Falta de una política provoca decisiones parciales, aleatorias e incoherentes

El suministro de energía en condiciones de confiabilidad, continuidad y competitividad constituye un componente estratégico para el desarrollo económico y social del país, dentro de un marco regionalmente sustentable, ya que constituye el insumo básico de la producción nacional y servicio esencial de consumo masivo, con incidencia directa en la calidad de vida de la población y en la competitividad de las actividades productivas en el contexto internacional.

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Situación actual

El país no ha contado hasta ahora con una política energética y en su ausencia la matriz energética actual es resultado de una secuencia de decisiones parciales y aleatorias sin la racionalidad y coherencia que deben tener las acciones y decisiones que caracterizan al sector.

Actualmente el sector energético se caracteriza por:

- Insuficiencia estructural

No se cuenta con capacidad suficiente para atender la demanda y su proyección, tanto en transmisión y distribución de la energía eléctrica.

- Dependencia

Aun cuando se supere la insuficiencia estructural, se mantendrá la dependencia de la importación de productos energéticos básicos, como del petróleo y el gas.

- Indefinición de actores y roles

La organización actual lleva a la dispersión institucional y a la confusión de responsabilidades del Estado al ser autoridad y empresario.

El marco institucional del sector energético de nuestro país se caracteriza por dos aspectos principales:

a) participación del Estado como autoridad y como empresario; y

b) elevada dispersión institucional.

El Estado ejerce su rol empresarial en los subsectores combustibles y energía eléctrica, a través de las siguientes empresas estatales:

a) Petróleos Paraguayos (Petropar) y

b) Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y las Centrales Binacionales (Itaipú y Yacyretá).

La autoridad responsable de establecer la política energética nacional es el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través del Viceministerio de Minas y Energía (VMME), que tiene a su cargo:

a) establecer y orientar la política referente al uso y manejo de los recursos minerales y energéticos;

b) estudiar los aspectos técnicos, económicos, financieros y legales para promover el aprovechamiento industrial de los recursos disponibles; y

c) fiscalizar sobre el uso adecuado de los recursos correspondientes a sus funciones.

Existe una gran dispersión institucional, las empresas estatales involucradas se relacionan con el Poder Ejecutivo a través de diferentes Ministerios.

Petropar vía Ministerio de Industria y Comercio, las centrales binacionales a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, ANDE por intermedio del VMME, etc.

No existe una institución en un estamento de decisión común a las diferentes entidades involucradas en el sector, con lo se dificulta la coordinación de políticas, se tienen varias reparticiones relacionadas con el subsector, como ser: biomasa (Ministerio de Agricultura y Ganadería, Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN), etc.).

Por otra parte, la Secretaría Técnica de Planificación (STP) se encarga de elaborar los balances energéticos nacionales a través de su División de Energía.

A pesar de que la creación del VMME, dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, ha sido un paso inicial, pero fundamental, dirigido a ejercer el papel de autoridad en el sector, existen todavía adecuaciones de orden jurídico que deben ser realizados para establecer una estructura institucional más integrada y acorde con el contexto nacional e internacional.

Propuesta

La política energética Nacional debe garantizar:

- La seguridad del suministro

Asegurar el suministro confiable de energía eléctrica en condiciones de confiabilidad, continuidad y competitividad, posibilitando la participación del sector privado en aquéllas actividades que resulten técnica y económicamente viables.

Cada empresa del sector en particular y de acuerdo a su situación y características deberá establecer planes sustentables para lograr este objetivo.

- El acceso universal y equitativo a la Energía

Posibilitar la accesibilidad y consumo a los más carenciados de la sociedad, implementando políticas públicas que permitan la universalidad del servicio eléctrico, incluyendo a los de mayor vulnerabilidad económica de la sociedad, sin afectar el equilibrio financiero de los agentes del sistema.

- La seguridad eléctrica

Establecer una política pública de seguridad eléctrica que precautele la vida y los bienes de las personas.

- La sostenibilidad de los recursos energéticos

Planificar la sostenibilidad y operatividad de los mercados en función del beneficio nacional y definir claras prioridades, con base en criterios técnicos que no colisionen con los imprescindibles principios sociales e intereses regionales, tanto nacionales como internacionales

- La Maximización de los beneficios de los aprovechamientos de los recursos naturales

Lograr la maximización de los beneficios de nuestros recursos energéticos a través de la comercialización de la producción que nos corresponde por derecho en las entidades binacionales.

Para llevar a cabo estos objetivos es necesario un plan global, que debe asegurar el abastecimiento sustentable de productos y servicios, en adecuadas condiciones económicas, de continuidad y de confiabilidad, y con los precios más bajos posible y con acceso a los mismos de toda la sociedad, apoyándose en políticas normativas y regulatorias claramente definidas.

Medidas inmediatas

1) Creación de la entidad rectora de la política energética con la definición de los roles de los distintos actores y de la responsabilidad del Poder Ejecutivo y la vinculación de la actividad del sector con la estrategia nacional de desarrollo.

2) Un nuevo marco regulatorio del subsector eléctrico, que minimice las asimetrías jurídicas regionales y por el cual se establezca un organismo regulador autónomo, que opere con independencia y determinado poder discrecional.

3) Nuevo marco regulatorio del subsector combustible.

4) Transformación de las Empresas del Estado, preparándolas para competir, para la reducción de costos y para el suministro adecuado de bienes y servicios públicos al menor costo posible.

5) Conformación de un sistema (transmisión y distribución) de abastecimiento de energía eléctrica robusto, que atienda el suministro al menor costo posible en condiciones de calidad y confiabilidad.

6) Mejorar formas de acceso y abastecimiento de recursos energéticos hidroeléctricos de las interconexiones.

7) Definición sobre participación del gas natural en la matriz energética.

8) Incorporación de fuentes alternativas de energía (en especial biocombustibles).

9) Consolidación de la política de eficiencia energética.

10) Incremento del acceso de sectores en situación de pobreza extrema al abastecimiento de los diversos usos de energía, sobre todo la electricidad.

11). Articulación y coordinación entre actores e instituciones energéticas, respondiendo a una visión global, apoyando la formulación de políticas y planes.

12) Solucionar los problemas y cuestiones pendientes en las binacionales y negociar la comercialización de nuestros excedentes hidroeléctricos.

13) Propiciar la transparencia en la gestión de todas las entidades energéticas.

14) Avanzar en los proyectos de construcción de nuevas centrales hidroeléctricas.

La efectiva implementación de estos objetivos y líneas de acción resultan mucho más trascendentes y constructivas para el país que las etéreas propuestas de los partidos políticos tradicionales y de los reiterados diagnósticos y explicaciones de las causas de una realidad adversa (que pueden ser muy racionales y válidos pero no resuelven los problemas).

Formación de un mercado mayorista regional

En el caso del sistema eléctrico, la puesta en funcionamiento de un marco regulatorio posibilitaría la efectiva conformación del mercado mayorista regional.

Tanto la interconexión con la región, como la construcción de nuevas centrales pueden comprenderse dentro de las políticas de Estado que garanticen el suministro energético en el país.

Inversiones necesarias

La determinación de las inversiones necesarias deberá basarse en el criterio de solución óptima para el país y canalización de sus beneficios a los ciudadanos, aplicando elementos metodológicos bien definidos y explícitos que incluyan todos los factores relevantes: limitaciones técnicas en el transporte de energía eléctrica, plazos requeridos hasta la puesta en operación, entre otros.

Las políticas energéticas deben incorporar la consideración de los efectos de las actividades del sector sobre el ambiente.

Los procesos de integración regional y la complejidad del desarrollo reclaman que las políticas energéticas contribuyan al desarrollo sustentable del país, que abarca como interés público tanto al estado, el mercado y la sociedad civil.

Por lo que deberán evaluarse todos los proyectos energéticos incorporando las externalidades (costos directos e indirectos así como impactos y beneficios a la comunidad).

Por otra parte, un incentivo a la complementación de fuentes energéticas tradicionales y alternativas con participación del sector público, privado y comunitario permitiría una mayor sustentabilidad a la reformulación de la matriz energética.

Falta

El país no contó hasta hoy con una política energética, por lo que la matriz energética actual es resultado de una secuencia de decisiones parciales...

Perfil

El sector energético se caracteriza hoy por: Insuficiencia estructural. Dependencia e Indefinición de actores y roles

Rectora

Creación de la entidad rectora de la política energética con la definición de los roles de los distintos actores y de la responsabilidad del Poder Ejecutivo

(*) Exgerente de Planificación de la ANDE. Exconsejero de Itaipú. Profesor de la Facultad de Ingeniero de la Universidad Nacional de Asunción.

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