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Ayer, sábado 13 de enero de 2024, cinco meses después del vencimiento del dilatado plazo, en una suerte de inventario de lo realizado por nuestras autoridades de turno, nada encontramos de los reclamos históricos del pueblo paraguayo al Brasil: plena disponibilidad de la energía paraguaya en Itaipú y Justo Precio por su excedente que aún hoy “cede” obedientemente al sistema eléctrico brasileño.
Recordemos, esa “cesión”, que en el complaciente léxico de nuestros gobernantes de turno figura como “exportación”, en 39 años de trabajo de la insaciable hidroeléctrica, “compensó a nuestro país”, socio en condominio y partes iguales, con apenas US$ 4,26 por MWh (1 MWh = 1000 KWh).
En esa exploración, parecida a la que realiza un profesional de la contabilidad, tropezamos con realizaciones diferentes a las reivindicaciones históricas, porque responden a urgencias que les impone la coyuntura, coherentes con la política que aplicaron las administraciones que ocuparon la cresta del poder en el Paraguay.
Nos referimos a los no muy reputados “gastos o inversiones sociales”, sobre las regalías que admite el Tratado, inclusive de la compensación, que no es tal, por las que optan las conformistas administraciones que se sucedieron en la cúpula gubernamental.
“En Itaipú perdimos una década de crecimiento económico. En vez de propiciar un Paraguay más próspero, el 70% de nuestra riqueza fue expoliada para subsidiar el desarrollo industrial del Brasil”, señalaba el doctor Miguel Carter, infatigable investigador de lo que aconteció en la relación de nuestro país con Brasil, bajo la sombra del coloso Itaipú en sus casi 40 años de producción.
La herencia abdista para el actual gobierno
En los 50 años de vigencia del actual Tratado de Itaipú, apuntábamos que en la pirámide de reclamos paraguayos al Brasil, la cúspide correspondía a la plena disponibilidad de la energía, la que aún hoy es cercenada en “energía suministrada a la ANDE” y, por consiguiente, la energía cedida a Eletrobras, sustituida por la ENBPar.
Sin embargo, el Gobierno de Santiago Peña, como si esos reclamos le fuesen extraños, acepta el legado abdista y reemplaza los reclamos de referencia por el “arreglo tarifario”.
El 1 de julio de 2023, en las pretendidas pero nunca logradas rendiciones de cuentas de los presidentes de turno, en este caso de Mario Abdo Benítez, apuntaba cuanto sigue, no solo como un informe de lo que había hecho su administración, sino también como un consejo, una recomendación a su sucesor.
“El reciente acuerdo tarifario de Itaipú permite contar con recursos adicionales por un monto de 409 millones de dólares. Con este precedente se sentaron las bases para que el Estado paraguayo cuente con otros ingresos para llevar adelante grandes inversiones. De mantenerse los términos, significarían más de 2.000 millones de dólares en los próximos cinco años para la administración entrante”.
Desafortunadamente no hubo tiempo o no quiso informar sobre el mecanismo de gestación de esos “ingresos adicionales”, si se correspondía con los mandatos del Tratado o si fue producto de la creatividad de la diplomacia de los directores y consejeros de turno de la entidad binacional.
Tampoco especificó si esos US$ 409 millones los canalizó hacia el Presupuesto de Gastos de la Nación, un mandato insoslayable de nuestra Constitución Nacional y, lo principal, en qué y cómo fueron gastados esos “ingresos adicionales”.
El 10 de noviembre del año pasado, medios del Brasil publicaban declaraciones del director general brasileño de Itaipú, Enio Verri, ante una comisión de la Cámara de Senadores de su país sobre el Costo Unitario del Servicio Eléctrico de la entidad binacional.
De esa publicación se infería que ellos, la parte brasileña de Itaipú, sostenía que ese costo debe mantenerse en su actual nivel, o sea, US$ 16,71 por KWmes y, lo llamativo para esa fecha, que el Paraguay quiere “negociar al alza” el valor del CUSE, queriendo volver a los niveles anteriores”.
Si por niveles anteriores se entiende el del 2022, recordemos que la tarifa que rigió en ese ejercicio fue de US$ 20,75 por KWmes. y en 2021 US$ 22,60 por KWmes. En otras palabras, de las afirmaciones del Sr. Verri se concluye que el Gobierno de Santiago Peña busca que el CUSE, en la más benigna de las pretensiones, “se plante” en US$ 20,75 por KWmes y Brasil en US$ 16,71 por KWmes y que esa es la razón por la cual la binacional, pese a lo avanzado del primer mes del 2024, carece aún de presupuesto y que ya exhibe atrasos con sus funcionarios y “fornecedores”.
En los primeros días de este mes, de nuevo en la prensa del vecino país nos enteramos de la irrupción del director general de la Aneel, uno de los organismos reguladores del sector eléctrico, Sandoval Feitorsa, “y otros”, criticando la tarifa de Itaipú, que podría ser reducida hasta cerca de US$ 10 por KWmes “si no fuese por los gastos no relacionados con la generación de energía”.
El 28 de febrero del año pasado, la entidad paraguayo/brasileña, por medio de sus entonces directores generales, anunciaba la cancelación de su deuda, que alcanzó los US$ 63.000 millones, según el informe oficial.
Reiteremos que el peso de su deuda rondaba el 60% de su costo, por lo que, al cancelarla, esa canasta experimentó un fuerte aliviorable. Esa es la razón por la cual el Sr. Feitosa de la Aneel hablaba de US$ 10 por KWmes; claro, si no se incluyen los gastos que no tengan relación con la generación de energía.
Entonces, inclusive los US$ 16,71 por KWmes incorporaban ya un sobrecosto de casi US$ 8 por KWmes y esa práctica explicaba los US$ 409 millones de “ingresos adicionales” a los que Mario Abdo Benítez se refería el 1 de julio del año pasado. Claro la parte brasileña se alzó con otros US$ 409 millones, se supone.
En 2022 y 2023, el “arreglo” binacional consistió en una salida intermedia, ni la propuesta paraguaya ni la propuesta brasileña sino US$ 20,75 y 16,17 por KWmes, a las que bautizaron como “salida intermedia”. Estimamos que una fórmula parecida desbloqueará este año el camino no solo hacia la definición de la tarifa 2024, sino también el que desembocará en la revisión del Anexo C y, por ende, a un retorno a las reivindicaciones históricas y justas para el Paraguay.
No obstante, tememos que la presente administración del país, también en la mesa de la revisión del Anexo C que habrá de instalarse, suponemos este año, en vez de revisar o enmendar las injusticias del Tratado intente negociar un “arreglo tarifario” de largo plazo.
Legado
El Gobierno de Santiago Peña acepta el legado abdista y reemplaza los reclamos históricos de referencia por un “arreglo tarifario”, que sería de largo plazo.
¿Arreglo?
Tememos que la actual administración, que también en la mesa de la revisión del Anexo C, busque un “arreglo” de largo plazo y no la enmienda del Anexo.