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En este sentido, en el país los programas de pensiones están conformados por cajas públicas y privadas como la Caja Fiscal (empleados del sector público), la Municipal, la Bancaria, de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), la de Itaipú Binacional, la Parlamentaria y la Ferroviaria. Además, forma parte de este sistema el Instituto de Previsión Social (IPS), creado por el Gobierno, pero de funcionamiento autónomo. Además, activan programas de pensiones privados integrados por la Caja Mutual de Cooperativistas, Médica y Caja de Profesores de la Universidad Católica.
La Encuesta Permanente de Hogares del año 2017 revela que de una población ocupada de 3.285.722 personas, solo 20,7% (680.144) aporta a un sistema de jubilación, y las otras 2.605.578 que trabajan, están fuera del esquema de un seguro social.
Un reporte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señala que el 23% de los trabajadores paraguayos aporta a un sistema de seguridad social, porcentaje muy bajo aún si se compara con el promedio de la región del 45%.
Tal como muestran los datos, en el Paraguay no existe un ente que supervise los fondos jubilatorios, es decir, que brinde las garantías de que los recursos están siendo bien invertidos bajo los tres pilares de liquidez, seguridad y rentabilidad, sumado a que la cobertura del sistema de seguridad social se encuentra muy lejos del nivel manejado en la región.
Desde hace años se viene trabajando en la creación de una Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones para reducir el riesgo y resguardar los fondos ahorrados a favor de los intereses de los asegurados y la sostenibilidad del sistema.
Sin embargo, la propuesta ha encontrado más detractores que defensores. Una normativa como esta podría dar previsibilidad y reducir riesgos para el Estado, que en varias crisis se ha visto obligado a reparar errores de administradores de turno de cajas como la de Empleados Bancarios y la de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Itaipú (Cajubi). En el primero, desde 2012 hasta 2017, el Estado aplicó una medida de salvataje financiero con aproximadamente US$ 18 millones a la Caja Bancaria, recursos provenientes de los impuestos pagados por los contribuyentes. En tanto, en el segundo caso, el de la Cajubi, el vaciamiento le está costando a sus aportantes un considerable déficit de alrededor de US$ 550 millones.
En esta edición se analiza la situación y perspectivas de uno de los programas de pensiones más comprometidos del país, la Caja Fiscal, que desde hace años enfrenta una serie de descalces financieros y cuya sostenibilidad, bajo las circunstancias mencionadas y de no buscar una salida, no soportaría 10 años, según últimos estudios actuariales.