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En la teoría macroeconómica, el efecto multiplicador dentro de la economía se refiere al impacto en el Producto Interno Bruto (PIB) real dado por el incremento en las inversiones, el gasto público o privado, entre otros vinculados. Así, el efecto multiplicador se constituye en un estimulador de la actividad económica, especialmente, en periodos recesivos.
En tal sentido, la incidencia del sector de la construcción en el PIB se ve reflejada en el comportamiento de la evolución de este componente en la economía, que genera miles de puestos de trabajo y realiza importantes apuestas en el país (compra de maquinarias, insumos, capacitación de personal, etc.).
En los últimos años, Paraguay vino invirtiendo de manera importante en proyectos de infraestructura. Pese a la dinámica, el déficit de infraestructura en el país se ubica entre US$ 21.000 millones a US$ 36.000 millones, de acuerdo con estimaciones realizadas por varios organismos internacionales.
Datos de infralatam.info revelan que, en casi 15 años, la inversión pública en infraestructura económica (agua, energía, telecomunicaciones y transporte), en promedio, ha sido de 1,75% del Producto Interno Bruto (PIB) de Paraguay.
Desde el 2019, cuando eventos adversos golpearon a la economía del país, el Gobierno impulsó una política contra cíclica que se vio reflejada con un ambicioso plan de inversiones de US$ 1.003,7 millones, tras niveles de inversión en torno a US$ 600 millones. La fuerte apuesta continuó en los años de la pandemia y posterior a ella con el inicio de una desaceleración a partir de 2023, tal como se observa en la infografía.
En tal contexto, Paraguay debería invertir en infraestructura nueva y en mantenimiento de diferentes sectores alrededor de US$ 24.000 millones en la próxima década para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS), precisa un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Sin embargo, otros organismos señalan que para cerrar la brecha en un escenario para el 2030, el país debe llegar a una inversión de aproximadamente US$ 35.000 millones, con una mayor asignación de recursos para obras vinculadas al transporte (vial, aéreo, fluvial, ferroviario), seguido de agua y saneamiento, viviendas, energía eléctrica y salud.
¿Qué ha pasado con el financiamiento?
Desde el Ministerio de Obras y Públicas y Comunicaciones (MOPC) habían presentado el Plan de Infraestructura Vial 2028, que contempla una inversión de unos US$ 5.500 millones, alrededor de 4% del PIB.
La dinámica de ejecución del plan se enfrenta a varios factores adversos, pero, principalmente, al relacionado con la fuente de financiamiento, tal como se observó en 2023, al considerar el acuerdo que suscribió Paraguay con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que, entre otras aristas, contempla converger el déficit fiscal al 1,5% del PIB establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF). El cumplimiento de este compromiso generó un impacto en la dinámica de la inversión en proyectos de infraestructura.
A modo de contextualizar, previo al año 2013, la inversión física (construcciones, adquisición de inmuebles y maquinarias) no formaba parte de los principales pilares de acciones de los gobiernos, lo que permitió que las cuentas públicas gozaran, por años, de superávit, es decir, los ingresos eran mayores a los gastos y servían básicamente para mantener el aparato estatal.
Con el aumento salarial, en promedio, de 38% otorgado a los funcionarios en el 2012, se inició lo que sería un déficit estructural y, por ende, escaso o nulo espacio fiscal para impulsar las inversiones en obras, lo cual llevó a la búsqueda de nuevas alternativas de financiamiento. Así, los recursos captados a través de la emisión de bonos soberanos se convirtieron en el principal modelo de financiamiento entre 2014 y 2016, cuando el modelo comienza a mostrar sus primeros signos de agotamiento.
De hecho, los datos del Ministerio de Economía han mostrado cómo la composición de la fuente de financiamiento en la inversión física de la Administración Central experimenta una reconfiguración. Los recursos del tesoro o Fuente 10 que solventaban los proyectos de infraestructura van en clara reducción, siendo claramente reemplazados por fondos obtenidos mediante la colocación de los títulos en el mercado internacional, así como por préstamos obtenidos de organismos multilaterales. La reconfiguración permitió al Estado ampliar programas sociales, financiar algunos reajustes en la planilla salarial y otros planes de Gobierno.
En los últimos años se registra una disminución en el componente del financiamiento de inversión física con bonos, debido a que los recursos son destinados, en gran medida, a la amortización de capital con organismos multilaterales. En efecto, este mecanismo comienza a ser utilizado como principal estrategia para ampliar el espacio fiscal con recursos genuinos. De esta manera, se descomprime el gasto corriente generado por el pago de capital, además de que el nivel de deuda pública no sufre aumentos significativos.
Los acontecimientos mencionados anteriormente entre los años 2019 y 2022 provocaron un aceleramiento de la deuda pública, motorizado por agresivos planes de contención económica. Antes del Gobierno de Santiago Peña, la reducción del margen, las condiciones financieras internacionales poco favorables registradas desde el año 2022 y arrastradas en 2023 habían complejizado las posibilidades de financiamiento de las economías de todo el mundo y Paraguay no estuvo ajeno a tal escenario.
Factores que frenan las inversiones
En 2023 con la actual administración se contempló la deuda que el Estado mantenía con los sectores farmacéuticos y de la construcción, por lo que el déficit fiscal para ese ejercicio fue superior a lo previsto por el gobierno anterior y obligó a extender el plazo de convergencia para el año 2026. En este sentido, en la última visita del FMI, previó que el déficit fiscal caiga sustancialmente al 2,6% del PIB en 2024, en línea con el objetivo de las autoridades de volver a converger para el 2026 al techo de déficit.
El ajuste correspondiente se lograría mediante una reducción del gasto en inversión (con la finalización de grandes proyectos de construcción de carreteras) que podría ser amortiguada por ingresos no tributarios adicionales provenientes de Itaipú y una mejora en la recaudación de impuestos, la que ha aumentado fuertemente en los primeros meses de 2024. En efecto, ambas situaciones se han registrado en los últimos meses; sin embargo, el desarrollo de la infraestructura en Paraguay no debe seguir supeditado a factores adversos. Por lo que es imperiosa la necesidad de potenciar instrumentos de inversión ya vigentes y que involucran al sector privado. Ello, teniendo en cuenta que los recursos del Estado o los préstamos seguirán siendo insuficientes para la importante brecha de infraestructura existente en el país.
Plan
Desde el MOPC habían presentado el Plan de Infraestructura Vial 2028, que contempla inversión de unos US$ 5.500 millones, cerca del 4% del PIB.
Déficit
En su última visita, el FMI previó que el déficit fiscal caiga sustancialmente al 2,6% del PIB en 2024, en línea con el objetivo de las autoridades.
