Llegó la hora de cambiar la frase “ceder energía” por “vender energía”

El presidente de la ANDE, Ing. Félix Sosa, informó en estos días que el costo medio de la energía de Itaipú es el más elevado para el monopolio productor-transmisor y distribuidor del Estado. Según la información, el promedio del costo hasta setiembre de este año fue de US$ 27,9/MWh, mientras que la de Acaray costó US$ 26,93/MWh y la de Yacyretá US$ 22,63/MWh. Si el amable lector observa nuestros artículos anteriores verá una precisión matemática en nuestras previsiones; es decir, habíamos calculado en US$ 27,72/Mwh, el promedio de compra de la ANDE en Itaipú.

Vertedero de la  hidroeléctrica paraguayo/brasileña Itaipú en tiempos de abundancia de agua. (foto de archivo)
Vertedero de la hidroeléctrica paraguayo/brasileña Itaipú en tiempos de abundancia de agua. (foto de archivo)Gentileza

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Habíamos dicho entre las observaciones finales de la entrega anterior que el Acuerdo Operativo (AO) caducó el 31/12/2023, y así debía morir la mendicidad o la complacencia interesada. Advertíamos también que con el nuevo “Acuerdo Tarifario” se revivió el monstruo “solo para darle preferencia al Paraguay”. Tampoco nos cansaremos de repetir que, respetando el Anexo C, el Paraguay no necesita ningún AO, porque la tarifa resultante del presupuesto reducido, o sin deuda. sería accesible para las finanzas de la ANDE. Desde 2009 hasta 2024, la ANDE nunca pagó la tarifa oficial de IB, sino el mix humillante.

Habiendo reiterado estos conceptos debemos advertir otros peligros económicos-financieros; a saber:

Expertos en energía opinan que la alternativa planteada por el Gobierno, de ampliar por seis meses el plazo para la renegociar el Anexo C de Itaipú, “cae de maduro” porque nada se definió todavía (Ultima Hora 30/10/24). Si bien es prudente no cerrar el nuevo Anexo C en los dos meses restantes del año, también es prudente cerrarlo lo antes posible. Me explico. Si prolongamos el período de cierre del nuevo Anexo, solo prolongaremos nuestra agonía. Es hora de cambiar la palabra “ceder” por “vender”, agregándole el contraseguro de “precio justo” o precio de mercado. ¿Cuál es el miedo de los ingenieros de 60 Hertz o de los políticos excluyentes? Sencillo, perder los “gastos sociales” o gastos discrecionales. Si pierden eso, pierden una fuente inagotable de recursos para las próximas campañas oficialistas.

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Si no se acepta la nueva tarifa real y verdadera de Itaipú de US$ 19,38/Mwh, solo estaremos mendigando nuestra “complacencia interesada” y dejando de integrar al presupuesto de gastos de la nación (PGN) miles de millones de dólares. Es lo que quieren los políticos del nuevo cuño continuista y sectario; que el Estado pierda mientras ellos enriquecen y se perpetúan en el poder.

¿Acaso no perdimos suficiente en 40 años de generación y cesión? ¡Claro que sí! Entonces, es la hora de revertir esta postración humillante. Cuando Lugo reclamó a Lula logró 25 puntos de avance. Un cura, sin ninguna formación económica ni energética, tuvo más visión que muchos de estos “Chicago boys” que hoy se pavonean en los pasillos energéticos.

Beneficio (o pérdida) obtenido por Santi Peña:

Si la tarifa negociada en el AO del 2024 fue de US$ 19,28/Kwmes y a esta se le resta la tarifa del 2023 US$ 16,71/Kwmés, tenemos una diferencia de US$ 2,57/Kwmés.

Deduciendo: US$ 2,57 x 145.620.000 Kwmes = US$ 374.243.400, es el presupuesto inflado para el 2024. De esta cifra se extrae la parte brasileña, es decir, la mitad. Entonces: US$ 374.243.400/2 = US$ 187.121.700 sería el “beneficio” obtenido por Santi Peña.

La diferencia tarifaria entre 2023/2024, de los US$ 187.121.700, la ANDE perdió o aportó US$ 73.059.960 a razón de: 2.369 Mw (Pot. contratada) x 1.000 x 12 meses x US$ 2,57 = US$ 73.059.960; en ese sentido, el gobierno prometió devolver o si ya devolvió los US$ 73.059.960, con esta acción el negociador reconoce el perjuicio financiero ocasionado al ente estatal.

Entonces, el monto NETO de la pérdida obtenida por el AO sería de: US$ 187.121.700 - US$ 73.059.960 = US$ 114.061.740 (Ni un dólar más ni menos, ya que andamos muy precisos)

Mencionábamos también que la pérdida total ocasionada a la ANDE en el año 2024, sería de US$ 263.811.840.

Considerando una tarifa ideal de US$ 10/Kwmés que habíamos diseñado con el presupuesto real, faltaría devolver a la ANDE US$: US$ 263.811.840 – US$ 73.059.960 = US$ 190.751.880. ¿Quién pagará esta diferencia?

Llegó la hora de aplicar con energía la Ley Nº 6977 que regula la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables no convencionales no hidráulicas; y la Ley N° 7299, sobre el transporte independiente de energía eléctrica.

El año pasado, el gobierno de Peña retiró mayor cantidad de energía como una medida de presión sobre Argentina para el pago de las deudas a nuestro país por “cesión”. En poco tiempo, debido al mayor costo de la energía de la EBY en comparación con la de la IB, esa alternativa se eliminó. Veremos cómo queda el mix de IB, en relación con los demás costos.

¿Por qué la tarifa de Acaray es tan alta? Solo Dios sabe. Algunos dicen que históricamente nunca pasó los US$ 15,00 el MWh. Una usina hidroeléctrica tan vieja como Acaray ya pagó su costo hace décadas, salvo las pérdidas adquiridas por su dueña, que lo encarecen todo. De cualquier manera, no incide en el promedio ponderado de la tarifa total comprada por la ANDE.

Tal vez durante estas cinco entregas el Gobierno finalmente sopesó su “Acuerdo Operativo” firmado este año. Habrá notado que en el mediano plazo Brasil ya logró lo que quería, una tarifa baja para las próximas décadas; por consiguiente, ha perdido interés por un nuevo “Anexo C”. Nadie modifica el estado que le conviene. En estos tiempos, Brasil estará sopesando: O le regalamos los gastos “discrecionales” y obtenemos seguridad en el abastecimiento; o modificamos el Anexo C en una nueva época, sincerando los costos y reduciendo al mínimo la tarifa. Cualquiera sea la opción, para nuestro socio condómino, la Itaipú siempre fue un negocio tipo gana-gana. Jamás perdieron, solo cambiaron de un bolsillo a otro.

No somos pretenciosos, pero hemos visto algunas reacciones positivas del mundillo energético, especialmente en el sector hidroeléctrico. Esperemos que el gobierno reaccione políticamente ante estas cifras económicas que le hemos demostrado con la mayor responsabilidad técnica y ética posible. Santi Peña, como académico, sabe que no podemos ir por mucho tiempo contra la razón y la verdad.

(*) Ing. Agrónomo, Electricista y Lic en Teología. Msc en Planificación y cursante en lenguas semíticas Universidad Hebrea de Jerusalén. Ex Superintendente de Energías Renovables de IB

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