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Uno de los programas de pensiones más comprometidos del país es el de la Caja Fiscal, que desde hace años enfrenta una serie de descalces financieros y cuya sostenibilidad, de no hallar una salida oportuna, no soportaría 10 años, según los últimos estudios actuariales.
Entre los principales desafíos del Estado paraguayo se encuentra indudablemente el de mejorar la calidad del gasto y trabajar en la brevedad posible en descomprimir la administración de las cuentas públicas, considerando que las mismas vienen arrastrando un déficit fiscal desde el año 2012. Esto, producto de un aumento salarial del 38% concedido a los funcionarios y que hasta la fecha genera complicaciones a las finanzas del Estado, sumado a otras decisiones de incrementos en algunos componentes del gasto que también terminaron por presionar las finanzas a lo largo de los años.
Relación ingresos tributarios y salarios: 60 a 80%
La relación ingresos tributarios y salarios ha estado por encima del 60%, llegando incluso a casi el 80%, si se mira solamente los números de la Administración Central, y este porcentaje es aún mayor cuando se incluye a las entidades descentralizadas, de acuerdo con los datos del Ministerio de Hacienda.
Esta composición y la mala calidad del gasto han reducido la posibilidad del Estado de financiar ambiciosos proyectos y programas sociales, de infraestructura y otros, reduciéndose solo a lo mínimo e incluso a veces ni cubriendo las necesidades de la población.
Entre estos problemas, la situación de la Dirección de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda o Caja Fiscal viene teniendo su peso, debido a que la misma viene arrastrando un déficit importante desde el 2015, es decir, los aportes de los activos han sido menores a los haberes pagados a los jubilados.
Si se consideran años precedentes, desde el 2008, el descalce ha sido hasta el 2010 con un promedio de G. 100.000 millones anuales. En el 2012 se recupera obteniendo superávit de G. 150.000 millones, pero a partir del 2013 el desequilibrio vuelve sin poder revertirse hasta este año, y cuyo promedio anual ya supera los G. 360.000 millones.
¿Cómo se cubrió el descalce?
Antes es necesario mencionar que la Caja Fiscal se encuentra integrada por seis sectores: empleados públicos, magistrados judiciales, docentes universitarios, además de maestros del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), policías y militares.
Los aportes de los tres primeros grupos son mayores a los haberes, por lo que presentan resultados positivos, mientras que los tres últimos generan un descalce, es decir, los egresos superan a los ingresos.
Por esto, los insuficientes recursos registrados en el sector docente del MEC son cubiertos con los fondos superavitarios generados por los sectores de empleados públicos, magistrados judiciales y docentes universitarios.
En tanto que el desequilibrio que presentan las fuerzas públicas es respondido directamente con impuestos, es decir, del pago que realizan los contribuyentes en concepto de tributos.
Conforme a los últimos datos que se manejan, existen 98.907 empleados públicos activos frente a 15.402 jubilados, así como 80.000 maestros que aportan ante 25.500 que no lo hacen. Además, hay 23.283 policías y 13.061 militares activos, frente a 7.729 y 8.067 jubilados, respectivamente.
El resto de los sectores lo componen 12.877 docentes universitarios y 11.430 magistrados judiciales versus 1.171 y 435, respectivamente, en condición de jubilados. Nótese también que la situación de las diferentes cajas previsionales enfrentará el desafío del natural envejecimiento de la población y la prolongación de la esperanza de vida, es decir, los paraguayos viviremos más tiempo y por lo tanto deben preverse los distintos escenarios de jubilaciones y pensiones.
En total existen 239.864 personas que integran los diferentes sectores de la Caja Fiscal y 58.344 jubilados. En unos años esta relación irá cambiando y la demanda de recursos también, teniendo en cuenta que varios de estos grupos no pueden sostenerse solos como ya se explicaba anteriormente.
Aportes que no alcanzan
A modo de ejemplo, se puede tomar el caso de un maestro, quien a los 42 años ya puede jubilarse, si se considera que a los 22 años terminó el magisterio, comenzó a ser aportante activo y se acogió a algunos beneficios, como por la cantidad de hijos, que implican mayor erogación.
Durante sus años de servicios, suponiendo que contó con dos turnos, aportó para su jubilación el 16% de su salario, alcanzando alrededor de G. 190.000.000. Estos recursos solo le darían para cubrir el pago de cuatro años de su jubilación, cuando la esperanza de vida es de 72 años. Es decir, durante 26 años tendrá que seguir cobrando (alrededor de G. 1.200 millones en total) que deberá ser solventado con el impuesto de los contribuyentes.
Modificar ley del funcionariado público
Este tipo de casos es una constante en el Estado, por lo que urge tomar medidas que reviertan la situación, considerando que en algunos años se volverá aún más insostenible para las cuentas públicas.
En este sentido, modificar la Ley de Funcionariado Público y establecer no solo mecanismos de ingresos más eficientes, sino también salarios en base a la capacidad y la productividad, podrían contribuir a cambiar la complicada situación, que de no implementarse acciones, se agravaría aún más.
Además, de que la Caja Fiscal sea realmente una entidad previsional con la capacidad de generar rentabilidad, bajo rigurosas normativas que salvaguarden los intereses de los aportantes y jubilados, es decir, que brinden la seguridad de retorno con ganancias, rompiendo la dependencia de “salvataje” proveniente de los tributos. De esta manera, las finanzas públicas podrían tener un escenario más holgado para reforzar otros componentes del gasto del Presupuesto General de la Nación.
El año pasado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) dio a conocer un informe sobre la situación actual de las principales cajas previsionales públicas. Dentro del mismo, se señalaba que el desfinanciamiento de la Caja Fiscal es el de mayor urgencia por su tamaño y porque ya se encontraba atravesando un déficit.
En el mismo sentido, alertaba que la falta de medidas correctivas y la materialización de un pasivo contingente para el sector público como son los déficits de las cajas previsionales públicas, generarían problemas de equidad, atendiendo la importante proporción de población no cubierta por la seguridad social.
Liquidez, rentabilidad y seguridad
Ahora es necesario analizar el potencial financiero de la Caja Fiscal, pero antes se debe aclarar que la misma no es una caja previsional, sino un programa presupuestario de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, partiendo de que una entidad recoge aportes y los rentabiliza en su totalidad con el objetivo de cumplir con sus obligaciones.
En el caso de la Caja Fiscal, la misma no podía realizar inversiones hasta el 2013, es decir, la dependencia del Ministerio de Hacienda computaba los aportes y los depositaba en el Banco Central del Paraguay (BCP) sin invertirlos, lo que resultaba en la paulatina pérdida de valor de los recursos como efecto de la inflación.
Aunque desde el mencionado año hasta ahora, la cartera económica ya incluye el pedido de autorización en el proyecto de Presupuesto General de la Nación, los recursos excedentes del Fondo de Jubilaciones de los Programas Contributivos Civiles, que pueden ser invertidos en bonos de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), siguen siendo limitados.
La operación financiera en la banca de segundo piso ha permitido generar una rentabilidad de aproximadamente US$ 30 millones hasta el 2017. Sin embargo, aproximadamente US$ 700 millones aún se encuentran ociosos en una cuenta del Banco Central del Paraguay.
Dinamizar sistema con el uso de fondos
Si estos fondos ingresaran al circuito financiero, abrirían la posibilidad no solo de dinamizar el sistema con más disponibilidad de recursos a largo plazo, una reducción en la tasa de interés de los bonos que paga el Estado, sino que también permitiría el desarrollo de importantes proyectos de impacto socioeconómico como obras de infraestructura y sus efectos colaterales, tan necesarias en el país.
El temor existente entre los aportantes de que su dinero sea mal invertido y puesto a discreción de las autoridades de turno, según sus interpretaciones, ha frenado en más de una ocasión la creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones. Esta instancia regularía el funcionamiento de todas las cajas previsionales existentes en el país, es decir, de las entidades que manejan los fondos jubilatorios, que hasta la fecha, operan en forma independiente.
Una entidad como esta marcaría las reglas de juego brindando la garantía necesaria de que los fondos jubilatorios serán correctamente invertidos, lo que redituaría en rentabilidad para los aportantes y al Estado le daría previsibilidad de que una intervención es una posibilidad remota.
Finalmente, una reforma en el sistema de seguridad social es necesaria en el país, pero más urgente es buscar una solución a la Dirección de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda o Caja Fiscal, atendiendo que la insostenibilidad de la dependencia recaerá indefectiblemente en los hombros de los ciudadanos que pagan sus impuestos, en detrimento de proyectos y programas públicos.
La Dirección de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda o Caja Fiscal viene arrastrando un déficit importante desde el 2015, porque los aportes de los activos han sido menores a los haberes pagados a los jubilados. El descalce desde 2013 hasta ahora supera el promedio de G. 360.000 millones por año.
Una reforma en el sistema de seguridad social es necesaria en el país, pero más urgente es buscar solución a la Caja Fiscal, atendiendo que la insostenibilidad de la dependencia recaerá indefectiblemente sobre los hombros de los ciudadanos que pagan sus impuestos.
El temor existente entre los aportantes de que su dinero sea mal invertido y puesto a discreción de las autoridades de turno, según sus interpretaciones, ha frenado en más de una ocasión la creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones.