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El referido proyecto del Poder Ejecutivo fue elaborado sobre la base de un crecimiento económico del 3,8%, inflación del 4%, tipo de cambio a G. 7.366 por dólar, déficit fiscal de 1,5%, pero con autorización para cerrar el año con saldo rojo en 2,6% del Producto Interno Bruto (PIB).
La recaudación impositiva se estima en G. 34,4 billones (US$ 4.679 millones), que implica un aumento del 8,5% con respecto a la proyección de cierre para el presente ejercicio y con ello se mantiene la presión tributaria en 10%.
Además, contempla nuevos endeudamientos mediante la emisión de bonos del Tesoro por US$ 532,5 millones, para financiar deudas e inversiones en infraestructura; y la contratación de préstamos por US$ 250 millones para cubrir en forma parcial el déficit fiscal adicional.
Proyecto inicial
El Poder Ejecutivo presentó inicialmente un proyecto de G. 112,5 billones (US$ 15.276 millones), que ya incluía aumentos salariales para las principales autoridades, desde el Presidente de la República hasta directores generales.
Asimismo, se previó el reajuste salarial para aquellos que tienen atados sus salarios al sueldo mínimo, que subió 5,1% en el mes de julio.
En ese contexto, el reajuste favorece a los empleados administrativos que ganan hasta el mínimo (G. 2.680.373), los policías, militares, los gobernadores y miembros de Juntas Departamentales, los adultos mayores y veteranos de la Guerra del Chaco, con un impacto de casi US$ 47 millones.
En cuanto a los articulados de la ley, contempla disposiciones que le dan al Ejecutivo “superpoderes” para modificar el presupuesto por decreto y no tener que recurrir al Congreso para la aprobación de los préstamos.
La práctica de “gobernar por decreto”, como lo denuncian los legisladores de partidos de oposición, viene desarrollándose con leyes anteriores como la creación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la ley de medidas extraordinarias de gestión de las finanzas públicas, entre otros.
Luego el Poder Ejecutivo le sumó la adenda al PGN, que contemplaba una ampliación de US$ 246.765 millones (US$ 33,5 millones) para diversas instituciones y el déficit fiscal adicional de G. 3,7 billones (US$ 512,9 millones) para cerrar el año en 2,6% del PIB.
A través de la adenda se previó un aumento salarial para los senadores y diputados, así como también recursos para el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para el pago del escalafón docente.
También una suba salarial de 8,2% para los docentes de la educación escolar básica, 16% para los directores, coordinadores departamentales y supervisores a ser aplicados en dos etapas, al igual que a los docentes de la educación media que recibirán un aumento del 4%, en el marco de la implementación del salario básico profesional docente.
No a los aumentazos
Los diputados, en sesión extraordinaria del pasado lunes 13, aprobaron por mayoría de votos prácticamente el mismo proyecto de presupuesto que fue planteado por el Ejecutivo el 31 de agosto y la adenda que le sumó el 24 de octubre, con algunas modificaciones dictaminadas por la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso.
Las modificaciones introducidas a partir del dictamen de la comisión bicameral incluyen el rechazo de los aumentazos de entre G. 3 millones y G. 8 millones previstos para el presidente de la República, Santiago Peña; el vicepresidente Pedro Alliana, los ministros, viceministros y directores generales, así como los G. 5 millones para los senadores y diputados.
Estos recursos previstos para los aumentazos fueron reasignados de la siguiente manera: G. 10.000 millones para subsidio a personas con discapacidad dentro del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) y G. 4.495 millones para la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben).
Los G. 9.000 millones previstos para directores generales pasaron a las escuelas agrícolas, Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis), Hospital Pediátrico Acosta Ñu, el Viceministerio de Agricultura Familiar y universidades nacionales.
Se aprobó, igualmente, la transferencia de G. 54.000 millones del MEC a las gobernaciones para financiar alimentación escolar.
Los demás puntos recomendados por la bicameral, como el recorte de gastos superfluos por G. 278.022 millones (US$ 37,7 millones) y su reasignación a diversas instituciones, no fueron tenidos en cuenta, entre ellos se rechazaron los G. 15.000 millones más como aporte a partidos políticos.
Senado decidirá el jueves
El PGN 2024 ya está a consideración de la Cámara de Senadores, que remitió a la Comisión de Hacienda para su dictamen. En principio, la referida comisión se reunirá mañana para emitir su dictamen y el próximo jueves 23 será tratado en sesión extraordinaria. Si el Senado no objeta las modificaciones introducidas por la Cámara Baja, el proyecto de ley de presupuesto quedará sancionado y pasará al Ejecutivo para su promulgación, caso contrario volverá a Diputados para una segunda vuelta de estudio.