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Los gastos sociales de la Itaipú fueron concebidos como una decisión administrativa para incluir erogaciones que permitieran mantener los gastos de explotación en los parámetros necesarios, de modo tal que se justificara el cálculo de la tarifa establecida en el cronograma de amortización de la deuda, cuyo vencimiento estaba previsto para 2023, año de revisión del Anexo C. En otras palabras, la tarifa ya estaba establecida y los gastos debían ajustarse para alinearse a ella.
Sin estos gastos, la deuda podría haberse amortizado mucho antes. Además, esta práctica administrativa se apartó del principio costo= tarifa, lo que subraya su carácter político y su desvinculación del Tratado.
Inicialmente, los gastos sociales fueron justificados por su supuesto potencial para contribuir con el desarrollo económico y social, pero sus elevados montos exigen un análisis crítico para evaluar si realmente cumplieron con los objetivos establecidos.
Gracias a la información disponible en la web de Itaipú, del lado brasileño, es posible analizar, incluso a partir únicamente de los presupuestos aprobados, si los gastos sociales cumplen con sus objetivos. Es cierto que podría criticarse que no se ha evaluado en detalle el destino específico de estos fondos, pero sostengo que una simple mirada a la estructura presupuestaria permite identificar patrones y comportamientos significativos. Aunque los datos disponibles solo abarcan de 2016 a 2024, estos presupuestos aprobados por el Consejo de Administración muestran tendencias claras en cuanto a las prioridades y montos autorizados para desembolsos.
Asignación de recursos: contraste Brasil-Paraguay
Los gastos de explotación se dividen en dos categorías principales: gastos de personal y otros gastos (medioambientales), incluyendo ocasionalmente erogaciones destinadas a la actualización tecnológica. Ambas márgenes de la entidad binacional tienen derecho a recibir la misma cantidad de recursos, conforme al principio de isonomía.
En los primeros años de aplicación, los presupuestos asignados a gastos de personal y sociales se distribuían equitativamente entre ambas márgenes. Sin embargo, a partir de 2019, esta práctica cambió, cada margen empezó a presupuestar de acuerdo con sus prioridades y compromisos, según se aprecia en el cuadro de abajo.
El contraste entre Brasil y Paraguay en la asignación de recursos muestra enfoques divergentes en términos de prioridades estratégicas y sostenibilidad financiera.
El caso de Brasil evidencia un cambio notable en la asignación de recursos, con una disminución sostenida en los gastos de personal y un aumento significativo en los gastos socioambientales. Este cambio de enfoque refleja la priorización de proyectos con potencial retorno a largo plazo y un enfoque más estratégico en la asignación de recursos.
Reducción de gastos de personal: las erogaciones se redujeron de US$ 265 millones en 2018 a apenas US$ 180 millones en 2024, una disminución del 32%
Aumento de gastos socioambientales: los gastos pasaron de US$ 140 millones en 2018 a US$ 843,7 millones en 2024, que representa un aumento del 500%, o cinco veces más al presupuesto.
En contraste, Paraguay también redujo sus gastos salariales entre 2019-2022, pero revirtió esta tendencia en 2023 y 2024, regresando a los niveles previos US$ 265 millones, vigentes en 2019. Este limitó el incremento de los gastos sociales, que alcanzaron US$ 724.604 millones, una cifra notable, pero inferior a los US$ 843.7 millones de Brasil en el mismo período.
Impacto del clientelismo en Paraguay
Mientras Brasil destinó recursos crecientes a iniciativas con impacto socioambiental y con potencial de desarrollo a largo plazo, Paraguay utilizó una mayor proporción de recursos en salarios, convirtiendo a Itaipú en una fuente de empleo con claros tintes de clientelismo político.
Este enfoque desvió recursos de proyectos de mayor impacto social y ambiental, perpetuó inequidades salariales -al mantener altos niveles de remuneración, que no necesariamente reflejan productividad ni eficiencia- y privó al país de oportunidades para modernizar infraestructura clave como la mejora del sistema de distribución eléctrica de la ANDE o la renovación de cableado en todo el centro de Asunción, el sistema de tranvía eléctrico, la ampliación de la Avda. Mdme. Lynch.
Esas inversiones podrían haber potenciado el desarrollo nacional y contribuido a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Paraguay no enfrenta un problema de recursos escasos, sino de mala gestión.
Futuro incierto: caducidad de los gastos sociales
La sostenibilidad de los gastos sociales se ve amenazada por su fecha de caducidad en 2027, lo que plantea serias interrogantes sobre el futuro del personal y las cargas sociales asociadas. El presupuesto de gastos de explotación 2024 incluye por primera vez un rubro de previsiones, que sugiere planes para reducir personal, un reconocimiento implícito de que el modelo actual es insostenible.
Alarma que Paraguay siga destinando recursos significativos a salarios en una usina ya depreciada, comprometiendo la posibilidad de ofrecer una tarifa energética más baja, que beneficiaría a la economía paraguaya. Es una oportunidad perdida, desperdiciada para la reinversión estratégica
La dependencia de prácticas que benefician intereses inmediatos, pero carecen de un enfoque estratégico para el futuro es la constante en el quehacer nacional. Y especial mención merece la ANDE, que sufre un “tratamiento bastardo” por parte de los tomadores de decisión, lo que genera una serie de contradicciones y desafíos críticos.
ANDE, clave pero con “tratamiento inadecuado”
La ANDE no es tratada como una entidad pública que requiere inversiones sostenidas para potenciar sus servicios. A pesar de ser una pieza clave para el desarrollo nacional, sus operaciones enfrentan limitaciones presupuestarias que dificultan la modernización del sistema de distribución eléctrica y otras áreas esenciales.
Aunque podría beneficiarse de los gastos sociales de Itaipú, estos no se destinan a fortalecer su infraestructura energética. En cambio, la actual planificación de emisiones de bonos como solución financiera agrava el problema, ya que, sin un respaldo sólido, estas solo encarecerán el precio de la energía.
En un contexto de cambio climático y creciente demanda energética, las decisiones reflejan una desconexión preocupante de las necesidades estratégicas del país. Paraguay parece que está atrapado en prácticas tradicionales, cortoplacistas, que comprometen el desarrollo futuro y la capacidad de adaptarse a los desafíos globales.
Conclusión
La política de sobreinversión en salarios en Itaipú no solo ha desviado recursos que podrían destinarse a proyectos de alto impacto social y ambiental, sino que también ha dejado de lado oportunidades críticas para fortalecer la infraestructura eléctrica del país. La ANDE, como pilar fundamental del desarrollo energético, se ve particularmente perjudicada por esta gestión ineficiente, al no recibir el respaldo económico suficiente para modernizar y expandir sus servicios.
En definitiva, la mala asignación de los recursos de Itaipú está hipotecando el futuro energético de Paraguay y reduciendo sus posibilidades de desarrollo sostenible. Para revertir esa tendencia, urge una reforma integral que reoriente esos recursos hacia un modelo que integre sostenibilidad, competitividad y equidad. Sin acciones inmediatas, la caducidad de los gastos sociales agravará aún más la situación. El tiempo de actuar es ahora.
(*) Exdirectora financiera de Itaipú Binacional.