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Un fuerte crecimiento del PIB, una gran reducción de la tasa de morosidad del sistema bancario, las fuertes ganancias obtenidas en los últimos cinco años por las intermediarias son apenas algunos de los factores que abonan el terreno para reforzar el esquema regulatorio del sector financiero para cerrar, de una buena vez, las exigencias comprendidas dentro de Basilea 1, con las que llevamos varios años de atraso.Un fuerte crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), que este año se estima rondaría alrededor del 11%, una gran reducción de la tasa de morosidad del sistema bancario, que en los últimos diez años bajó desde un 15% hasta un 1,7%, las fuertes ganancias obtenidas en los últimos cinco años por las intermediarias (solo este año, a agosto último, ganaron cerca de G. 700.000 millones), son apenas algunos de los factores que abonan el terreno para reforzar el esquema regulatorio del sector y cerrar de una buena vez las exigencias comprendidas dentro de Basilea 1 y en las cuales llevamos varios años de atraso. No debiera ser aterrador pensar que aquellas empresas con intenciones de mayores ganancias inviertan más por el bien de los ahorristas del país.
En diciembre de 1974, el Comité de Basilea integrado por los gobernadores de los bancos centrales del G-10, publicó el primero de los Acuerdos de Basilea, un conjunto de recomendaciones alrededor de una idea principal: Se trataba de un conjunto de recomendaciones para establecer un capital mínimo que debía tener una entidad bancaria en función de los riesgos que afrontaba. Durante la administración de Germán Rojas en el BCP, de un 35% de cumplimiento de los ratios de solvencia se levantó hasta un 70%. El actual colegiado de la institución monetaria, con unos tres proyectos de resolución, busca completar Basilea 1.
Por un lado, se quiere disponer el aumento del capital mínimo requerido por la Ley Nº 861/96 a las entidades de intermediación financiera, conforme a los términos de su Artículo 11º, según el siguiente detalle: Bancos: G. 50.000 millones (hoy es G. 25.000 millones).
Entidades Financieras: G. 25.000 millones (hoy es de G. 12.500 millones).
El BCP pretende que los bancos y entidades financieras adecuaran su capital integrado a los montos establecidos más arriba dentro del plazo de dos años contados a partir de la vigencia de la nueva Resolución. Para ese efecto deberán aportar para el 31 de diciembre de 2011 al menos el 50% de la diferencia existente entre su capital integrado y el requisito de capital mínimo exigido.
Las entidades que estén en proceso de apertura deberán realizar los aportes de capitales mínimos en la forma y plazos determinados en la normativa de marras. En tanto que aquellas que presenten sus pedidos con posterioridad a la vigencia de esta norma deberán realizar los aportes de capital mínimo del 100% exigido.
Aparentemente, para la mayoría de los bancos no habría mayores inconvenientes. Debemos considerar que nuestro sistema bancario está compuesto por una gran cantidad de sucursales extranjeras lo que implica que sus matrices están operando en otros mercados cuyas regulaciones son mucho más exigentes que en Paraguay. Entonces, les será fácil adecuarse a los cambios que se preparan.
Morosidad
La calidad de la cartera de préstamos de los bancos mejoró considerablemente en la década comprendida entre enero del 2000 y enero de este año, al reducirse el nivel de morosidad de un 15% a 1,7%, de acuerdo con los registros estadísticos de la Superintendencia de Bancos (SB).
Esto implica que la cartera es muy sana con clientes con altos niveles de cumplimiento que están en condiciones de soportar en este momento los ajustes planteados, es decir, reducir el plazo de la mora de 60 a 30 días, para no perder la calidad de Categoría 1.
Con una de las resistidas resoluciones, serán considerados grandes deudores aquellos cuyos saldos superen en el sistema financiero el 4% y el 3% del capital mínimo legalmente exigido a los bancos y entidades financieras del país, a partir del 1 de enero del 2012 y del 1 de enero del 2013, respectivamente.
Al solo efecto de clasificación de activos y constitución de previsiones, se entiende por mora un atraso superior a 30 días en el cumplimiento de obligaciones.
Los clientes con créditos que presenten atrasos en los pagos de capital o intereses superiores a 30 días y hasta 120 días, aunque cuenten con buenas garantías y con información actualizada. Sin embargo, esta condición de morosidad deberá ignorarse si existen factores de tipo financiero o de otra naturaleza que justifiquen una clasificación del deudor más rigurosa, de acuerdo al plan del BCP.
En cuanto a las previsiones genéricas, el BCP busca disponer que las mismas sean constituidas por encima del 2% que sea computable a los efectos del cálculo del patrimonio efectivo.
Argumentos en contra
Las voces disonantes que se escucharon la semana pasada se apoyan argumentos poco sólidos. Por un lado, los cambios no son intempestivos, ya que tienen retrasos importantes y ya se ha discutido bastante.
Por otro lado, reclamar al BCP que se debería endurecer las regulaciones a las cooperativas porque serán las que más ventajas sacarán con las nuevas regulaciones, es improcedente. La institución monetaria es el ente regulador del sistema financiero y no tiene atribuciones sobre el sector cooperativo, cuyo órgano de regulación es el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop).
No estamos defendiendo a las entidades solidarias, que también deben ser más exigidas, mejor controladas y, aquellas de ahorro y crédito, ser medidas con las mismas varas del sistema financiero.
Hagamos fuerza por darle una mayor firmeza al sector mejor regulado del país, el financiero. Valoramos los resultados obtenidos por las intermediarias, porque se traducen en una mayor bancarización, mayor absorción de mano de obra, más apoyo a los diferentes renglones económicos. Empero, convengamos en la importancia de invertir más aquellas entidades que quieran ganar más, mientras las que no tengan capacidad para seguir creciendo o transformarse, que se queden en su molde porque de lo contrario la posibilidad de una socialización de pérdidas será grande.
Así ven los bancos
Para el presidente de la Asociación de Bancos del Paraguay (ABP), Jerónimo Nasser, si se baja de 60 a 31 días (calificación 1), si bien tiene sentido, podría implicar que cualquiera entre en mora, por motivos de viaje u olvido. Técnicos de la ABP están estudiando si amerita o no para luego sentar una postura a nivel de gremio.
El ejecutivo bancario estima que algunas cláusulas de los tres proyectos de resolución pueden ser ajustadas a base de consenso entre todas las intermediarias que operan en el mercado local. "Siempre hemos tenido un excelente diálogo con el BCP y la Superintendencia de Bancos (SIB), así como en esta oportunidad, ellos nos pasan las resoluciones para que analicemos y luego las debatimos. Cuando tengamos los dictámenes de nuestra asesoría, seguramente vamos a sentarnos para congeniar y llegar a un acuerdo", destacó.
A priori, los bancos están de acuerdo en todo lo que sea para profundizar y tener un mayor índice de solvencia. "Lo que tenemos que ver es si esos índices que ellos están presentando refiriéndose al BCP son los adecuados y ver la forma de implementación que tiene que ser gradual. La entidad que nuclea a los bancos de nuestro sistema financiero se reunirá está semana y es probable que se tomen algunas determinaciones.
Temen a la asimetría
La Asociación de Entidades Financieras (Adefi) entiende que las nuevas medidas regulatorias proyectadas por el Banco Central del Paraguay (BCP) no solo son excesivas en magnitud y plazo, sino que también acentuarían la asimetría entre los protagonistas del sistema financiero.
El gremio, presidido por Silvia de Méndez, en un comunicado recientemente emitido, enfatiza que las propuestas de la institución monetaria, en la forma en que están planteadas, tienden a beneficiar a sectores que no están bajo supervisión del BCP, como las cooperativas y otras entidades de crédito que tienen otro ámbito regulatorio.
El Central analiza la posibilidad de aplicar tres medidas para dar mayor fortaleza al sistema financiero nacional. Las mismas tienen que ver con el incremento del capital mínimo de bancos y financieras, la modificación de las exigencias para la radicación de previsiones genéricas y la reducción de plazos para que una cuenta sea considerada morosa de los actuales 60 días a solo 31 días.
Sobre el incremento del capital, el gremio que reúne a las financieras considera que es desproporcional el monto, teniendo en cuenta que la propuesta del Central es elevar al doble el capital mínimo, en un plazo de dos años aproximadamente. Adefi teme que esas medidas resulten inaplicables en tan corto tiempo.
Calificadoras de riesgo
El Banco Central del Paraguay (BCP) parte de una simple premisa: Estamos en tiempos de bonanza, que son los mejores periodos para fortalecer el sistema financiero, dijo Fernando Herrero, consultor de la calificadora de riesgos Solventa, recientemente habilitada por la Comisión Nacional de Valores (CNV) para operar en el mercado local. La institución monetaria prevé disponer el aumento del capital mínimo requerido por la Ley N° 861/96 a las entidades de intermediación financiera, conforme a los términos de su artículo 11º, según el siguiente detalle: Bancos: G. 50.000 millones (actualmente es de G. 25.000 millones). Entidades financieras: G. 25.000 millones (hoy es de G. 12.500 millones).
En cuanto a la mora, señaló que todo depende de la actividad realizada, teniendo en cuenta que para aquellos créditos de consumo un retraso de 30 días ya podría representar una operación altamente incobrable. En tanto que las actividades comerciales, agrícolas, etc., dependen de otros factores. Herrero, que se desempeño durante tres años como intendente de inspección de la Superintendencia de Bancos (SIB), señaló con relación a las previsiones genéricas que los cambios deberían introducirse sobre un cronograma de implementación a fin de evitar trastornos o sobresaltos a determinadas empresas financieras.
En diciembre de 1974, el Comité de Basilea integrado por los gobernadores de los bancos centrales del G-10, publicó el primero de los Acuerdos de Basilea, un conjunto de recomendaciones alrededor de una idea principal: Se trataba de un conjunto de recomendaciones para establecer un capital mínimo que debía tener una entidad bancaria en función de los riesgos que afrontaba. Durante la administración de Germán Rojas en el BCP, de un 35% de cumplimiento de los ratios de solvencia se levantó hasta un 70%. El actual colegiado de la institución monetaria, con unos tres proyectos de resolución, busca completar Basilea 1.
Por un lado, se quiere disponer el aumento del capital mínimo requerido por la Ley Nº 861/96 a las entidades de intermediación financiera, conforme a los términos de su Artículo 11º, según el siguiente detalle: Bancos: G. 50.000 millones (hoy es G. 25.000 millones).
Entidades Financieras: G. 25.000 millones (hoy es de G. 12.500 millones).
El BCP pretende que los bancos y entidades financieras adecuaran su capital integrado a los montos establecidos más arriba dentro del plazo de dos años contados a partir de la vigencia de la nueva Resolución. Para ese efecto deberán aportar para el 31 de diciembre de 2011 al menos el 50% de la diferencia existente entre su capital integrado y el requisito de capital mínimo exigido.
Las entidades que estén en proceso de apertura deberán realizar los aportes de capitales mínimos en la forma y plazos determinados en la normativa de marras. En tanto que aquellas que presenten sus pedidos con posterioridad a la vigencia de esta norma deberán realizar los aportes de capital mínimo del 100% exigido.
Aparentemente, para la mayoría de los bancos no habría mayores inconvenientes. Debemos considerar que nuestro sistema bancario está compuesto por una gran cantidad de sucursales extranjeras lo que implica que sus matrices están operando en otros mercados cuyas regulaciones son mucho más exigentes que en Paraguay. Entonces, les será fácil adecuarse a los cambios que se preparan.
Morosidad
La calidad de la cartera de préstamos de los bancos mejoró considerablemente en la década comprendida entre enero del 2000 y enero de este año, al reducirse el nivel de morosidad de un 15% a 1,7%, de acuerdo con los registros estadísticos de la Superintendencia de Bancos (SB).
Esto implica que la cartera es muy sana con clientes con altos niveles de cumplimiento que están en condiciones de soportar en este momento los ajustes planteados, es decir, reducir el plazo de la mora de 60 a 30 días, para no perder la calidad de Categoría 1.
Con una de las resistidas resoluciones, serán considerados grandes deudores aquellos cuyos saldos superen en el sistema financiero el 4% y el 3% del capital mínimo legalmente exigido a los bancos y entidades financieras del país, a partir del 1 de enero del 2012 y del 1 de enero del 2013, respectivamente.
Al solo efecto de clasificación de activos y constitución de previsiones, se entiende por mora un atraso superior a 30 días en el cumplimiento de obligaciones.
Los clientes con créditos que presenten atrasos en los pagos de capital o intereses superiores a 30 días y hasta 120 días, aunque cuenten con buenas garantías y con información actualizada. Sin embargo, esta condición de morosidad deberá ignorarse si existen factores de tipo financiero o de otra naturaleza que justifiquen una clasificación del deudor más rigurosa, de acuerdo al plan del BCP.
En cuanto a las previsiones genéricas, el BCP busca disponer que las mismas sean constituidas por encima del 2% que sea computable a los efectos del cálculo del patrimonio efectivo.
Argumentos en contra
Las voces disonantes que se escucharon la semana pasada se apoyan argumentos poco sólidos. Por un lado, los cambios no son intempestivos, ya que tienen retrasos importantes y ya se ha discutido bastante.
Por otro lado, reclamar al BCP que se debería endurecer las regulaciones a las cooperativas porque serán las que más ventajas sacarán con las nuevas regulaciones, es improcedente. La institución monetaria es el ente regulador del sistema financiero y no tiene atribuciones sobre el sector cooperativo, cuyo órgano de regulación es el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop).
No estamos defendiendo a las entidades solidarias, que también deben ser más exigidas, mejor controladas y, aquellas de ahorro y crédito, ser medidas con las mismas varas del sistema financiero.
Hagamos fuerza por darle una mayor firmeza al sector mejor regulado del país, el financiero. Valoramos los resultados obtenidos por las intermediarias, porque se traducen en una mayor bancarización, mayor absorción de mano de obra, más apoyo a los diferentes renglones económicos. Empero, convengamos en la importancia de invertir más aquellas entidades que quieran ganar más, mientras las que no tengan capacidad para seguir creciendo o transformarse, que se queden en su molde porque de lo contrario la posibilidad de una socialización de pérdidas será grande.
Así ven los bancos
Para el presidente de la Asociación de Bancos del Paraguay (ABP), Jerónimo Nasser, si se baja de 60 a 31 días (calificación 1), si bien tiene sentido, podría implicar que cualquiera entre en mora, por motivos de viaje u olvido. Técnicos de la ABP están estudiando si amerita o no para luego sentar una postura a nivel de gremio.
El ejecutivo bancario estima que algunas cláusulas de los tres proyectos de resolución pueden ser ajustadas a base de consenso entre todas las intermediarias que operan en el mercado local. "Siempre hemos tenido un excelente diálogo con el BCP y la Superintendencia de Bancos (SIB), así como en esta oportunidad, ellos nos pasan las resoluciones para que analicemos y luego las debatimos. Cuando tengamos los dictámenes de nuestra asesoría, seguramente vamos a sentarnos para congeniar y llegar a un acuerdo", destacó.
A priori, los bancos están de acuerdo en todo lo que sea para profundizar y tener un mayor índice de solvencia. "Lo que tenemos que ver es si esos índices que ellos están presentando refiriéndose al BCP son los adecuados y ver la forma de implementación que tiene que ser gradual. La entidad que nuclea a los bancos de nuestro sistema financiero se reunirá está semana y es probable que se tomen algunas determinaciones.
Temen a la asimetría
La Asociación de Entidades Financieras (Adefi) entiende que las nuevas medidas regulatorias proyectadas por el Banco Central del Paraguay (BCP) no solo son excesivas en magnitud y plazo, sino que también acentuarían la asimetría entre los protagonistas del sistema financiero.
El gremio, presidido por Silvia de Méndez, en un comunicado recientemente emitido, enfatiza que las propuestas de la institución monetaria, en la forma en que están planteadas, tienden a beneficiar a sectores que no están bajo supervisión del BCP, como las cooperativas y otras entidades de crédito que tienen otro ámbito regulatorio.
El Central analiza la posibilidad de aplicar tres medidas para dar mayor fortaleza al sistema financiero nacional. Las mismas tienen que ver con el incremento del capital mínimo de bancos y financieras, la modificación de las exigencias para la radicación de previsiones genéricas y la reducción de plazos para que una cuenta sea considerada morosa de los actuales 60 días a solo 31 días.
Sobre el incremento del capital, el gremio que reúne a las financieras considera que es desproporcional el monto, teniendo en cuenta que la propuesta del Central es elevar al doble el capital mínimo, en un plazo de dos años aproximadamente. Adefi teme que esas medidas resulten inaplicables en tan corto tiempo.
Calificadoras de riesgo
El Banco Central del Paraguay (BCP) parte de una simple premisa: Estamos en tiempos de bonanza, que son los mejores periodos para fortalecer el sistema financiero, dijo Fernando Herrero, consultor de la calificadora de riesgos Solventa, recientemente habilitada por la Comisión Nacional de Valores (CNV) para operar en el mercado local. La institución monetaria prevé disponer el aumento del capital mínimo requerido por la Ley N° 861/96 a las entidades de intermediación financiera, conforme a los términos de su artículo 11º, según el siguiente detalle: Bancos: G. 50.000 millones (actualmente es de G. 25.000 millones). Entidades financieras: G. 25.000 millones (hoy es de G. 12.500 millones).
En cuanto a la mora, señaló que todo depende de la actividad realizada, teniendo en cuenta que para aquellos créditos de consumo un retraso de 30 días ya podría representar una operación altamente incobrable. En tanto que las actividades comerciales, agrícolas, etc., dependen de otros factores. Herrero, que se desempeño durante tres años como intendente de inspección de la Superintendencia de Bancos (SIB), señaló con relación a las previsiones genéricas que los cambios deberían introducirse sobre un cronograma de implementación a fin de evitar trastornos o sobresaltos a determinadas empresas financieras.