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Si bien ese capítulo de la ya prolongada novela de Yacyretá fue superado porque, recordemos, el 4 de mayo de 2017 los presidentes de turno de nuestro país, Horacio Cartes, y de la Argentina, Mauricio Macri, en una de las dependencias del complejo en la isla paraguaya, firmaban el Acuerdo Cartes/Macri y el 29 de setiembre del mismo año, sus ministros de Relaciones Exteriores, Eladio Loizaga y Jorge Faurie, formalizaban en Asunción su producto o consecuencia: la Nota Reversal Nº 2/17, con el siguiente título: " ... Para el ordenamiento económico y financiero de la Entidad Binacional Yacyretá entre la República del Paraguay y la República Argentina”.
En otras palabras, el Gobierno de entonces de la Argentina, si decidió firmar un par de documentos, inclusive bilaterales, sobre el segundo complejo hidroeléctrico más grande del río Paraná, se infiere, por lógica simple, que leyeron el Tratado y su extensa lista de instrumentos diplomáticos de modificación.
No obstante, a pesar del Acta Cartes/Macri, de la Nota Reversal Loizaga/Faurie y hasta del cambio de gobierno en el vecino país, las dudas acerca del conocimiento del Tratado, de sus Notas Reversales y documentos propios de la entidad binacional, el reciente tuit del señor Diego Giuliano, el que según nos informamos funge de secretario de Transporte del gobierno de Alberto Fernández, reflotó las dudas de siempre, no sobre el manejo del Tratado de aquellos o estos funcionarios del Gobierno argentino, sino de sus intenciones ante los intereses paraguayos en Yacyretá.
“No tenemos problema en avanzar en la discusión de las tarifas de la hidrovía según los servicios y obras realizadas por nuestro país tal como acordamos, pero también debemos avanzar para que se pague la deuda de Yacyretá que Argentina reclama hace 30 años”, apuntaba Giuliano en un tuit que tenía como destinatario el mismo Santiago Peña, presidente del Paraguay.
Ignoramos la experiencia o conocimiento que acredita este funcionario del actual Gobierno argentino del pasado de la Entidad Binacional Yacyretá y mucho menos en el presente. También desconocemos su expertise en materia hidroviaria, específicamente acerca del acuerdo sobre la navegación de la Hidrovía Paraguay/Paraná, que además involucra al Brasil, al Uruguay y a Bolivia, cuyos gobiernos, coincidentemente ––no casualmente–, rechazan la unilateral decisión argentina de cobrar peaje en la hidrovía.
Si el propósito del Acuerdo Multilateral fue dragar los ríos internacionales Paraguay y Paraná de bancos burocráticos que entorpecían la libre navegación, ¿de qué manera debe interpretarse esta actitud argentina que se endureció desde finales del 2022?
En lo concerniente a la deuda de Yacyretá, regresemos al reclamo de Giuliano y, la primera pregunta se desgaja, casi por inercia, exige al tuitero mayor precisión, no solo un estentóreo disparo de escopeta: ¿Qué deuda, de qué monto, etc., reclama el Gobierno argentino de entonces a la Entidad Binacional Yacyretá en 1993?
¿Acaso el actual secretario de Transporte no recuerda que las dos primeras unidades de la central Yacyretá entregaron sus primeros MWh en el segundo semestre de 1994?
Tal vez se refiera al “saldo neto” del pasivo binacional que los gobiernos incluyeron en la Nota Reversal Nº 2/18 del 28 de setiembre de 2017, que entonces ascendía a US$ 4.084.063.
Sobre la deuda, que la Contraloría General de la República (CGR) de nuestro país, luego de un examen especial que realizó en 2007, inclusive en la sede porteña de Yacyretá, apuntaba, entre otras deficiencias, lo siguiente: ... que la institución paraguaya de control había puesto “su máximo empeño y colaboración para certificar que el monto y el origen de la deuda de la EBY estén documentados y legalmente demostrados, lo cual no pudo lograrse debido a las limitaciones inherentes a la falta de provisión de documentación sobre puntos críticos”.
Además, que “la Contraloría General de la República reconoce la necesidad de movilizar de manera inmediata las instancias institucionales para que a través de una adecuada negociación se subsanen y ordenen tramos de un proceso que sigue resultando oneroso y desventajoso para el país, tomando en cuenta que no puede otorgarse aprobación al canje de una deuda de origen no demostrado” .
En otro documento, la Contraloría apuntaba otro insumo para la reflexión de los futuros negociadores: “El Gobierno argentino actuó como prestamista, no como Alta Parte Contratante”. “El Tratado de Yacyretá es concluyente y terminante, cuando en su artículo IV dice que los recursos ‘... serán aportados por las Altas Partes Contratantes u obtenidas por Yacyretá mediante operaciones de crédito”.
Recuerda a continuación que “en los decretos 3.450 y 612/86 dicen que ‘... en consecuencia nada obsta a que el Estado argentino, actuando en calidad de tercero, entregue en préstamos a la citada entidad binacional recursos provenientes de los fondos de grandes obras...’. El Gobierno argentino, a pesar de ser Alta Parte Contratante, actúa en calidad de tercero, ni siquiera como garante, sino directamente como prestamista de la EBY. Estos créditos, que debieron ser aportes, son los que generaron un interés anual del 6% y ahora son estos intereses los que aumentan la deuda de la EBY gradual y progresivamente”, apuntaba también la CGR paraguaya.
¡Se refería el señor Giuliano al pago que le corresponde a la Argentina en razón de territorio inundado?, ¿por el 10% del territorio que inundó el complejo para que sus unidades productoras generen electricidad?
¿Se olvidó el funcionario argentino del 90% faltante, que es territorio paraguayo, y por el cual, inclusive –según fuentes de la EBY– hay una deuda impaga (de parte de la entidad binacional, aclaramos) cercana a los US$ 1.600 millones?
De paso recordemos un principio sagrado en obras de esta naturaleza: “El agua es el único factor insustituible, el financista es elegible”.
Como el secretario argentino de Transporte sugería en su tuit que es Paraguay el que retrasa el pago de la deuda de la entidad binacional al Tesoro de su país; en el caso de la deuda por territorio inundado, una vez más, en fuentes de la binacional se supo que fue la parte argentina la que se opuso que se abonase al menos una parte considerable de este pasivo con el Paraguay.
Finalmente, solo por razones de espacio, recordemos que en los 28 años –y algunos meses– de generación de Yacyretá, el sistema eléctrico argentino aprovechó el 93% de su producción acumulada.
De acuerdo con los últimos datos disponibles, en el lapso en cuestión, la central paraguayo/argentina produjo 413.844.000 MWh, el sistema argentino succionó 384.939.000 MWh y el de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), 28.905.000 MWh.
Si multiplicamos el total que produjo Yacyretá en el lapso apuntado por el costo promedio de importación de energía eléctrica en Argentina, US$ 86,9/MW, en el peor de los casos, nos daría una idea o inclusive uno se aproximaría al valor de toda la energía que produjo Yacyretá en 28 años e incentivaría a cualquier Contraloría, inclusive a sus gobiernos, a saber cuál fue el destino de esa ingente cifra y, por qué no, a ensayar algunas hipótesis, como por ejemplo, a la EBY no le pagaron por los servicios que prestó. Reiteremos aquí que el 93% de esa producción aprovechó el sistema eléctrico argentino.
Trascendió, no hay informe oficial, que Argentina debe a la EBY más de US$ 4.000 millones por energía facturada, US$ 84 millones al Paraguay en concepto de compensación por cesión de energía; otros US$ 40 millones a la parte paraguaya de Yacyretá para gastos operativos y, de nuevo, al Paraguay US$ 1.600 millones por territorio inundado.
Único
De paso, recordemos un principio sagrado en obras de esta naturaleza: “El agua es el único factor insustituible, el financista es elegible”.
¡93%!
En 28 años –y algunos meses– de generación de la central Yacyretá, el sistema eléctrico argentino aprovechó el 93% de su producción acumulada.