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La relevancia del Presupuesto General de la Nación radica en que es el instrumento que permite al Ministerio de Hacienda materializar las policías públicas de lucha contra la pobreza, específicamente los programas sociales como Tekopora, adultos mayores y de viviendas sociales de la Senavitat. De igual forma, el presupuesto es una herramienta para contener el gasto salarial que había trepado a más de 800 millones de dólares en 2012, pero previéndose el crecimiento vegetativo de algunas instituciones. El incremento del gasto salarial proyectado para el 2017 era solo del 0,8% en la versión del Ministerio de Hacienda.
En términos generales, el Presupuesto original del Ministerio de Hacienda ascendía a 11.955 millones de dólares, reduciéndose a 11.650 millones de dólares. A primera vista la disminución puede parecer positiva, pero se trata de recorte en la emisión de bonos, es decir, el Estado dispondría de una menor cantidad de recursos financieros para hacer frente a sus obligaciones, como el pago de la deuda, la cual vence en el año entrante y también así encarar las obras de infraestructura.
Eleva déficit fiscal al 1,7% del PIB
De igual forma, y quizás lo más preocupante de la modificación al presupuesto, es que eleva el déficit fiscal al 1,7% del Producto Interno Bruto (PIB), debido al incremento de los salarios promulgado por la Cámara de Senadores.
El presupuesto promulgado por los senadores incorpora un aumento salarial para los docentes entre el 10 y el 15%, mientras que para los trabajadores del sector de la salud se estipuló un incremento de entre el 12 y el 18%. En general, estos aumentos significarán un gasto suplementario de casi 340 millones de dólares en el año y más de 670 millones de la misma moneda en 2018. Se recuerda que, a diferencia de otros gastos, los salarios no pueden disminuir puesto que son considerados como conquistas sociales, profundizando el déficit fiscal y sobre todo exigiendo más esfuerzos en la recaudación impositiva.
En efecto, en este escenario se destinará el 93% de los ingresos para poder pagar los salarios y demás gastos rígidos, dejando un margen muy pequeño para las inversiones físicas y para los gastos sociales que no podrán expandir su cobertura. De igual forma, se observa que los salarios financiados con impuestos crecerán 4,2%.
El incremento salarial del año 2012 fue la razón principal que generó un déficit fiscal, luego de años de superávit. En ese momento, los salarios públicos se incrementaron con la justificación de la bonanza económica, con crecimientos del PIB cercanos al 15%. Actualmente el escenario es muy diferente al de 2012, puesto que no se cuenta con el superávit de aquel año.
Un aspecto no menor es que el incremento salarial se realiza para personas que ya disponen de trabajo, reduciendo la creación de empleo, es decir limitando la capacidad de generar nuevos empleos y por lo tanto afectando a la población más vulnerable.
A continuación se analizan los efectos no deseados de las modificaciones introducidas por los senadores al Presupuesto.
Impacto sobre obras públicas: menor infraestructura
La reducción de la capacidad de emisión de bonos afectará directamente a las obras proyectadas, impactando negativamente en la mano de obra, la demanda de materiales y de servicios vinculados al sector. En términos prácticos, el Gobierno no podrá contar con mayores recursos para realizar más obras públicas.
El tope a la Ley Nº 5.074 (conocida también como “llave en mano”), cuyos montos no podrán superar el 1% del PIB. Es decir que solo se podrán realizar obras bajo esta figura jurídica por un monto de 290 millones de dólares. Esta cifra resulta insuficiente para afrontar los distintos proyectos como la ruta Transchaco, una porción del corredor bioceánico entre Loma Plata y Carmelo Peralta así como el alcantarillado sanitario de varias ciudades del departamento Central y la costanera sur de Asunción.
Todas estas obras de infraestructuras no son solamente necesarias, esperadas ni relevantes en sí mismas, sino que también deben generar una mayor productividad a los diferentes sectores productivos, además de dotar de mejores condiciones de habitabilidad en las ciudades, específicamente para el caso de los sistemas de alcantarillado. Retrasando estas obras se limitará indefectiblemente el mejoramiento de la competitividad de la economía en su conjunto. La limitación a las obras públicas impactará igualmente en forma negativa en varios sectores, así como sobre el empleo, en general no calificado, y por lo tanto, muy sensible para la estructura socioeconómica paraguaya.
Impacto sobre la política monetaria del BCP
El Presupuesto General de la Nación que fue modificado por la Cámara de Senadores incluyó un artículo que limita la cantidad de dinero que el Banco Central del Paraguay (BCP) dispone para implementar su política monetaria, es decir el control de la inflación y cierta intervención sobre el tipo de cambio.
La reducción de la capacidad de intervención del BCP fue calculada en función al promedio de los últimos tres años, es decir en base a lo que pasó antes, mientras que el BCP precisa de recursos e instrumentos para el futuro, sobre todo en un escenario internacional relativamente incierto y donde existirían presiones sobre el tipo de cambio. Justamente estos son los momentos donde el BCP debe intervenir en el mercado cambiario, pero en el 2017 lo hará con un poder de fuego limitado, esto se refiere a una menor disponibilidad financiera para intervenir en el mercado cambiario local.
Se recuerda que el tipo de cambio puede impactar en la inflación, ya que las importaciones del país se verían encarecidas con un incremento del dólar. Igualmente el incremento de las tasas de interés en Estados Unidos generará una mayor atracción de dólares hacia ese país, con lo cual se achicará el volumen de esa moneda a nivel local, con lo cual las presiones alcistas serán mayores.
Los directivos del BCP están preocupados por los posibles impactos negativos de esta situación en la economía nacional, y por lo tanto podrían promover una acción de inconstitucionalidad sobre el artículo que afecta y pone un tope a la política monetaria. En otras palabras, cuando el contexto internacional se vuelve menos favorable y con mayores presiones hacia Paraguay, nuestro país, o mejor dicho el BCP, dispone de menor cantidad de herramientas para amortiguar los impactos negativos.
Servicio de la deuda: poniendo en riesgo la imagen internacional
El Presupuesto original, elaborado por el Ministerio de Hacienda, incluía 316 millones de dólares destinados al pago de la amortización de la deuda externa. Sin embargo, las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores redujo el monto a solo 144 millones, es decir 172 millones de dólares menos. Cuando los países no pueden pagar sus deudas entran en suspensión de pago o default.
Paraguay está obligado a honrar sus compromisos financieros, puesto que de esto dependen las futuras inversiones extranjeras, así como las calificaciones internacionales. La buena imagen de la economía paraguaya, con un comportamiento estable de casi todas las variables está en riego.
¿Es posible aún encontrar una solución al Presupuesto General de la Nación?
Las autoridades del Ministerio de Hacienda y del Banco Central del Paraguay esbozan diferentes opciones a la versión del Presupuesto modificado por la cámara de senadores.
No debe olvidarse que nunca antes el presupuesto general de gastos de la nación ha sido vetado ni parcial ni totalmente, lo cual dejaría un precedente no muy favorable. Los actores políticos están llamados a entender la complejidad y sensibilidad de la economía, especialmente del Presupuesto General de la Nación y sobre todo a actuar en consecuencia.
Finalmente, el problema generado por la modificación del Presupuesto General de la Nación demuestra que son los propios actores políticos paraguayos los que favorecen el surgimiento de dificultades y complicaciones, y no precisamente el contexto externo, sea regional o mundial. A diferencia de otros países que sufren los embates del contexto internacional, las probables dificultades de la economía paraguaya provienen de su sistema político.
* El presupuesto original del Ministerio de Hacienda ascendía a 11.955 millones de dólares, reduciéndose a 11.650 millones de dólares. Se trata de recortes en la emisión de bonos, es decir, el Estado dispondría de una menor cantidad de recursos financieros para hacer frente a sus obligaciones, como pago de deudas.
* Senadores incorporó suba salarial para docentes entre 10 y 15%, mientras que para trabajadores de la salud se estipuló un ajuste entre 12 y 18%. Estos incrementos significarán gasto suplementario de casi US$ 340 millones en el año y más de US$ 670 millones en 2018.
* El 93% de los ingresos se destinará para el pago de los salarios y demás gastos rígidos, dejando un margen muy pequeño para las inversiones físicas y para los gastos sociales que no podrán expandir su cobertura. De igual forma, se observa que los salarios financiados con impuestos crecerán 4,2%.