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Durante los años 1980-90s se desechaba la gestión pública por ineficiencia y falta de calidad y se apoyaba la privada como símbolo de eficiencia y eficacia.
Ante este cambio de paradigma, la mayoría de los gobiernos comenzaron con un proceso de privatización de sus servicios públicos. El mismo estuvo muy entrelazado con los grandes replanteos teóricos del gobierno de Margaret Thatcher en Inglaterra, durante los 80s. Las preguntas planteadas por sus gobiernos dieron comienzo a un nuevo enfoque al estudio de la administración pública, conocida como la Nueva Gestión Pública “NGP” o “New Public Management” – “NPM”.
Las preguntas estipuladas en aquel momento dieron comienzo a una forma revolucionaria de ver al gobierno y administración pública, ya que su razón era la búsqueda de la eficiencia en los servicios públicos. Los interrogantes que sintetizaron este nuevo paradigma eran los siguientes:
–¿Qué está obligado constitucionalmente a hacer el gobierno?
Esta pregunta generó varias respuestas accionables por parte del Estado. Principalmente fue la base de su justificación para deshacerse de muchas empresas públicas que habían nacido con el Estado proteccionista, tales como bancos, empresas constructoras de vivienda, tiendas de supermercados, entre otras.
El siguiente planteamiento se enfocó en un cuestionamiento sobre lo que debe y tiene que hacer el gobierno; ¿Lo hace tan bien como lo haría el sector privado? ¿Qué funciones podemos hacer a través de terceros? Esto generó un proceso de servicios tercerizados o “outsourcing” y más privatizaciones. Los justificativos teóricos de estas respuestas llevaron al Estado a incorporar herramientas del sector privado, en especial al sistema organizacional del gobierno.
–¿Cuál debe ser el papel del Estado, qué puede y qué no puede hacer, y cómo debe hacerlo?
En América Latina durante los 90s, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional lideraron la búsqueda de respuestas a estas preguntas en el contexto del denominado Consenso de Washington.
Este consenso se refiere al conjunto de medidas de política económica de corte neoliberal aplicadas a partir de los años ochenta como salida de la enorme crisis de deuda externa. Buscando alivianar los altos niveles de deuda y pasivos de sus empresas públicas, la gran mayoría de los países de la región privatizaron sus grandes portafolios de empresas públicas.
De esta forma se privatizaron la prestación de muchas actividades que venían haciendo los gobiernos, tales como: a) agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, b) alumbrado público, c) limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; d) mercados y centrales de abasto, e) panteones, f) calles, parques y jardines y su equipamiento, f) seguridad pública, entre otros.
Para el funcionamiento adecuado de los servicios públicos, cabe resaltar el rol esencial de los entes reguladores durante este proceso.
Sin un funcionamiento y monitoreo adecuado, la prestación de servicios públicos por entes privados puede ser en detrimento del interés general de la población. Al buscar eficiencia y eficacia de los servicios, pueden primar los intereses económicos de una clase empresarial cercana al poder público.