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En esa ocasión se referenciaba un estudio del Banco de Desarrollo para América Latina (CAF) denominado “Los sistemas de pensiones y salud en América Latina: Los desafíos del envejecimiento, el cambio tecnológico y la informalidad”, en el que se recordaba que los sistemas de pensiones tienen como objetivo, por un lado, permitir a las personas contar con ingresos luego del retiro a cambio de realizar aportes durante su vida laboral y, por otro, evitar situaciones de pobreza en la vejez.
En un contexto de envejecimiento, estos esquemas adquieren cada vez mayor importancia para el bienestar, pero, a su vez, implican importantes retos para la sostenibilidad fiscal de los países (mayor gasto y un menor ingreso agregado de los sistemas de pensiones; por tanto, mayores desafíos para las finanzas públicas).
Se señalaba que, a casi cuarenta años desde que se iniciaron las reformas al estilo chileno, la región se encuentra de nuevo ante una situación preocupante. Se vislumbran serios problemas en el horizonte que conllevan acciones políticas desafiantes y soluciones técnicas costosas.
En la misma línea, en Paraguay, la Caja Fiscal es un programa que genera preocupación, al considerar el agravamiento del sistema y con implicancias importantes, desde hace años, en las finanzas públicas. La Dirección de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Economía y Finanzas o Caja Fiscal no es una caja previsional, sino un programa presupuestario. Esto, partiendo de que una entidad recoge aportes y los rentabiliza en su totalidad con el objetivo de cumplir con sus obligaciones.
La Caja Fiscal está compuesta por dos sectores: el civil, que está conformado por los empleados públicos, magistrados judiciales, docentes universitarios, además de maestros del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y el no civil: por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
El Fondo Monetario Internacional (FMI), en un informe pasado, alertaba sobre la situación actuarial de las principales cajas previsionales públicas de Paraguay. El estudio señalaba que el desfinanciamiento de la Caja Fiscal es el de mayor urgencia por su tamaño y porque ya se encontraba atravesando por un importante déficit. En el mismo sentido, advertía que la falta de medidas correctivas y la materialización de un pasivo contingente para el sector público como son los déficits de las cajas previsionales públicas, generarían problemas de equidad, atendiendo la importante proporción de población no cubierta por la seguridad social.
De acuerdo con los datos oficiales compartidos en la citada edición, la Caja Fiscal arrastraba un déficit importante desde el 2015. Si se considera años atrás, desde el 2008 hasta el 2010, el descalce ha sido en promedio de G. 100.000 millones anuales. En tanto que en el 2011 se recuperaba obteniendo superávits de
G. 160.000 millones en promedio hasta el 2014, pero a partir de 2015, el desequilibrio no ha podido revertirse. Tal es así que, si se considera la última década, el Tesoro Público ha cubierto el déficit acumulado que arrastra el sector no civil por aproximadamente US$ 1.200 millones provenientes de los ingresos tributarios.
Cálculos y pronósticos realizados por el Ministerio de Economía y Finanzas mostraban que desde el 2021 y hasta el año 2029, se profundiza el déficit de los programas contributivos del sector civil y no civil de la Caja Fiscal, siempre que no se lleven a cabo reformas que reviertan el desequilibrio.
La entrega de esa edición concluía con que la insostenibilidad de la Caja Fiscal no solo está afectando a los sectores del mismo programa, sino que se va extendiendo a toda la población, ya que como se ha mostrado, parte de los ingresos tributarios se destinan a cubrir el déficit. Así, se reduce la capacidad del Estado de intervenir en proyectos de impacto socioeconómico. Por tanto, la situación y perspectivas del sistema de pensiones del sector público muestran números poco alentadores que llaman con urgencia a la implementación de reformas estructurales.
Además, la estabilidad macroeconómica y fiscal se encuentran en zona de riesgo, teniendo en cuenta que un eventual incumplimiento de las obligaciones del Estado impactaría en la imagen país con sus innumerables consecuencias. Por todo ello, la consigna debe ser impulsar profundas reformas basadas en condiciones y reglas homogéneas, que simplifiquen no solo el funcionamiento del esquema de jubilación pública, sino de todo el sistema de pensiones en Paraguay, se remarcaba en la ocasión.