adecuados y, por último, el periodo para la plena adecuación, que será de 36 meses.
Importancia de una Superintendencia de Pensiones en Paraguay
Desde los sectores de trabajadores, principalmente, aseguran que no están en contra de que las cajas donde aportan para su jubilación sean controladas, sino que temen que la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones rompa con la autonomía de las entidades previsionales, es decir, tenga injerencia en la administración de las mismas, o que las determinaciones que el órgano pueda tomar se produzcan por intereses particulares.
Si se analiza desde la importancia de un ente regulador como la Superintendencia en Paraguay, la intervención de la misma podría impedir nuevas crisis o escándalos en el sistema previsional nacional como los sonados casos de la Caja de Empleados Bancarios y la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Itaipú (Cajubi).
En el primero, desde el 2012 hasta el 2017, el Estado aplicó una medida de salvataje financiero con aproximadamente US$ 18 millones a la Caja Bancaria, recursos provenientes de los impuestos pagados por los contribuyentes. Mientras que en el segundo caso, el de la Cajubi, el vaciamiento le está costando a sus aportantes un considerable déficit, de alrededor de US$ 550 millones.
En ambos hechos, los problemas no fueron ocasionados por el Estado sino por los propios administradores de las cajas, debido a que estas entidades no estaban reguladas por ningún organismo, funcionaban y lo siguen haciendo bajo sus propias normativas y sanciones.
Además, estos recursos están siendo invertidos hacia limitados instrumentos financieros como es el caso puntual del Instituto de Previsión Social, la mayor caja previsional de Paraguay, cuyos recursos jubilatorios están depositados en un alto porcentaje bajo la figura del Certificado de Depósito de Ahorro (CDA) a corto plazo y que finalmente no se ajusta al mandato de la carta orgánica, la cual dispone que los fondos deben ser destinados al financiamiento de proyectos productivos a largo plazo, es decir, que contribuyan al desarrollo y crecimiento del país.
La implementación en el país de una ley como la que crea un Consejo Asesor del Sistema Nacional de Jubilaciones y Pensiones, la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, contribuiría a establecer normas de inversión que transmitirían la confianza y seguridad que necesitan los trabajadores que aportan a un esquema de jubilación de que sus recursos estarán disponibles cuando llegue la etapa de salida del circuito laboral. Al incentivar que más personas aporten a un sistema previsional, aumentarían los niveles de ahorro en la economía, creando mayores fuentes de financiamiento para proyectos de inversión.
Las cajas jubilatorias representan el ahorro más importante para un país como el caso de Paraguay y revisando la historia y el uso de estos fondos, se podría deducir que el destino de los fondos no ha sido el mejor, tomando en consideración los tres principios fundamentales para las inversiones de los recursos previsionales que son la seguridad, la liquidez y la rentabilidad.
Por lo tanto, urge la vigencia de una normativa que fortalezca la administración de estos recursos y contribuya a garantizar la sostenibilidad de las cajas previsionales en el país, bajo criterios altamente técnicos y sin injerencias de ningún tipo.
* El proyecto de ley, a la espera de su tratamiento en el Congreso, contempla la creación de un consejo asesor del sistema nacional de jubilaciones y pensiones, la superintendencia de jubilaciones, y establece normas de inversión del sistema de jubilaciones y pensiones.
* El objetivo del proyecto es establecer reglas que apunten a reducir el riesgo y resguardar los fondos ahorrados en defensa de los intereses de los asegurados y la sostenibilidad del sistema. Se considera que la propuesta es un paso al fortalecimiento institucional de los fondos.
* La Encuesta Permanente de Hogares 2017 revela que de una población ocupada de 3.285.722, solo el 20,7% (680.144) aporta a un sistema de jubilación y las demás 2.605.578 personas que trabajan se encuentran fuera del esquema de un seguro social.