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Tal vez solo se trate de “la estrategia” que conviene a los gobiernos de turno, pero que la espesa bruma de ciertos optimismos -o ingenuidades- no nos permite observarla, comprenderla, aprehenderla, porque seguimos esperando el despertar de un país, de un pueblo, que sigue convencido de que en Itaipú fue víctima de una estafa, para colmo de males con el agravante que sus gobernantes de turno hayan pretendido disimularla y hasta negarla.
La estrategia que sostuvo ese pueblo siempre fue recuperar toda la energía que le pertenece en la gran central, para utilizarla en su territorio y para exportarla genuinamente, inclusive al Brasil, ese aún cuantioso excedente en la central binacional.
Exportación real, reiteremos, con precios de mercado, y no a cambio de una supuesta compensación por la cesión de la parte de la energía que le pertenece y no puede utilizar, que nunca fue cesión, sino una simple confiscación, simple porque una vez más tuvo como cómplices a las administraciones de turno de nuestro país.
La estrategia oficial
Las diferencias que “separan” a los dos últimos gobiernos colorados del país son apenas algunos matices, mejor de porcentajes en lo concerniente a la revisión del Tratado de Itaipú.
Mario Abdo Benítez, el anterior primer mandatario del país, en el marco de una entrevista con el colega Luis Bareiro, en uno de los canales locales, aclaraba que su gobierno tardó ocho meses “para acordar una interpretación del Anexo C sobre la tarifa intermedia”.
Luego, en una especie de “sincericidio”, admitía que ese documento constitutivo del Tratado “habla de cómo se compone la tarifa”.
En el capítulo III del Anexo C, “Costo del servicio de electricidad, en ninguno de sus ocho puntos se refiere a una “salida”, intermedia.
El listado que incorpora se refiere al pago de utilidades a las partes que constituyen la entidad binacional. Utilidad sobre el capital que aportaron para la conformación de su capital inicial.
El segundo y el tercero aluden a la amortización de los préstamos que obtuvo para solventar la construcción de la “obras del siglo XX”, así como a las cargas financieras correspondientes.
En el cuarto lugar del “costo del servicio de electricidad” aparecen los “royalties”, una suerte de alquiler, mensual, que abona la entidad binacional a los países propietarios del río Paraná.
El quinto componente es otro pago que hace la binacional, en este caso a la ANDE y la sustituta de Eletrobras (ENBpar) “a título de resarcimiento de las cargas de administración y supervisión relacionadas con la Itaipú”.
El sexto componente trata del monto necesario para cubrir los gastos de explotación de la entidad binacional, en tanto que el séptimo al monto del “saldo positivo o negativo”, de la cuenta de explotación del ejercicio anterior.
El octavo y último, se relaciona con el “monto necesario” para el pago mensual de la compensación a una de las altas partes contratantes -en rigor al Paraguay- por GWh cedido a la otra parte contratante - en rigor al Brasil.
Reiteremos, una vez más que, por exótico que parezca, el parágrafo 3 del Art. XV del Tratado incluía el monto necesario para el “pago” de esta compensación, en el costo de Itaipú.
Debieron transcurrir trece años, numerosas movilizaciones, reclamos, todas en el campo ciudadano, para que esas “altas partes contratantes” se dieran cuenta de tamaña injusticia, por además de cancelar la vigencia del “justo precio” del Acta Final de Foz de Yguazú del 22 de junio de 1966, obligaba al Paraguay a autocompensarse.
El 28 de enero de 1986, mediante la DM/T/ N.R. N° 4, punto 3, se establece que “... el importe correspondiente a la compensación será incluido exclusivamente en la tarifa a ser pagada por la parte que consuma la energía cedida”.
No obstante, lejos se estuvo de un retorno al “justo precio” del Acta de Foz, porque la interpretación del delicado complejo “cesión/compensación: Derecho preferencial de Adquisición u obligatoriedad de ceder el excedente paraguayo solo al Brasil “, con algunos dólares de diferencia por MW cedido, sigue vigente.
Los ajustes que aplicaron entre 1986 y 1992 al valor inicial de la compensación: US$ 300/GWh, luego en el 2005 y, finalmente, en 2011, elevaron la “compensación” inicial a poco más de US$ 10/MW.
Apenas US$ 4,25/MWh
Si exploramos los registros existentes en busca del promedio por MWh que pagaron a nuestro país en los 40 años y tres meses de generación de la central, descubriremos que fue de apenas US$ 4,27/MWh (vea el gráfico correspondiente).
“Nosotros conseguimos la interpretación de la tarifa intermedia, que ellos consiguieron -el gobierno de Santiago Peña- más... está muy bien, pero también ellos se comprometieron en un documento -acta de entendimiento de mayo de 2024- que en 2027 se aplica el 100% del Anexo C”, insistió Abdo Benítez en la entrevista.
¿A qué salida intermedia se refería? Trascendió que esos ocho meses de discusiones con el Gobierno de Jair Bolonaro -luego de Lula-, y el de Abdo Benítez sirvieron para encontrar una tarifa intermedia entre la propuesta paraguaya, que fue la más alta, y la del Anexo C.
El 29 de febrero de 2023, la entidad binacional terminó de pagar la deuda que había contraído para construir la represa, equipar la central, etc., hasta el 2019, el peso de la amortización y de las cargas financieras representaba aún el 61% del costo de Itaipú. Por consiguiente, ese costo se redujo a US$ 8,9/MWh. No obstante, las altas partes de entonces decidieron abandonar esos ocho meses de controversias a través de una salida intermedia: US$ 16,71/KWmes.
En el capítulo IV, Ingresos, punto 1, del Anexo C aún vigente, se establece que “el ingreso anual, derivado de los contratos de prestación de los servicios de electricidad, deberá ser igual cada año al costo establecido en este anexo”.
Santiago Peña y su equipo agrandó el tamaño de la salida intermedia al decidir, inclusive luego de más de ocho meses de desencuentros con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, al optar la tarifa de US$ 19,28/KWmes, que según el mandatario del período presidencial anterior, hará que ingresen al país uno 140 millones más hasta el 2027.
¿Hubo un retorno a los carriles del Tratado con Santiago Peña? No, todo lo contrario, acentuaron el peso o el costo de esa salida.
En el punto y del Acuerdo del Entendimiento entre Santiago Peña y da Silva se lee que “después del ejercicio 2025, las altas partes se comprometen a aplicar una tarifa que se refiere únicamente al costo estricto de operación de la entidad binacional previsto en el Anexo C del Tratado de Itaipú, sin incluir costos discrecionales”.
¿Sincericidio o cinismo pos verdad?, firmaron un documento que admite la admisión de una tarifa que incluye factores extraños a la operación de la entidad binacional y que transgredieron el punto IV.1 del Anexo C, con “costos discrecionales”.
En otras palabras, con el Acuerdo de mayo pasado, los gobiernos de Santiago Peña y Lula da Silva ya revisaron puntos del Anexo C sin que hasta la fecha, casi tres meses después de que los firmasen, lo hayan remitido a la consideración de los Legislativos.
Lo sorprendente, al menos en Paraguay, es que los legisladores no hayan exigido al Ejecutivo que cumpla con esa obligación constitucional.
9,6%
Hasta julio de este año, el Paraguay pudo aprovechar solo 9,6% de la producción acumulada de Itaipú. Brasil se benefició nada menos que con el 90,4%.
Cesión
De la energía paraguaya en la central binacional 1.511.250 GWh, el mercado paraguayo utilizó 291.770 GWh (19,3%) y cedió al Brasil el 80,7%.
4,3/MWh
“Compensación” al Paraguay: US$ 5.205.800.000
Cesión de energía: 1.219.408 MWh.
Promedio abonado: US$ 4,27/MWh
Revisión
El Acuerdo de Entendimiento mayo último “revisó” partes del Anexo C; sin embargo, no las envió hasta hoy a la consideración del Poder Legislativo.