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La energía, que es la misma, es clasificada básicamente en garantizada y adicional a la garantizada. La garantizada cuesta US$ 43,80 el MWh y la energía adicional a la garantizada US$ 5,63 el MWh.
Con la venta de la energía garantizada, oficialmente, es solventado el costo del servicio de electricidad, presupuestado en US$ 3.291.012.000 (75.340.368 MWh x US$ 43,68). El monto sigue vigente desde el año 2009.
Sostén del lucro prohibido
En el año 2016, comercializando la energía adicional a la garantizada Itaipú obtuvo US$ 152.032.000 (26.994.617 MWh x US$ 5,63). Este dinero, es el sostén del lucro prohibido (Anexo C, IV Ingresos: “El ingreso anual, derivado de los contratos de prestación de los servicio de electricidad, deberá ser igual, cada año, al costo del servicio establecido en este Anexo”).
Es bueno señalar que la ganancia o lucro ilegal de Itaipú se carga al consumidor que es obligado a pagar una tarifa más cara por el servicio de electricidad.
En el mismo año, 2016, la tarifa del servicio de electricidad calculado matemáticamente fue US$ 32,15 el MWh (US$ 3.291.012.000 /102.334.985 MWh). A pesar de ello, se cuantificó en US$ 33,64 el MWh.
De acuerdo con la “Demostración de las Cuentas de Explotación”, en el año 2016, el total de ingresos, con la sumatoria de la energía garantizada y la energía adicional a la garantizada, era igual a US$ 3.443.044.000 (US$ 3.291.012.000 + US$ 152.032.000). Dividiéndolos por la producción oficial del mismo año (US$ 3.443.044.000 /102.334.985 MWh), la tarifa aumentaba de US$ 32,15 el MWh a US$ 33,64 el MWh.
Esta práctica viene aplicándose desde la clasificación de la energía en garantizada y en adicional a la garantizada. Entre 2006 y 2016, vendiendo energía adicional, Itaipú recaudó US$ 809.798.448. Una media anual de US$ 62.292.180.
Esta ganancia o beneficio fraudulento se trata de esconder con la “devolución”, tanto en royalties como en resarcimientos, del dinero producido por la venta de la energía adicional a la garantizada. Desde el presidente Nicanor Duarte Frutos y su canciller Leila Rachid, se fraguó la modificación ilegal de la misión de Itaipú para camuflar el dinero de la energía adicional como gastos sociales.
Gastos sociales
Los gastos sociales no forman parte del costo del servicio de electricidad. No obstante, para salvar el inconveniente, en el 2016 Itaipú los incluyó en los gastos de explotación que súbitamente de US$ 666.807.000 se disparó en US$ 750.286.000.
Ningún presidente tiene el menor deseo que el Tribunal de Cuentas de la Unión o la Contraloría General de la República auditen Itaipú. Mientras, la binacional hidroeléctrica (los consumidores paraguayos y brasileños), sin control estatal, les sigue proporcionando el dinero necesario para sus gastos reservados.
La obra de José Antonio Moreno Ruffinelli y algunos próceres del acomodo, que impide el control del Estado en Itaipú, para desgracia del pueblo, sigue sin solución de continuidad.
Tal vez, en algún momento, algún patriota se anime a corregir este abuso del que es víctima el indefenso consumidor.