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Destaca el informe que a diciembre último los ingresos en concepto de aportes, multas, cargos vacantes, saldo no devengado, aporte Ley N° 6085, 20% del primer sueldo, diferencia salarial y 4% de licencia sumaron poco más de G. 3,6 billones (US$ 494,6 millones al cambio vigente). En tanto que los gastos realizados en ese mismo periodo, sin embargo, totalizaron más de G. 4,7 billones (US$ 650,4 millones), lo que arroja un déficit superior a los G. 1,1 billón (US$ 155,8 millones) y equivale al 24%. Hasta el ejercicio 2022 el sector de docentes universitarios venía registrando superávit, pero en este último año cayó igualmente en déficit.
Composición de la caja
La Caja de Jubilaciones del sector público administrada por el MEF está compuesta por seis sectores: empleados públicos y magistrados judiciales, que registran superávit de 84% y 22%, respectivamente; los docentes universitarios, militares, policías y maestros, con déficit de 2%, 73%, 63% y 39%, respectivamente.
El saldo rojo en la Caja de Jubilaciones se arrastra desde 2015 y viene creciendo anualmente, pero a pesar de esta situación hasta ahora poco o nada se avanzó en las reformas que requiere para evitar su colapso.
La mayor parte del déficit que surge de la diferencia entre los ingresos registrados y el pago de los haberes jubilatorios y pensiones se financia con los impuestos que abona la ciudadanía en general. En ese sentido, tanto el saldo rojo de docentes universitarios como de maestros se cubre en parte con los fondos superavitarios del sector empleados y magistrados, lo que reduce las reservas; mientras que la totalidad de las fuerzas públicas con impuestos. El saldo negativo 2023 es mucho mayor si se le suma el aporte que realiza el Tesoro Público en concepto de cargos vacantes, que también se financia con los impuestos, que el año pasado sumó G. 714.562 millones (US$ 97,6 millones). De este modo, el déficit aumenta a G. 1,8 billones (US$ 253,3 millones).
Nuestro diario consultó al respecto con el economista y exministro de Hacienda César Barreto, quien dijo que desde hace muchos años se viene alertando sobre la insostenibilidad del modelo de financiamiento de la Caja de Jubilaciones y Pensiones o Caja Fiscal y, dadas sus implicancias en las finanzas públicas, refiere que la reforma debería ser una prioridad para el Gobierno.
El exministro agregó que en los últimos años se sigue observando una tendencia de déficit creciente de la Caja Fiscal y que desde hace muchos años repetidamente se viene alertando de la insostenibilidad del modelo de financiamiento.
A su criterio es insostenible porque sus parámetros fundamentales de edad de jubilación, años de aporte y el beneficio que promete en términos de jubilación se encuentran absolutamente desfasados respecto a la tasa de aporte que hoy tienen algunos grupos privilegiados de funcionarios públicos, como los maestros, policías, militares y con los cambios recientes también el personal de blanco y los funcionarios judiciales.
Explicó también que las últimas proyecciones realizadas por técnicos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), hace dos años, indican que, por las razones mencionadas, el déficit de la Caja Fiscal rondaría el 1% del PIB hacia el año 2029, lo que representa alrededor de US$ 400 millones por año.
El ente jubilatorio del sector público tiene registrado al mes de diciembre 228.114 aportantes, que son funcionarios de las diversas entidades públicas de la administración central; y 74.341 beneficiarios, entre jubilados, herederos y pensionados.
Público
Ente jubilatorio del sector público tiene registrados a diciembre 228.114 aportantes, funcionarios de diversos entes y a 74.341 beneficiarios, entre jubilados, herederos y pensionados.