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La Caja Fiscal, administrada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), está conformada por seis sectores: empleados públicos, magistrados judiciales, docentes universitarios, militares, policías y maestros.
Los datos oficiales al mes de abril indican que cuenta con 226.769 contribuyentes, que son los funcionarios activos de las diversas instituciones públicas que aportan mensualmente el 16% de sus ingresos, a fin de financiar los haberes de 64.234 jubilados y 11.770 herederos o pensionados.
Los ingresos obtenidos en aportes y otros conceptos desde hace años ya no alcanzan para cubrir la jubilación y ese saldo rojo se financia, por un lado, con las reservas del sector superavitario y, por otro lado y en su mayor parte, con recursos del Tesoro Público provenientes de los impuestos que paga la ciudadanía. En ese contexto, el Estado ya inyectó desde 2010 en adelante US$ 1.295 millones para cumplir con las jubilaciones de funcionarios.
Primero la ley de la función pública
El ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, reiteró recientemente que la situación financiera de la Caja Fiscal es insostenible, pero que el proyecto de modificación del sistema será puesto a consideración del Congreso una vez que termine el proceso de aprobación de la ley de la función pública y carrera del servicio civil.
Actualmente, el referido proyecto de ley está en proceso de discusión con los sectores afectados y demandaría su tiempo, pero el gobierno con la mayoría que tiene en el Parlamento podría acelerar su aprobación y empezar a abocarse a la Caja Fiscal, como lo hicieron con la ley que crea la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones.
La ley de jubilaciones, sin embargo, aún cuando fue rápidamente aprobada a pesar de la oposición, sigue sin ser implementada debido a que no se logra conformar el Consejo de Seguridad Social, en lo que respecta a los representantes de jubilados y de los trabajadores.
Separar la Caja del Tesoro y ajustar aportes
El economista y exministro de Hacienda, César Barreto, sostiene que la Caja Fiscal debe separarse del MEF y convertirse en un ente autónomo, que se autofinancie con los aportes de los funcionarios activos en cuantía suficiente para pagar las jubilaciones y pensiones de los actuales y futuros jubilados.
A su criterio, esta separación debe implementarse de manera gradual por la deficitaria situación, pero ajustando los parámetros de aportes y de jubilaciones para alcanzar esta autosuficiencia a mediano y largo plazo, a fin de reducir gradualmente en un corto plazo los requerimientos de recursos tributarios.
Barreto reiteró igualmente que esta reforma es prioritaria para otorgar previsibilidad a las finanzas públicas, ya que la situación financiera es insostenible porque sus parámetros fundamentales de edad de jubilación, años de aporte y el beneficio que promete están absolutamente desfasados.
Regímenes especiales perforaron la reforma
En 2003, durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, y estando como ministro de Hacienda Dionisio Borda, se llevó adelante la reforma de la Caja Fiscal mediante la Ley N° 2345. Con la implementación de la referida normativa mejoró la situación financiera de la entidad hasta 2012, pero luego volvió a deteriorarse con la aprobación de diferentes regímenes especiales desde 2007 a 2022 que otorgaron jubilaciones de privilegio para diferentes sectores.
Borda señaló que en 2003 se logró revertir el déficit operativo y reducir la gran asimetría de beneficios existentes entre los seis sectores, incrementando el aporte de 14% a 16% y frenando los privilegios de las fuerzas militares, policiales, magisterios, frente a las cajas de magistrados judiciales, docentes universitarios y funcionarios públicos. A su criterio, el creciente déficit que acumula la Caja Fiscal es insostenible e injusto, porque esa diferencia se financia con los impuestos pagados por los contribuyentes que en su mayoría no tienen seguridad social.
Los nuevos regímenes que perforaron la ley de reforma desde 2007 en adelante incluyen a enfermeros; obstetras; médicos, odontólogos, bioquímicos y psicólogos del Ministerio de Salud Pública, médicos de todos los organismos y entidades del Estado y empresas públicas, docentes en educación inclusiva, agentes de la Patrullera Caminera, guardaparques y trabajadores con discapacidad de la función pública, psicólogos y luego ampliado a psicólogos de todos los organismos y entidades del Estado.
Borda sostiene que urge la reforma de la referida entidad previsional del sector público para detener la sangría del Tesoro y para emparejar la cancha entre los seis sectores que conforman la entidad, con cambios paramétricos, de porcentajes de aportes, años de aportes, edad de jubilación, montos cobrados, entre otras modificaciones.
Subsidio
El subsidio a la Caja Fiscal suma casi US$ 1.300 millones, fondos que provienen de la recaudación de los impuestos que paga la ciudadanía en general.
Reforma
La reforma de 2003 permitió mejorar la situación financiera de la Caja Fiscal, pero con la aprobación de regímenes especiales de nuevo volvió el déficit.