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En aquella edición se mencionaba que a semanas de que asuma la nueva administración habían surgido una serie de iniciativas de leyes que apuntaban a transformar la estructura de varias dependencias del Estado.
La reconfiguración del funcionamiento de entidades claves generaron posiciones dispersas, al considerar que el paquete de reformas fue presentado con celeridad y sin debate previo alguno.
El saliente gobierno dejaba pendiente varias propuestas de modificaciones como la Ley de Reforma “De la función pública y la carrera del servicio civil”, basándose en la transparencia, integridad, idoneidad, meritocracia, imparcialidad y la eficiencia. Además del proyecto de ley de fortalecimiento de la institucionalidad fiscal, o Ley de Responsabilidad Fiscal 2.0, una reforma de actualización de la regla fiscal vigente que define la hoja de ruta de consolidación de la disciplina fiscal pospandemia, priorizando el gasto en inversión pública e incorporando un límite a la deuda pública.
Igualmente, incluye la creación de un Fondo Soberano de Estabilización, da rango de ley al Consejo Fiscal Asesor (CFA), e incluye la obligación de que el Ministerio de Hacienda elabore un informe técnico sobre todo proyecto de ley que implique un impacto fiscal (Banco Interamericano de Desarrollo –BID–).
El proyecto de Superintendencia de Pensiones era otra propuesta normativa que no pudo prosperar durante la administración de Mario Abdo Benítez y que formó parte del paquete de proyectos del gobierno de Santiago Peña. En esta entrega se referenciaba que casi a finales de junio, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que creaba la “Dirección Nacional de Ingresos Tributarios”, una propuesta que consistió en la fusión de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).
Al conjunto de reformas se había sumado el proyecto de ley “Que fortalece las capacidades de la Comisión Nacional de Valores para la obtención e intercambio de información y cooperación con autoridades o agencias extranjeras gubernamentales reguladoras y supervisoras de los mercados de valores y derivados”.
Al paquete de leyes se sumaron otras reformas de modificaciones como el proyecto que crea el Registro Único Nacional (RUN) y plantea la unificación de la Dirección Nacional de Registros Públicos, dependiente del Poder Judicial; el Servicio Nacional de Catastro (SNC), dependiente del Ministerio de Hacienda; y el Departamento Agrimensura y Geodesia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Además, de elevar a ministerio el Viceministerio de Minas y Energía del MOPC y que el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) y el Servicio Nacional de Salud Animal (Senacsa) queden en dependencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). En esta oportunidad se remarcaba que Paraguay precisa de reformas que permitan un reordenamiento de la estructura funcional del Estado.
Sin embargo, modificaciones como las impulsadas y las que están a la espera, ameritaban necesariamente una socialización con los sectores vinculados para una mejor y mayor focalización de los objetivos. Además del análisis presupuestario en el corto y mediano plazo.