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Antes de ahondar en las implicancias económicas de las decisiones políticas que atentan contra la estructura legislativa, es importante repasar algunos conceptos.
Para el World Justice Project (WJP), el Estado de derecho es un sistema duradero de leyes, instituciones, normas y compromiso comunitario que ofrece: rendición de cuentas, leyes justas, gobierno abierto y justicia accesible. En el mismo sentido, un Estado de derecho efectivo reduce la corrupción, combate la pobreza y las enfermedades y protege a las personas de injusticias grandes y pequeñas. Además, apuntala el desarrollo, la rendición de cuentas de los gobiernos y el respeto de los derechos fundamentales, y es la base de las comunidades de justicia, salud, oportunidades y paz.
La organización presenta desde el año 2009 el Índice Global de Estado de Derecho, que actualmente abarca 142 países y jurisdicciones. Se basa en más de 149.000 encuestas a hogares y 3.400 encuestas a profesionales y expertos del derecho para medir cómo se vive y se percibe el Estado de derecho en todo el mundo.
El Índice Global de Estado de Derecho 2023, que es utilizado por los sectores público y privado para evaluar y abordar las deficiencias del Estado de derecho, concluye que este retrocedió a escala global por sexto año consecutivo.
Desde 2016, el Estado de derecho ha caído en 78% de los países evaluados. El factor del Índice Global de Estado de Derecho que más disminuyó entre 2016 y 2023 es el de los derechos fundamentales, en el 77% de los países. En los últimos siete años, la puntuación del factor de Límites al Poder Gubernamental ha descendido en 74% de los países. Dos tercios de los países (66%) han visto descender su puntuación en el Índice en el factor de justicia civil en 2023, frente al 61% en 2022.
Entre los mayores retrocesos figuran: la administración de justicia y el debilitamiento de la aplicación de la ley. Mientras tanto, las puntuaciones del factor de justicia penal también cayeron en un número ligeramente superior de países en 2023 (56%) que el año anterior (55%).
En palabras de William H. Neukom, cofundador y presidente del WJP, “el mundo sigue inmerso en una recesión del Estado de derecho caracterizada por la extralimitación del Poder Ejecutivo, la disminución de los derechos humanos y los sistemas judiciales que no satisfacen las necesidades de la población. Las personas de todo el mundo están pagando el precio”.
En esta edición se describes y analizan las implicancias económicas de la debilitada institucionalidad en el país.