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Cada sociedad o país dispone de un volumen particular de mano de obra, la Población Económicamente Activa (PEA), o sea, la población que se encuentra disponible para trabajar. En el caso de Paraguay, el denominado bono demográfico implica la disponibilidad de una cantidad importante de personas en edad de trabajar, lo que se traduce en una oportunidad para el crecimiento económico, pero, al mismo tiempo, un desafío de generar la cantidad suficiente de empleo necesario.
Para regular, al menos en parte, las relaciones entre la oferta de mano de obra (los trabajadores) y la demanda de mano de obra (los empleadores), el Estado interviene mediante el establecimiento del salario mínimo, vale decir, el monto más bajo que los trabajadores deberían cobrar por la venta de su mano de obra. En este punto es interesante plantearse cuál sería el valor del salario mínimo si el Estado no interviniese fijando el monto. Puede calcularse erróneamente que los empleadores ofrecerían salarios bajos, pues no es seguro que logren atraer a la mano de obra que necesitan. Si al ejemplo se agrega la capacitación del obrero, que se relaciona con la formación técnica y académica del trabajador, el empleador tenderá a pagar salarios más altos, acordes al nivel de capacitación de los trabajadores y en función al grado de tecnología que requiera la elaboración de sus productos. Generalmente, a más elevados niveles de sofisticación en los procesos productivos, corresponden empleos técnicos de mayor capacitación y, por lo tanto, de mejor remuneración.
El despegue de la economía paraguaya en la última década ha requerido mayores cantidades de trabajadores, pero también de diversas calificaciones. El déficit en formación y capacitación técnica y profesional conspira con la inclusión laboral de la población. Así, paradójicamente, en el periodo de mayor crecimiento de la economía en las últimas décadas, las iniciativas empresariales pudieron haberse frenado o retrasado por la falta de mano de obra capacitada.
En su conjunto, la economía nacional pierde competitividad debido al aún bajo nivel de productividad de la mano de obra. A diferencia de otros factores, la calificación de la mano de obra no puede lograrse automática ni mecánicamente, ni siquiera incrementado el salario pagado.
En los últimos 15 años, el valor del salario mínimo se ha casi triplicado, pasando de poco más de 650.000 a más de 1.800.000 guaraníes entre el 2000 y al año 2016. Sin embargo, el valor del salario real, es decir, sin el efecto inflacionario, se ha mantenido estable en la última década.