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A modo de referenciar, la reforma se enmarca dentro de lo suscrito en noviembre del año 2022, cuando el directorio ejecutivo del FMI había aprobado un programa de dos años para Paraguay en el marco del ICP.
Una herramienta que está a disposición de los miembros que no necesitan recursos financieros del mismo en el momento de la aprobación, pero buscan demostrar su compromiso con un programa de reformas, o bien acceder a financiamiento de otros acreedores oficiales o privados y coordinar el acceso a dichos recursos.
La administración de Mario Abdo Benítez había solicitado acceder al programa en un escenario donde el país continuaba recuperándose de la pandemia con shocks simultáneos, proyecciones de un crecimiento económico estancado y una tasa de inflación superior al rango fijado como meta por el Banco Central del Paraguay (BCP) para el año 2022.
De acuerdo con el ICP firmado, se apuntaba a abordar los desafíos actuales y promover la continuidad de las políticas dentro de un periodo de dos años: el último año del gobierno de Mario Abdo Benítez y el primero del entrante, en este caso de Santiago Peña.
Las iniciativas de reforma de las autoridades se basaron en tres pilares fundamentales: i) asegurar la estabilidad y resiliencia macroeconómicas mediante medidas destinadas a fortalecer los colchones fiscales y garantizar la sostenibilidad fiscal a futuro, mientras se continúa implementando una política monetaria prospectiva y basada en datos; ii) aumentar la productividad y promover el crecimiento económico impulsando reformas estructurales que mejoren la eficacia del gobierno, modernicen el sector público y mejoren el clima de negocios; y iii) mejorar la protección social y la inclusión mediante una mayor cobertura y eficiencia de los programas de asistencia social del país y la aplicación de reformas que incorporen a los trabajadores informales a la economía formal.
Al ICP que fue puesto en revisión por segunda vez en diciembre de 2023, además de una solicitud de prórroga (la conclusión del programa pasó de noviembre 2024 a noviembre de 2025), modificación de metas (déficit fiscal, gasto corriente y la deuda flotante), consulta sobre la banca de inflación, el FMI había aprobado otro programa denominado Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (SRS) y que fue solicitado por el gobierno de Santiago Peña.
En esta edición se describen algunos puntos de relevancia en el proyecto de ley de la función pública y el servicio civil, para el proceso de debate sobre sus eventuales implicancias.