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Aclara que si bien el ladrillo y el cemento por sí solos no pueden asegurar la expansión y la prosperidad, sin servicios de infraestructura aceptable es difícil que un país pueda competir en el mundo moderno.
El documento destaca una primera pregunta al respecto: ¿A qué se debe la calidad tan inferior de la infraestructura en la región?
Refiere que para empezar, los países de América Latina y el Caribe no invierten lo suficiente en infraestructura. Entre 1992 y 2015 la inversión pública y privada en infraestructura en América Latina y el Caribe alcanzó un promedio de 2,75% del Producto Interno Bruto (PIB), y entre 2008 y 2015 el promedio ascendió al 3,8%.
Este nivel de gasto es bajo en comparación con, por ejemplo, China (8,5%) Japón e India (5%), y del promedio de los países desarrollados (4%) (BID, 2016). Además, las cifras de inversión actual han alcanzado niveles incluso inferiores a las de los años ochenta. Para zanjar la brecha de infraestructura, la región tendría que invertir alrededor del 5% de su PIB a lo largo de los próximos 20 a 30 años, lo que equivale a unos US$ 100.000 millones adicionales al año (Perrotti y Sánchez, 2011; Barbero, 2013; Serebrisky, 2014).
Paraguay y Venezuela
El informe del BID sostiene que no es sorprendente que la baja inversión en infraestructura haya generado servicios de infraestructura deficientes. La calidad de las obras de la mayoría de los países de América Latina y el Caribe –particularmente Argentina, Brasil, Paraguay y Venezuela– es considerablemente inferior a lo que debería ser en función de sus niveles de ingreso (Banco Mundial, 2017). Hay solo unas pocas excepciones en la región –en su mayoría en Centroamérica (Guatemala, Panamá y El Salvador)– en cuyo caso la calidad de la infraestructura es mejor de lo que cabría esperarse.
Las reformas de políticas para atraer inversión del sector privado en infraestructura comenzaron a mediados de los años noventa e incrementaron la inversión privada desde un monto insignificante hasta niveles cercanos al 1% del PIB (Serebrisky, 2015). A pesar del rol cada vez más destacado del sector privado, el sector público representa más de las dos terceras partes de la inversión total en infraestructura.
La inversión privada en infraestructura ha ido variando según los países y sectores, y se puede hacer más para movilizarla mediante la adopción de políticas para mejorar el ciclo de implementación de infraestructura, políticas que son apoyadas por Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD) en la región (PNUD, 2016).
Sin embargo, la experiencia de las últimas décadas en América Latina y el Caribe demuestra que el sector público continuará desempeñando un rol clave en el fondeo de la infraestructura.
Sector público: rol fundamental
Dicho rol es fundamental no solo porque el sector público asume la mayor parte de la inversión total sino también porque la inversión en infraestructura tiene características de bien público, ya que suelen presentar fuertes externalidades y efectos de red.
El suministro de electricidad requiere una red de transmisión y distribución eficiente; los sistemas de transporte urbano necesitan a la vez rutas troncales y ramales alimentadores para proporcionar acceso adecuado a los lugares de trabajo y a las viviendas. Si el desarrollo de infraestructura no se planifica de manera adecuada, la eficiencia de los servicios brindados por los activos será baja. En América Latina y el Caribe el crecimiento está disminuyendo y las perspectivas macroeconómicas son débiles. El crecimiento de línea de base de la región para 2017–19 es del 2% (Powell, 2017). Debido a este panorama, es probable que la inversión pública en infraestructura se enfrente a recortes importantes en los próximos años. En América Latina, los gastos de capital son procíclicos y sufren recortes desproporcionadamente grandes cuando la economía vive tiempos difíciles.