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La directiva de Recuperación y Resolución Bancaria, que entrará totalmente en vigor el 1 de enero, obliga a asumir pérdidas de un banco quebrado a accionistas, acreedores e incluso grandes depositantes, antes de usarse dinero público para salvar a la entidad. La directiva fue parte central de la respuesta de Europa a la crisis financiera global, que vio cómo cientos de miles de millones de euros de dinero público tuvieron que ser inyectados en entidades en problemas, como el británico Royal Bank Bank of Scotland o el alemán Commerzbank. A falta de pocos días para que la nueva normativa entre en vigor, han empezado a cobrar notoriedad las inquietudes sobre el costo económico y político de imponer las pérdidas a pequeños ahorradores, e Italia es un ejemplo de cómo se pueden torcer las cosas. Alrededor de 10.000 italianos perdieron el dinero que habían invertido en bonos de cuatro bancos locales que fueron rescatados el mes pasado. Un pensionista se suicidó tras ver desvanecerse sus ahorros. Algunos políticos europeos ya están pidiendo que se introduzcan las nuevas normas de forma más gradual y el gobernador dijo que deberían aplicarse “de forma razonable”. El Gobierno italiano está estudiando modos de compensar a los ahorradores por una parte de sus pérdidas, argumentando que algunos de ellos pueden haberse visto atrapados en productos de alto riesgo como bonos subordinados que les habían vendido fraudulentamente. Los tenedores de dicha deuda solo cobran después de los principales acreedores si el banco entra en dificultades. “Si los inversores les han vendido fraudulentamente deuda subordinada, entonces tienes un caso para argumentar que la nueva legislación simplemente cambia la carga de los acreedores a los pequeños ahorradores”, dijo Jonathan Herbst, socio de la firma legal Norton Rose Fulbright en Londres.
Círculo vicioso
Utilizar dinero público para reembolsar a dichos inversores iría en contra del espíritu de las nuevas normas –cuyo objetivo es proteger al contribuyente– y podría sentar un precedente para futuros rescates bancarios. Esto podría volver a dejar a los gobiernos de nuevo expuestos a al menos una parte de los futuros rescates bancarios, reforzando un círculo vicioso entre entidades privadas y finanzas públicas que empeoró la crisis de la zona euro. Gunnar Hokmark, un europarlamentario sueco que fue vital a la hora de elaborar la nueva norma, dijo que no se debería permitir excepciones a la hora de rescatar a bonistas. También podría dar a los bancos margen para actuar mal. “La ley... es un modo de reducir la carga sobre los gobiernos y forzar a propietarios e inversores a ser vigilantes respecto a los bancos en los que están invirtiendo”, dijo el político de centroderecha. La Comisión Europea dijo que los problemas en Italia habían sido causados porque había ciudadanos que no comprendían o no recibían suficientes explicaciones sobre los productos financieros que habían comprado, no por la nueva legislación.
Giro de 1.000 millones
La zona euro autorizó el último martes un giro de 1.000 millones de euros en préstamos internacionales para Grecia, último tramo de ayuda de este año en el marco del tercer programa de rescate decidido durante el verano, informó AFP desde Luxemburgo.
“El Comité de Dirección del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) acaba de autorizar el giro de 1.000 millones de euros para Grecia”, anunció el fondo, ayuda que acordaron los miembros de la zona euro luego de que Atenas implementara una segunda serie de reformas, condición del préstamo. Este dinero “irá para pagar deuda, financiar el presupuesto y cofinanciar proyectos” , indicó el MEDE.