Cargando...
El Cap-and-Trade es el primer programa de los Estados Unidos que adopta un enfoque global y a largo plazo para hacer frente al cambio climático. Este programa exige a California reducir sus emisiones de GEI a los niveles de 1990 en el año 2020, a un 40% por debajo de los niveles de 1990 en el año 2030, y a un 80% por debajo de los niveles de 1990 para el año 2050. Esto con el objetivo de mejorar el ambiente y mantener al mismo tiempo una economía sólida.
Mientras que el primer ETS en América Latina y el Caribe (LAC), ha sido lanzado por México con su programa piloto de Sistema de Comercio de Emisiones (ETS). Inicialmente cubre el sector eléctrico e industrial (alrededor del 40% de las emisiones nacionales de GEI). La Ley General de Cambio Climático de México, fue modificada para alinearse con los objetivos del Acuerdo de París, y proporciona el mandato legal para este instrumento de política de mitigación. El programa piloto del ETS tendrá una duración de 3 años.
Otros países como Brasil, Chile y Colombia también avanzan en la implementación de un Sistema de Comercio de Emisiones. En tanto que Argentina, Chile, Colombia, México y Uruguay poseen impuestos al carbono a nivel nacional.
Un informe del Banco Mundial da cuenta que en la actualidad un total de 68 instrumentos de fijación del precio al carbono (CPIs) se encuentran en operación y otros 3 previstos para implementación, que consisten en 34 sistemas de fijación de límites e intercambio de las emisiones (ETS) y 37 impuestos al carbono, que cubren el 23% de las emisiones mundiales de gas de efecto invernadero (GEI).
El mismo organismo señala que los ingresos mundiales derivados de la fijación del precio al carbono aumentaron casi un 60% en 2021 respecto de los niveles de 2020 y alcanzaron los US$ 84.000 millones aproximadamente. En tanto que, en el 2022, los ingresos provenientes de los impuestos al carbono y de los sistemas de comercio de emisiones (SCE) han alcanzado una cifra récord cercana a los US$ 95.000 millones.
Tipos de bonos de carbono
De acuerdo con Climate Trade, existen diferentes tipos de créditos de carbono, dependiendo del proyecto que los genera como:
-Energía renovable: Estos proyectos construyen centrales solares, eólicas o hidroeléctricas para la producción de electricidad cero carbono, reduciendo la dependencia en combustibles fósiles y las emisiones de carbono asociadas a la generación de electricidad.
-Floresta y conservación: Incluyen la reforestación (plantación de árboles en un área deforestado), forestación (plantación de árboles en un área que previamente no tenía), y proyectos de conservación de ecosistemas (impidiendo la deforestación y preservando la biodiversidad). Estos proyectos a veces se les llaman de soluciones basadas en la naturaleza.
-Waste to energy: En los proyectos de transformación de residuos en energía o biogas, los desarrolladores recogen los residuos de vertederos, comunidades o actividades agrícolas y capturan el metano que producen para generar electricidad. De esta forma, reducen la cantidad de metano emitido a la atmósfera y generan electricidad barata y sostenible.
Otros proyectos pueden incluir iniciativas de eficiencia energética que reducen la necesidad para los combustibles fósiles o proyectos comunitarios que introducen nuevas maneras de cocinar o de generar electricidad, reduciendo las emisiones de carbono y evitando la deforestación local, se desprende del informe de Climate Trade.
Proyecto de ley De créditos de carbono
Paraguay avanza en normativas que acompañan las acciones a nivel mundial contra el cambio climático. En efecto, en la actualidad se discute en el Congreso Nacional el proyecto de ley De los créditos de carbono, que, de acuerdo con la propuesta, tiene por objeto establecer un marco normativo para definir la titularidad sobre los beneficios del carbono reducido, evitado y/o capturado y la propiedad de los créditos de carbono generados por proyectos desarrollados en Paraguay.
El texto del proyecto refiere, igualmente, que con la ley se busca prever un mecanismo para contabilizar los créditos de carbono que fueran objeto de proyectos de mitigación y su transacción, a fin de incentivar y facilitar la participación de los sectores públicos y privados en la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero y en los mercados de carbono como también resguardar el cumplimiento de las contribuciones determinadas a nivel nacional.
La propuesta también contempla en uno de sus apartados que los proyectos deberán demostrar adicionalidad, pudiendo ser de los sectores: forestal y uso de la tierra, agricultura y ganadería, residuos, energía y transporte y procesos industriales y uso de productos, siendo el presente listado meramente enunciativo, dejando a criterio de la Autoridad de Aplicación la ampliación del mismo.
Es de mencionar que la adicionalidad es la cualidad del proyecto o actividad desarrollada por sus titulares que implica que su ejecución efectivamente reduce, evita o captura carbono de acuerdo con los métodos establecidos por una administradora de estándares de carbono y a las regulaciones nacionales.
El especialista en asuntos corporativos y gobernanza social, ambiental y consejero en Ferrere Abogados, Guillermo Jover, recordó que uno de los primeros proyectos, a nivel mundial, en el que una empresa compensó sus emisiones de carbono, financiando un proyecto de reducción de emisiones, se dio en Paraguay, a principios de los años 90, cuando una empresa de energía americana compró lo que hoy se denomina “créditos de carbono” de la Reserva Mbaracayú. “Sin embargo, el mercado voluntario de carbono, tal como lo conocemos actualmente, inició un proceso de desarrollo importante en Paraguay en los últimos años, con proyecciones de consolidación y crecimiento muy alentadoras para el futuro.
Con respecto a la propuesta normativa, Jover enfatizó que “una ley de este tipo debería incentivar la inversión, tanto local como extranjera, en proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y al mismo tiempo velar por los intereses del país y de todos los paraguayos. Paraguay, con sus 16 millones de hectáreas de bosques, con el incremento acelerado en sus plantaciones forestales, y con su disponibilidad de energía limpia y renovable, tiene un potencial enorme para los mercados de crédito de carbono. El desafío es asegurar es que los proyectos que se desarrollen en el país sean proyectos íntegros, transparentes, y que tengan un impacto real y significativo en el medioambiente y en la comunidad”, enfatizó.
La titular del Instituto Forestal Nacional (Infona), Cristina Goralewski, sostuvo que en el país existen proyectos que venden los créditos de carbono. “La implementación de una Ley permitirá crear un marco normativo a nivel nacional para dar mayor seguridad jurídica, tanto a los emprendimientos como a los compradores de los créditos”.
Además, se tendrá un registro de los proyectos de créditos de carbono existentes en Paraguay con el objetivo de evitar una “doble contabilidad” entre las contribuciones nacionales de absorción de carbono y los emprendimientos privados.
Por su parte, Alfred Fast, presidente de la Federación de Cooperativas de Producción (Fecoprod), aseguró que el sector productivo no está en contra de la Ley de Carbono, sin embargo, existen algunos puntos que deben ser analizados y reconsiderados.
“Nadie está en contra de los negocios, pero debe ser una relación de costo y beneficio. Lo que no queremos es que la venta de carbono que hagan algunas empresas al final frene el desarrollo del país. Además, de no perder nuestra soberanía como país. Los créditos tienen que ser del productor. Queremos que el dueño, propietario, productor sea el que lleve el negocio y no solo se realice por intermediarios”, expresó Fast.
Agregó que el criterio de adicionalidad debe ser otro punto a reconsiderarse porque las partes son las que tendrían que buscar un arreglo. “Como paraguayos nos estamos autolimitando. La ley debe permitir extender el negocio a todas las reservas forestales que tenemos”.
En línea con el Banco Mundial, los créditos de carbono constituyen una importante fuente de fondos para los sectores público y privado. A decir, ayudar a respaldar una recuperación económica sostenible, financiar reformas fiscales más amplias o invertir en las comunidades como parte de la transición a un futuro con bajas emisiones de carbono. Aunado al hecho, de que representa una oportunidad de diversificación para las fincas productivas del país.
Registro
Se tendrá un registro de los proyectos de créditos de carbono existentes en Paraguay con el objetivo de evitar una “doble contabilidad” entre las contribuciones.
Adicionalidad
Es la cualidad del proyecto que implica que su ejecución efectivamente reduce, evita o captura carbono de acuerdo con los métodos establecidos.
