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El análisis se centró en los datos extraídos y procesados del anexo del personal de ambas cámaras del Congreso Nacional.
A modo de referenciar y de acuerdo con información disponible en el portal digital del Poder Judicial de Paraguay, las formas que adopta la corrupción son: a) El fraude: que consiste en la utilización deshonesta de los recursos públicos y la comisión de actos ilegales para beneficio personal; b) El abuso del poder: el poder que tiene una persona que ocupa un cargo público proviene de la investidura del cargo, el cual confiere prerrogativas especiales y el acceso privilegiado a determinados recursos como vehículos, información, etc. El uso inapropiado, ilegal y antiético de este poder constituye un acto de corrupción que se denomina abuso de poder y puede adoptar, a su vez, diversas formas tales como: -nepotismo, que consiste en la contratación de familiares, para cargos públicos, sin mecanismos de selección apropiados; conflicto de intereses, es decir, cuando en el ejercicio de un cargo, ante determinados actos administrativos, colisionan los intereses personales con los institucionales propios del cargo. Además, se encuentra la figura del clientelismo, que se basa en la contratación de amigos y correligionarios con el objetivo de constituir clientelas políticas leales a determinadas personas o posiciones políticas.
c) El desperdicio de los recursos públicos: se produce a raíz de prácticas, sistemas o controles ineficientes e ineficaces que imponen costos innecesarios al Estado.
En cuanto a su impacto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que la corrupción se lleva más del 5% del Producto Interno Bruto mundial. “De los aproximadamente US$ 13 billones de gasto público mundial, hasta el 25% se pierde a causa de la corrupción”, remarcaban desde la ONU.
En Paraguay, no se cuenta con datos acabados sobre el costo de la corrupción. Sin embargo, el procesamiento y análisis de algunas informaciones de carácter público disponible permiten dimensionar, parcialmente, lo que representa el abuso de poder en el país.
Tal como se compartía en la entrega anterior, la creación de cargos en el sector público ha ido aumentando de manera sostenida en la última década. De manera excepcional, en el 2017 no se realizaron cambios, debido a que rigió el mismo Presupuesto General de la Nación del año 2016 por el veto presidencial dado en aquel año al PGN 2017.
Los datos oficiales revelan que en los últimos 10 años se incluyeron 26.536 cargos más en los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. A decir, de 209.434 cargos registrados en 2014, al cierre de 2023 la cantidad se ubicó en 235.970.
Al desagregar se observa que en el Ejecutivo se incrementaron 21.700 cargos; en el Legislativo, 766, y en el Judicial se crearon 4.070 nuevos cargos en el lapso mencionado anteriormente.