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Algunos de los hechos acaecidos y que se enmarcan dentro de lo que se conoce como debilidad institucional se podrían mencionar los reiterados intentos y en algunos casos, incumplimiento real de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), como lo registrado en el Presupuesto General de la Nación del presente ejercicio fiscal. En este caso, el quiebre de la normativa fue generado desde el propio Poder Ejecutivo con la propuesta de aumento salarial para el sector docente y que luego en el Congreso Nacional, fue aprobado con otros incrementos que también incumplían con las disposiciones de la normativa.
Otro caso donde se demostró la falta de capacidad o falta de experiencia es en proyectos empujados bajo la figura de la Alianza Público-Privada (APP), como la modernización del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, pendiente de resolución en la Corte Suprema de Justicia. Esto, como consecuencia de los innumerables cuestionamientos a la licitación. La Ley de APP es una herramienta nueva, con la cual se adjudicó la ampliación de la Ruta 2 y 7.
A estas situaciones, a puertas de las elecciones presidenciales, se suma un nuevo caso, la deuda de US$ 153 millones, que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y BS) mantiene desde hace un par de años con empresas proveedoras de productos e insumos farmacéuticos y hospitalarios.
Al respecto, es importante mencionar que el pasivo es en concepto de un tema tan sensible como la provisión de medicamentos para los sectores más vulnerables de la población, que justamente acuden a los centros asistenciales por falta de recursos y que podrían quedar sin remedios, en caso de que el Estado no salde, en parte, el compromiso que mantiene con las empresas.
El tiempo se vuelve trascendental porque las firmas proveedoras se encuentran atravesando por una crisis financiera, producto de la alta deuda que el Estado mantiene con ellas, pese a un compromiso de pago, pero de forma fraccionada y parcial de US$ 70 millones, es decir, en cuotas.
Tratando de subsanar la situación o al menos darle la liquidez que estas empresas necesitan para seguir proveyendo al Estado, surge el Banco Nacional de Fomento (BNF) con la propuesta de adelantar los pagos otorgándoles un adelanto por los recursos que precisen, sea igual o menor a la deuda, pero bajo la garantía de que el MSP y BS sea el encargado de ir pagando la obligación al BNF cada vez que el Ministerio de Hacienda le vaya transfiriendo los recursos, que aún no cuenta y que se espera disponga en los próximos meses.
El detalle de la problemática termina demostrando una vez más que la falta de previsibilidad estatal o la debilidad en la gestión de sus instituciones sigue siendo una de las grandes debilidades a fortalecer, considerando que existen temas vinculados directamente con el bienestar de la población como la salud, que no puede ser prorrogada y menos aún, desatendida.