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En tal sentido se recapitulaba que en noviembre de 2022, el directorio ejecutivo del organismo internacional aprobó un programa de dos años para Paraguay en el marco del Instrumento de Coordinación de Políticas (ICP).
Se trata de una herramienta que está a disposición de los miembros del organismo que no necesitan recursos financieros del mismo en el momento de la aprobación, pero buscan demostrar su compromiso con un programa de reformas, o bien acceder a financiamiento de otros acreedores oficiales o privados y coordinar el acceso a dichos recursos.
El programa contempla tres pilares fundamentales: i) asegurar la estabilidad y resiliencia macroeconómicas mediante medidas destinadas a fortalecer los colchones fiscales y garantizar la sostenibilidad fiscal a futuro, mientras se continúa implementando una política monetaria prospectiva y basada en datos; ii) aumentar la productividad y promover el crecimiento económico impulsando reformas estructurales que mejoren la eficacia del Gobierno, modernicen el sector público y mejoren el clima de negocios y iii) mejorar la protección social y la inclusión mediante una mayor cobertura y eficiencia de los programas de asistencia social del país y la aplicación de reformas que incorporen a los trabajadores informales a la economía formal.
Al Instrumento de Coordinación de Políticas, el FMI había aprobado otro programa denominado Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (SRS) y que fue solicitado por el gobierno de Santiago Peña. El mismo ofrece financiamiento asequible a largo plazo a países que lleven a cabo reformas que reduzcan los riesgos para la estabilidad futura de la balanza de pagos, incluidos los relacionados con el cambio climático y la preparación para pandemias.
Para el caso de Paraguay, el compromiso se basó en aplicar un ambicioso conjunto de reformas relacionados con el clima como: reforzar la resiliencia de las inversiones públicas, establecer una taxonomía verde, contener los riesgos climáticos para el sector financiero, preservar y ampliar la matriz de electricidad limpia del país, descarbonizar la economía, conservar los bosques y mejorar la gestión de residuos. Es de recordar que en diciembre de 2023, el ICP fue puesto en revisión por segunda vez. En este proceso se incorporó una solicitud de prórroga (la conclusión del programa pasó de noviembre 2024 a noviembre de 2025), además de la modificación de metas (déficit fiscal, gasto corriente y la deuda flotante) y la consulta sobre la banda de inflación. En el mismo sentido, a finales de junio de este año el FMI dio a conocer el documento sobre la conclusión de la consulta del artículo IV correspondiente al 2024 para Paraguay, además de la tercera revisión bajo el Instrumento ICP, la modificación de objetivos y la primera revisión del acuerdo en el marco del SRS.
Con relación al ICP mencionaron que está dando resultados positivos, aunque no se cumplieron dos objetivos cuantitativos. A decir, el tope al gasto corriente primario y al incurrimiento neto de la deuda flotante del Gobierno central.
En cuanto al programa de dos años bajo el SRS, se completaron tres de las cuatro medidas de reforma que tienen como objetivo expandir la generación de electricidad limpia y proteger los bosques. Mientras que el establecimiento de estándares de eficiencia energética requerirá un proceso de consulta más extenso con el sector privado, referían desde el FMI.
Igualmente, el organismo aprobó para el país el máximo de los Derechos Especiales de Giro (DEG) 302,1 millones (150% de la cuota) o su equivalente a alrededor de US$ 400 millones, siendo Paraguay el primer país sudamericano en obtener acceso al SRS (Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad). El préstamo fue otorgado bajo las siguientes condiciones financieras: 20 años de plazo, incluyendo 10 años y medio de gracia, y tasa de interés que, sumando el margen de 95 puntos básicos sobre la tasa de DEG y 50 puntos básicos por comisiones, se sitúa actualmente en torno a 5,46% anual, precisaron desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).