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Si bien en ediciones anteriores, ya se analizaron los números del proyecto de PGN 2018, en esta entrega el centro será sobre el impacto que generan las decisiones políticas en temas económicos, tanto a nivel local como internacional.
No obstante, antes, es preciso recordar las cifras del Plan de Gastos inicial, es decir, el presentado por el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, al Congreso a finales de agosto.
El proyecto de PGN para el próximo año totalizaba US$ 12.319 millones presentando un déficit de US$ 475 millones, descalce que se ajustaba a lo que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) acerca de que no puede ser superior a 1,5% del producto interno bruto (PIB). Además, para calzar parte de este resultado, se previó una emisión de bonos por US$ 602 millones.
El Ejecutivo también incorporó un aumento salarial del 12% para los docentes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), que si bien no se ajusta a lo que establece la LRF acerca de que los incrementos salariales deben darse únicamente en proporción al reajuste del salario mínimo legal, Hacienda incluyó un articulado en el proyecto para ampararse, considerando que una ley como la del Presupuesto General de la Nación es igual, en jerarquía, a la Ley de Responsabilidad Fiscal, es decir, en este caso, una normativa deroga a otra.
Tras el estudio correspondiente en la Comisión Bicameral de Presupuesto, la propuesta del Plan de Gastos fue analizado por la Cámara de Diputados donde los parlamentarios aprobaron varias modificaciones y aumentos, principalmente la ampliación del programa de Adultos Mayores, incrementando el déficit en 1,6% del PIB.
Semanas después, el proyecto de PGN 2018 fue remitido al Senado, donde los congresistas dieron su venia a importantes aumentos, levantando el saldo negativo en 1,7% del producto interno bruto. En esta instancia, los incrementos se dieron en salarios a favor de los funcionarios del MEC, del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), así como de los empleados de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).
En una segunda vuelta en la Cámara Baja, los diputados acompañaron los incrementos salariales mencionados anteriormente, con lo que hasta ese momento quedaron sancionados los incrementos salariales, excepto el presupuesto de instituciones como el Congreso Nacional, Senado y la Corte Suprema de Justicia. Días después, el proyecto volvió a la Cámara Alta, donde se tenía previsto ya solo ajustar el plan de gastos de las mencionadas instituciones; sin embargo, el proyecto de PGN 2018 tuvo sanción ficta (Diputados no remitió dictamen), es decir, una aprobación de la primera versión del Senado, con los aumentos de salarios, claramente, incluida una reposición de US$ 10 millones para la Corte Suprema de Justicia.
Estas decisiones, además de presionar aún más las cuentas fiscales, por recursos que no se tienen y que se deben encontrar, salvo decisión contraria del Poder Ejecutivo, denotan la siempre cuestionada debilidad institucional del país al tener normas que son incumplidas por sus propios gobernantes, generando incertidumbre tanto en jugadores locales como en potenciales inversionistas.