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De esta manera surgió el escándalo del subsidio a pasajeros fantasma. La indignación ciudadana fue tal que usuarios del transporte público se asociaron y crearon la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana (Opama). El rechazo ciudadano ante las reguladas del transporte y el sostenido aumento de desembolsos a los transportistas obligaron al entonces presidente de la República Mario Abdo Benítez a prescindir de su viceministro de Transporte, Víctor Sánchez Chamorro.
Además, el Ejecutivo ordenó intervención de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) -hoy Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)- y de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). La primera, para aclarar si se subsidió más por cada pasaje vendido, por lo que entonces debieron tributar más, y la otra, para conocer el por qué no se alertó del aumento de la cantidad de pasajeros con el centro de monitoreo del billetaje, considerado el “cerebro” del cobro electrónico (proceso que sigue abierto).
A casi un año del inicio de esa pesquisa, esta semana se dieron a conocer algunos informes conclusivos de la DNIT, que tuvo a su cargo fiscalizar las declaraciones del Impuesto a la Renta de los años 2020, 2021 y 2022 de las empresas de transporte. La DNIT identificó que 20 de 35 concesionarias presentaban anomalías, que consistían principalmente en que los ingresos reportados al momento de cobrar subsidios (que es por cada pasaje vendido) no coincidían con lo declarado al momento de tributar. Es decir, de acuerdo a cuál institución se dirigía, presentaba o no solvencia económica. A la fecha, DNIT reportó que una firma mantiene el Registro Único del Contribuyente (RUC) bloqueado por no facilitar informes, tres casos fueron finiquitados durante la investigación; cinco reconocieron las faltas por una base imponible de G. 5.666 millones, por lo que el ente les reclama más de G. 600 millones en impuestos. Estas compañías habían declarado pérdidas fiscales en sus declaraciones impositivas.
Otras cinco concesionarias siguen todavía bajo fiscalización, pues la DNIT reclama tributos por una base imponible de G. 4.501 millones, y de las empresas algunas reconocen y otras no, por lo que siguen abiertos los procesos. En el caso de otras seis firmas también continúa la causa en proceso debido a llamativos informes sobre anomalías en declaración de combustible y repuesto.
El titular de la DNIT, Óscar Orué, no pudo precisar cuándo cerrarían los casos pendientes ni identificó a las empresas, alegando impedimento legal.
Al ser requerido sobre la implementación de nuevos mecanismos para impedir que se repita esta situación, mencionó que están trabajando coordinadamente con el Viceministerio de Transporte (VMT).
G. 600 millones
G. 600 millones en impuestos reclama la DNIT tras fiscalizar a los transportistas. El monto podría aumentar al cerrar los casos todavía pendientes.