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Agrega en su análisis que los mayores logros se observan justamente en aquellos ámbitos en los que ha habido esfuerzos, estrategias diseñadas con fundamento en la evidencia empírica existente y recursos invertidos. Los pasos atrás se observan en el acceso a la tierra y el conflicto agrario que afecta de manera directa a la población rural, pero con consecuencias en las poblaciones urbanas debido a la migración hacia las ciudades, sobre todo de jóvenes, para quienes no hay respuestas de calidad.
Los años venideros requerirán cambios estructurales en las políticas públicas, ya que el crecimiento económico se mantendrá relativamente bajo y la cobertura de las políticas se ha ampliado a nivel nacional, pero se mantienen importantes desigualdades regionales, por nivel de ingreso, por sexo y por área de residencia.
Por el lado de los recursos para el financiamiento de las políticas, la presión tributaria está estancada y el país llegó a los límites prudenciales de endeudamiento, lo que también exige una revisión profunda de la estructura tributaria y de los mecanismos de evasión y elusión para recaudar más y de manera más justa.
Los datos expuestos muestran el aumento de la inversión social por persona en los últimos años en las principales funciones (salud, educación, promoción y acción social, seguridad social). De todos modos, el nivel al que se llegó en 2016 todavía está lejos del promedio latinoamericano. Mientras este promedio se ubica en US$ 728 por persona al año, el de Paraguay apenas llega a US$ 422. Los países que tienen la mayor inversión social de la región son Chile (US$ 2.180) y Uruguay (US$ 1.933).
Decreció inversión social
En los últimos tres años, el ritmo de crecimiento de la inversión social ha disminuido al 5% promedio anual, frente a un promedio de aumento en los 10 años anteriores del 14%. Esta reducción del esfuerzo ha significado un estancamiento de los indicadores y, en algunos casos, retrocesos.
Un segundo problema es la baja ejecución presupuestaria teniendo recursos aprobados en el presupuesto. Una parte del problema puede deberse a la aprobación parlamentaria de un presupuesto por encima del que se puede financiar, pero otra parte tiene que ver con la gestión deficiente especialmente en lo que se refiere a insumos e inversión física. Esto debería llamar la atención ya que uno de los reclamos ciudadanos es la falta de medicamentos, libros y útiles y las pésimas instalaciones de los establecimientos de salud y educación.
En educación, las tasas de analfabetismo, los años promedio de estudio y las coberturas de educación mostraban mejoras continuas; sin embargo, en los últimos años estas se estancaron. En el ámbito de la salud, el acceso a saneamiento y a agua mejorada muestran similar comportamiento y llama la atención el acceso a los servicios de salud con una reducción relativamente importante –de 81,3% a 75,5%–.
Cabe señalar que todos estos indicadores son parte del compromiso firmado por Paraguay en 2015 sobre los objetivos de desarrollo sostenible, por lo tanto los niveles a los que el país llegó ese año serán el punto de partida para evaluar los avances logrados por el país al 2030.
El trabajo es la principal fuente de ingresos de las familias paraguayas. A pesar de ello, es poca la atención que se le ha otorgado desde las instituciones que tienen competencia en este ámbito como el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) en el sector rural y el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), para el sector urbano.
Debido a la estructura productiva, el crecimiento tiene poco impacto en la generación de empleos, tanto en cantidad como en calidad, a lo que se agrega la volatilidad que el factor climático y la escasa inversión vial generan en la agricultura. De ahí la relevancia de las políticas de desarrollo productivo –agropecuario e industrial–, dirigidas a mpymes y a la agricultura familiar, ámbitos en los que se encuentra gran parte de la población ocupada. El trabajo remunerado es, en general, precario con una alta inestabilidad en los ingresos.
La tasa de desempleo presenta una tendencia creciente, especialmente en el área urbana (ECE segundo trimestre 2017), mientras que la subocupación y la informalidad (no cotiza en ningún mecanismo de jubilación) afectan a más de un tercio de la población ocupada total.
Estas condiciones laborales obstaculizan la reducción de la pobreza a largo plazo y cualquier aspiración al desarrollo, ya que ponen límites incluso a la sostenibilidad del crecimiento. Los bajos ingresos laborales explican la dificultad de la reducción de la pobreza y la alta vulnerabilidad de los que se encuentran por encima de la línea de pobreza. Si el crecimiento por sí solo no logra generar los empleos que requiere el desarrollo, la política pública debe implementar las estrategias para lograrlo.
Los desafíos para el próximo gobierno están a la vista. La universalización de la educación básica y de la salud son temas pendientes que exigen intervenciones para poblaciones específicas e integradas a otras políticas como las de protección social. La reducción de la pobreza por la vía del trabajo remunerado requiere políticas agropecuarias y laborales de amplia cobertura.
La calidad de las políticas es tema pendiente. En los últimos quinquenios el país ha avanzado en ampliar las coberturas, pero queda mucho por hacer mejorando el diseño y la ejecución, así como en la asignación de recursos disponibles.