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Crecimiento y pobreza
Borda refiere que en los últimos cuatro años, nuestra economía registró un crecimiento promedio anual de 4%, pero los niveles de la pobreza y de la pobreza extrema no retrocedieron. “Quiere decir que el esperado efecto goteo no ocurrió y que el crecimiento benefició solo a un núcleo reducido de agentes económicos que no siempre colabora con la preservación del medio ambiente”, agrega. La escasa correlación positiva entre el crecimiento económico y la reducción de la pobreza refleja problemas estructurales serios. Muestra la alta concentración de capital y tecnología y la baja demanda de mano de obra en los sectores dinámicos de la economía, por un lado, y la superpoblación de la fuerza laboral en sectores de baja productividad y escaso crecimiento, por el otro.
A su criterio el limitado efecto de derrame del crecimiento hubiese sido aún peor si no fuera por el ingreso de remesas. El efecto multiplicador del dinero enviado por paraguayos residentes en el exterior ha sido fundamental para morigerar la pobreza, favoreciendo directamente el consumo familiar. Sin embargo, dicho beneficio tiene en contrapartida efectos sociales negativos porque debilita la familia y el capital social, lo que finalmente promueve la transmisión intergeneracional de la pobreza.
Con la mayor cobertura de las transferencias monetarias condicionadas y de la pensión de adultos mayores, apunta, también las políticas sociales evitaron un empeoramiento de la situación. Sin estas transferencias paliativas, la pobreza extrema hubiera crecido. A pesar de que, en los últimos años, estos subsidios abarcaron a personas cuyos ingresos están por encima de la línea de pobreza, desnaturalizándose el propósito de dichos programas.
Políticas sociales insuficientes
El modelo económico y las políticas sociales actuales son insuficientes para generar empleos decentes, ingresos dignos y transferencias de renta más efectivas. La subocupación y el desempleo no se retraen porque el actual crecimiento económico no es intensivo en mano de obra. Por consiguiente, urge diseñar e implementar políticas públicas coordinadas que, por un lado, apoyen a los sectores donde se concentran la ocupación de la mano de obra, como las mpymes y las pequeñas unidades de producción agrícolas; y, por otro, mejoren la focalización y cobertura de las transferencias de renta.
Otro desafío es aumentar la cobertura y calidad de la educación, la salud, la provisión de agua, el saneamiento ambiental y la infraestructura vial para mejorar el bienestar de la gente y la productividad. Mejorar la calidad de vida de la población, y la capacidad del país de atraer capitales del exterior, pasa por mayores inversiones en capital humano y físico.
El interrogante principal es cómo financiar las inversiones necesarias con el nivel actual de la presión tributaria, que es una de las más bajas del continente. Y esta situación se vuelve más crítica cuando se toma en cuenta que no podemos acelerar el ritmo de endeudamiento del país, ni descuidar los pasivos contingentes y el déficit operativo de las cajas fiscales que sigue creciendo. La solución no está solo en combatir la evasión y disminuir los gastos tributarios o exoneraciones fiscales. Esas medidas son muy limitadas para generar los recursos financieros que se necesitan.
El nuevo liderazgo
Para mantener la disciplina fiscal y cumplir con las demandas de más inversiones, el nuevo liderazgo político deberá, necesariamente, encarar una reforma tributaria que tenga por objetivos la justicia tributaria y el aumento de las recaudaciones.
Por un lado, las actividades agropecuarias deben tener el mismo tratamiento que los demás sectores de la economía para el pago del impuesto a la renta corporativa y del impuesto al valor agregado. No hay razón para mantener el presente régimen de privilegio, con mayor razón cuando se consideran los efectos colaterales adversos de las grandes explotaciones agropecuarias en el medio ambiente.
Por otro lado, el impuesto a la renta personal debe ser progresivo como en los demás países, lo que supone alivianar el peso del tributo para la clase media y aumentar las tasas a los grupos sociales de altos ingresos.
Estas medidas permitirán recaudar más y dotarán de mayor equidad al sistema tributario. La adopción de las mismas no implica, desde luego, abandonar el esfuerzo de combatir la evasión de impuestos ni dejar fuera de la agenda la necesidad de poner límites a los incentivos fiscales en un país donde rigen ya las tasas impositivas más bajas de la región.
Es también imperativo encarar seriamente los problemas de debilidad de la gestión pública, de escasa coordinación interinstitucional y de poca transparencia de las instituciones públicas. Fortalecer las instituciones del Estado y la justicia son fundamentales para atraer inversiones y crear condiciones propicias para el desarrollo de la iniciativa privada. Asimismo se debe avanzar en la trasparencia, el control y la rendición de cuentas para evitar el sometimiento del Gobierno a partidos políticos o grupos de poder económico.
El próximo Gobierno deberá enfrentar, también, necesidad de una reforma de la seguridad social para mejorar el servicio de salud, precautelar la solvencia financiera del sistema y facilitar la utilización del ahorro de largo plazo en el desarrollo económico.
Es hora de que la clase política deje de permitir que otros estamentos se arroguen el derecho de administrar el Estado y asuma el compromiso de encarar con seriedad y patriotismo los desafíos de una economía con alta concentración del ingreso, escasa regulación del medio ambiente y debilidad de las instituciones públicas, concluye.